Tienen derecho a agua potable

Es inaceptable que en un país como Costa Rica haya 800 mil personas en riesgo porque el agua que obtienen de su tubería no es totalmente potable. Sin embargo, en esa grave situación se encuentran 29 cantones del país.

Las nuevas autoridades de esos gobiernos locales están en sus puestos de trabajo, pero a los pobladores, que reciben agua con serios problemas de potabilidad, no podemos ni darles la buena noticia de que ya se inició la solución al problema, porque no es así.

Las 29 municipalidades, que manejan en forma independiente la dotación de agua a la comunidad, tienen desde noviembre un plan maestro sobre cómo remediar el problema pero a la fecha, cuatro meses después, ninguna de ellas ha iniciado su ejecución, tal como lo informa una nota de este medio el viernes anterior.

Cualquier dificultad para llevar a cabo la directriz de proveer agua totalmente potable a sus administrados, debían conocerla, como es lógico, los entonces candidatos a alcaldes, durante el tiempo en que estuvieron haciendo campaña política para llegar a esos puestos de poder. Ahí debían llegar con la fórmula viable para emprender acciones de inmediato.

A pesar de ello, solo en Upala, San Carlos, Zarcero, Barva, Santa Bárbara, Dota, Grecia y Jiménez han procurado iniciar el cumplimiento de sus deberes en ese sentido, los restantes 21 cantones ni siquiera han respondido a los recordatorios que les hiciera el IFAM.

Esto, entre muchos otros problemas desatendidos por las alcaldías, demuestra sin duda que esos gobiernos deben ser llamados a cuenta, del mismo modo que se hace con el central y las instituciones del Estado.

Cualquier problema que dificulte el cumplimiento de sus deberes a los alcaldes, como falta de presupuesto u otros de orden interno, deben ser planteados y solucionados. Lo único inadmisible es que las cosas continúen como están. Se supone que fue para mejorar la calidad de vida de sus comunidades que las nuevas autoridades aspiraron al cargo.

Los gobiernos locales deberán demostrar la capacidad de ejecución de sus presupuestos y la única forma que tienen de hacerlo es llevando a cabo, sin demoras y con absoluta transparencia, las obras y servicios que la población de sus comunidades requiere.

Cuando esto no se pueda alcanzar por desacuerdos u otros conflictos internos, la situación debe ser puesta en conocimiento público y resuelta a conveniencia de la misma.

Quienes no lo hagan, estarán siempre en la mira y deberán rendir cuentas por sus incumplimientos.