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Salario base de oficiales sería de unos ¢1.600 menos de lo que deben pagar conductores que infrinjan la nueva ley
Tráficos ganarían menos que multa por ebriedad

• Costarricenses pagaron unos ¢739 millones en 2007 como mordidas para evitar partes

Yessenia Garita
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Un nuevo inspector de tránsito ganaría ¢1.610 menos de lo que una persona tendría que pagar de multa por conducir en estado de ebriedad o incluso por sobornar a un tráfico.
La nueva legislación sanciona con ¢227 mil por conducción temeraria, en estado de ebriedad o por intentar sobornar a un oficial de tránsito.
A esto debe agregársele el 30% del Patronato Nacional de la Infancia y si la multa no es cancelada en los ocho días posteriores a la infracción se le debe añadir un 3% por morosidad, por cada mes de atraso (que puede llegar hasta un 36%). En total el conductor terminaría pagando ¢301.910 por infringir esas normas.
Por su parte, el salario base para los nuevos 400 oficiales que se contratarían para hacer respetar la legislación es de ¢210 mil.
Adicionalmente, se les cancela un 18% por riesgo policial y un 25% por disponibilidad, lo que equivaldría a unos ¢300.300, dijo Cristian Méndez, director de recursos humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
La nueva Ley de Tránsito contempla la creación de 400 plazas de inspectores. Los requisitos solicitados son tener 18 años, contar con licencia de conducir y noveno año aprobado. Pero aunque las multas que se establecen son altas, la legislación no vislumbra ningún plus anticorrupción.
El bajo salario del oficial de tránsito y los mínimos requisitos solicitados podrían tentar a un inspector a aceptar sobornos a cambio de no efectuar la multa, de acuerdo con expertos.
“Cuando una persona recibe un salario bajo puede incurrir en corrupción, pero si la persona es honrada lo seguirá siendo aun con un salario bajo, porque la corrupción se opone a los valores de honestidad, servicio, eficiencia, compromiso y transparencia”, dijo Germán Saborío, ex director de tránsito.

“Mientras no tengamos oficiales con salarios dignos, o les falten materiales y equipo para realizar las tareas y cumplir con sus fines, ni mejoren los presupuestos gubernamentales, no vamos a acabar con la corrupción”, dijo Saborío.
En 2007, por evitar el cobro de una multa de tránsito, los costarricenses pagaron ¢739 millones a los tráficos para que no les confeccionaran partes, de acuerdo con una investigación de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica y el Centro de Matemática Pura y Aplicada (Cimpa).
A esto se le debe sumar la cantidad de dinero que pagaron por obtener una licencia de conducir, la cual superó los ¢899 millones.
Para combatir eventuales casos de corrupción, la nueva Ley de Tránsito creó una unidad dentro de la policía para impedir que los oficiales cobren o acepten dádivas.

La unidad se encargaría de investigar los posibles casos de corrupción en que puedan caer los oficiales de tránsito.
“Esta unidad será la responsable de prevenir, detectar y erradicar cualquier acto de corrupción en el cumplimiento de la función policial”, dijo Carlos Rivas, asesor legal del MOPT.
La unidad fiscalizaría a los oficiales y se encargaría de tramitar las denuncias que se dan en forma rápida en un plazo no mayor a los tres días. Además, realizaría inspecciones y operativos en cualquier momento para comprobar el uso adecuado de los recursos asignados a los oficiales de tránsito.
“Cuando un inspector es denunciado por posible corrupción, la persona interpone la denuncia y es el Ministerio Público quien se encarga de recoger la prueba. Sin embargo, en ocasiones, la falta de indicios entorpece el procedimiento. Ahora, será la unidad la que se encargue de investigar y tramitar la denuncia ante el Ministerio Público”, dijo Rivas. 
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