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Turismo: con justa razón muchos lo llaman “la gallina de los huevos de oro”

Javier Escalante jem@colbs.legal | Miércoles 28 agosto, 2019

Javier Escalante

El turismo es una industria que verdaderamente año a año produce importantes divisas para el país. Incluso en las últimas décadas ha sido el sector que ha recibido varios de los más relevantes proyectos de inversión, y es, sin lugar a dudas, un sector que nos ha colocado en la mira del mundo.

Pero lo más importante de destacar es que el sector turístico costarricense se conforma de un enramado de grandes, medianas, pequeñas y micro empresas que generan decenas de miles de empleos directos e indirectos, que van desde altas gerencias de cadenas hoteleras internacionales, hasta el personal de la soda que atiende a turistas que pasan por un casado o a probar nuestro gallo pinto.

Es una industria que beneficia a personal calificado y no calificado, que opera en los centros urbanos y en zonas en las que, de no haber turismo, habría pocas oportunidades de generar ingresos para las familias locales. En fin, es claro que es una industria que nos ha traído grandes beneficios y la cual debemos proteger y mantener competitiva.

Sin embargo, hoy en día, en nuestra Asamblea Legislativa se tramitan algunos proyectos de ley a los que debemos tener cuidado. El primero busca que quienes nos visitan tengan que demostrar que tienen fondos suficientes para sostenerse durante su visita ($500 por turista), lo cual es, en sí mismo, un trámite que puede tornarse complicado de aplicar y un elemento más de atraso en nuestros puertos de ingreso.

Pero más delicado aún, este proyecto establece el cobro de $15 a cada turista que ingrese a nuestro país. En principio puede parecer poco, pero si analizamos que la familia promedio es de cuatro miembros, ya estamos hablando de $60 por familia. Cierto, esos $60 probablemente no van a hacer que la familia del ejemplo deje de venir a Costa Rica, pero en el caso de quienes viajan con un presupuesto definido – como la enorme mayoría de la gente – esos son $60 que no van a entrar a las empresas del sector, no van a llegar a quien tenga una soda, a quien ofrezca servicios de transporte, a quien de clases de surf o a quien promueva un tour, para citar algunas actividades del sector. Si no, van a llegar a aquel hoyo negro que parecen ser las finanzas del Estado. Y cuando multiplicamos los $15 por los 3,016,667 turistas que ingresaron en el año 2018, ya no estamos hablando de cosa menor, son aproximadamente 26,000,000,000.00 de colones (puede variar según el tipo de cambio) que dejarían de llegar a muchos emprendimientos turísticos.

Existen también iniciativas en el Congreso que pretenden cambiar las condiciones de inversión en el Polo Turístico Papagayo, específicamente la forma en que se calcula el canon que deben pagar los concesionarios en el marco de la ley especial que regula el desarrollo en esa zona; este cambio incrementaría exorbitantemente los costos para las empresas que ahí operan.

La normativa que regula la inversión en dicho polo turístico, en combinación con las bellezas y experiencias que ofrece Costa Rica, ha logrado que atraigamos inversiones del más alto nivel por parte de algunas de las cadenas hoteleras de mayor prestigio en el mundo, generando muchísimos empleos directos e indirectos, divisas que impactan la economía nacional en lo general y la economía guanacasteca en lo particular, y no menos importante, posicionando a nuestro país como un destino en el cual las empresas con mayores exigencias y más altos estándares del sector pueden invertir a largo plazo con seguridad y confianza. Cambiar esto enviaría un mensaje muy negativo a nuestros socios comerciales y a quienes están valorando apostarle al país, condicionando el crecimiento de una industria que, como ya se expuso, trae enormes beneficios económicos y sociales.

En estos momentos, en los que el Gobierno está buscando reactivar la economía y generar empleo, tendría un enorme impacto y enviaría un clarísimo mensaje de confianza al sector privado, que se deseche el trámite de estos proyectos.


Javier Escalante Madrigal, COLBS Estudio Legal









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