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Martes 12 Junio, 2012

Transformación del Estado y sentencias judiciales

En el artículo “Burocracia para un gobierno fuerte y eficiente” (LA REPUBLICA, 29-Feb-12) comenté que el inoperante sistema de Servicio Civil que tenemos es una de las carlancas que retrasan nuestro desarrollo. Indiqué varios de los graves problemas que esto causa: la contratación sin exámenes de conocimientos necesarios para el puesto; la irrelevancia de basarse en títulos universitarios de carreras no acreditadas, que tienen mínimo significado y que en el sector privado no son equiparados con los acreditados; falta de exámenes periódicos para demostrar la puesta al día de los conocimientos y poder seguir en el servicio; y lo irrisorio de los sistemas de calificación del personal.
Por todo ello, argumenté que era evidente la necesidad de grandes transformaciones para tener una muy buena burocracia al servicio de los ciudadanos.
Hace muy pocos días, la Sala Constitucional pone el dedo en la llaga en algunas de esas carencias y ha ordenado al Servicio Civil hacer pruebas de aptitud en los procedimientos de selección de personal.
Magnífico el resultado para el caso concreto, y ojalá se amplíe mediante la resolución de un nuevo recurso en la vía constitucional para asegurar que la idoneidad se mantenga años después del ingreso, lo cual requerirá, como mencioné en febrero, exámenes periódicos y cambios sustanciales en los métodos de calificación del personal. Y si como es evidente el objetivo del Servicio Civil es tanto la calidad de la función pública como la protección de los funcionarios, esa hipotética resolución de la Sala IV sería totalmente congruente con la que ahora comentamos y celebramos.
Pero, ¿es esta una vía adecuada para efectuar las transformaciones que requerimos a fin de salir algún día de este “nadadito de perro” que nos impide desarrollarnos? No lo creo. No es conveniente para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática que, ante la incapacidad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para plantear soluciones a estos temas, sea el Poder Judicial el que responde, continuando la tendencia a que se judicialicen la política y la toma de decisiones gubernamentales.
Para lograr eficiencia económica se requiere la constante renovación que surge con la apertura de las organizaciones sociales y la actualización de los poderes e instituciones. Por ello, los absolutismos que pretenden conservar el statu quo para mantener los privilegios de elites son incompatibles con las sociedades inclusivas. Pero también es indispensable un Estado fuerte y capaz, para poder establecer el Estado de Derecho y el orden de la competencia solidaria.
Difícilmente podría lograrse un Estado fuerte y capaz si la resolución de los problemas y la adopción de políticas públicas dependen de la resolución judicial de casos concretos, área en la cual necesaria y adecuadamente se enfrentan intereses específicos y personales, y que por eso mismo no está diseñada para establecer políticas públicas generales. Las resoluciones judiciales deben darse de modo que se preserven los procedimientos y defiendan los valores y normas establecidos. Mediante este mecanismo judicial, de aplicación limitada, no es posible abrir las organizaciones, impedir la consolidación de monopolios, fomentar la investigación y la innovación que venzan los privilegios, y permitan los cambios que generan el progreso.
Para que la vía judicial pudiese ser eficiente para abrir campo a la apertura y a la actualización institucional, se requeriría abandonar la base de la función judicial de ser la boca de la ley (Montesquieu), para transformarse en la voluntad de los jueces y ello nos conduciría directamente al absolutismo.
La solución que hasta nuestros días ha demostrado ser capaz de producir países como Estados Unidos, Francia, Suiza, Finlandia, Holanda, etc. se basa en instituciones políticas moderadas por la división de poderes, por la Constitución, los Derechos Humanos fundamentales y por las leyes: sometidos todos estos elementos a la revisión judicial de sus acciones, y limitada cada entidad por las competencias asignadas constitucionalmente, en un orden político que asegure un Estado funcional.
El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no pueden seguir rehuyendo el ejercicio oportuno de sus potestades, ni delegarlas al Poder Judicial. Ese no es camino hacia el progreso.

Miguel Angel Rodríguez E.
Ex Presidente de la República
Ex Secretario General de la OEA