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Rebajarle en un 33% los fondos al Tribunal Ambiental se contradice con los principios ecoamigables que el país pontifica ante el resto del planeta

Tribunal Ambiental necesita recursos

A pesar de ser el encargado de prevenir y detener los abusos contra el patrimonio natural del país, al Tribunal Ambiental Administrativo le fue reducido su presupuesto para este año en un 17% con respecto al de 2010.
Además, ahora se le impone una subejecución de sus recursos, con lo que totaliza una merma del 33% en sus fondos en comparación con el año pasado.
No pudieron el Ministerio de Hacienda ni el Poder Legislativo tan siquiera mantenerle a este órgano la suma presupuestada el año anterior, a pesar de su eficiencia en el aprovechamiento de los recursos y su acuciosidad en la protección de ambiente.
Una serie de desastres naturales han afectado al país en los últimos años, al igual que al continente y al mundo entero, que vienen a interpelarnos por el daño causado al planeta y a enfrentarnos con lo que debemos considerar apenas como sus primeras consecuencias.
Secuelas muy graves se derivan de tales catástrofes, como daños a la economía, escasez de alimentos, disminución de las tierras productivas y pérdida de infraestructura, que forzosamente deber ser repuesta a costos elevados.
A raíz de la importancia que cobra el tema por la amenaza del cambio climático, el derecho a la conservación del ambiente ha sido incorporado a las garantías constitucionales en muchos países.
Así, desde 1994, la Carta Fundamental de Costa Rica, establece que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Y agrega que el Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.
El principio de gozar de un ambiente sano es un concepto estrechamente relacionado con los derechos fundamentales del hombre, por lo que además de incumplir el deber legal de acatar lo que establece la Constitución, el Estado agrede a la ciudadanía cuando pone en riesgo la seguridad ambiental o cualquier otra prerrogativa de las contenidas en los Derechos Humanos.
Ahorrar ¢328 millones es algo que se puede lograr recortando partidas menos urgentes, como gastos de publicidad, por poner un ejemplo; pero hipotecar el futuro de nuestros hijos para atender programas de menor valía es un error que tendrán que pagar muy caro.
La permanencia futura de esta nación es lo que se está poniendo en juego, incluidos su territorio, ciudadanía e idiosincrasia.
Instamos a los poderes Legislativo y Ejecutivo a enmendar este desatino y actuar en concordancia con los principios ecoamigables que el país pontifica ante el resto del planeta.





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