Carlos Denton

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Miércoles 16 Julio, 2008

Transporte de autobús deficiente

Carlos Denton

¿Por qué hay tantos automóviles particulares compitiendo para usar tan pocas calles y carreteras en Costa Rica? ¿Por qué están tantos habitantes dispuestos a comprar vehículos propios con gran sacrificio en el mercado más caro de automóviles (producto de impuestos muy punitivos) en todo Centroamérica? La respuesta a ambas preguntas es que el país no ofrece un sistema de transporte público eficiente y seguro —los que no han comprado automóvil aún, no lo han hecho porque todavía no tienen el dinero para hacerlo.
Según las encuestas de CID/Gallup, cada vez más trabajadores y trabajadoras están pasando 45 minutos o más en múltiples autobuses para llegar a su lugar de empleo; tardan el mismo tiempo regresando a sus hogares. Alguien que trabaja cinco días por semana, y que viaja hora y media en el sistema de transporte público, pasa 32,5 horas mensuales en un autobús. Más de un día de 24 horas de cada mes está este habitante sometido a ruido, humo, asaltos, acosos, suciedad, y en general una experiencia desagradable.


El sistema intersectorial que pronto entrará en operación es positivo, pero lo que realmente se requiere es un “overjol” del sistema, no solo en el Valle Central, sino en todo el país.
Rodolfo Méndez Mata, ministro de Transportes en dos ocasiones, entendió la necesidad de reorganizar totalmente las rutas, estableciendo varios centros de acopio en puntos fuera de lo que ahora se conoce como la “zona prohibida,” pero la resistencia de los transportistas fue férrea, y no pudo. La actual viceministra, Viviana Martín, ha puesto metas menos ambiciosas, y no ha podido tampoco.
El resultado es esta “zona prohibida” de San José (un gran centro de acopio para todo el país), congestionado con autobuses grandes con cuatro o cinco pasajeros a bordo. En vez de reorganizar este sistema anacrónico, descongestionando la zona, el gobierno determinó que iba a prohibir la entrada de automóviles particulares un día por semana.
Instaló el gobierno policías de tránsito numerosos en puntos importantes de la “zona prohibida,” haciendo partes a los ciudadanos de clase media con la placa excluida. Mientras tanto van pasando algunos buses con llantas lisas, otros echando humo o sin muflas. Puede haber un maleante a bordo asaltando a los pasajeros. Los policías ignoran esos problemas, para dar partes de ¢5 mil a las señoras que llevan sus niños a clases, al oficinista que se dirige a su trabajo, al repartidor de verduras frescas en busca del sostén de su familia, o quizás a un maestro pensionado con cita en el Magisterio.
Es más fácil apretar a la muy afligida clase media, que a los transportistas que se niegan a dar acceso a los minusválidos, que resisten todo tipo de organización de rutas, que ofrecen unidades construidas en chasis de camión, que ponen a sus choferes a trabajar horarios prohibidos por la ley, y que ahora amenazan con ir a paro si no se los eximen del impuesto sobre el diésel.
Es cierto que hay que poner el tren actual a correr con mayor frecuencia, y por decreto poner en operación el tren de Heredia y hasta Alajuela. Hay que dar licencias a taxis colectivos. Pero sobre todo hay que reorganizar totalmente el servicio de transporte en autobús. Entonces sí se podría pedir un sacrificio a los habitantes de clase media.

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