Ticos prefieren recorte de servicios, antes que nuevos impuestos

Antes que pagar nuevos impuestos para financiar al Estado, el 45% de los costarricenses prefiere que el Gobierno “ofrezca menos servicios”, mientras que apenas un 21% no ve inconveniente en destinar más de su dinero para sostener al Estado.
La perspectiva de afectar la economía familiar influye en los nacionales a la hora de escoger, de acuerdo con la última encuesta de CID Gallup para La República
Esto, a pesar de que entre enero y abril hubo deflación del -0,17.
La reducción de los servicios que brinda el Gobierno, parece contradecir la opinión mayoritaria de los nacionales, quienes se oponen en un 54% de los casos a un recorte de la planilla estatal, contra un 42% que sí está a favor de esta medida para contener el gasto público.
Los datos de la medición son importantes en momentos en que la Asamblea Legislativa debate varios proyectos para revisar el gasto público, la evasión fiscal y la aprobación de nuevos tributos.
Entre ese paquete destaca la eliminación del impuesto de ventas, para sustituirlo por el IVA, el cual ampliaría la base tributaria a los servicios y aumentaría el cobro de un 13% a un 15% al cabo de tres años.
En caso de aprobarse, el nuevo tributo crearía un efecto dominó en la economía, aumentando el costo de la vida.
Aunque en la encuesta los costarricenses no señalan cuáles servicios podrían reducirse, varios diputados sí tienen diversos proyectos para modificar los servicios que brinda el Estado y así disminuir la presión para cobrar nuevos impuestos.
Uno de ellos es el oficialista Ottón Solís del PAC, quien no cree en un recorte masivo de personal, pero sí en una revisión del gasto público para hacer más eficiente al Estado.
En ese sentido, Solís no está de acuerdo con que todos los empleados públicos reciban de forma automática el incentivo de la anualidad, y asevera que solo debe entregarse a quienes cumplan con las metas y expectativas trazadas.
Asimismo, pide revisar el otorgamiento de la dedicación exclusiva y la disponibilidad, para que se limite a un grupo minoritario de funcionarios públicos.
Debido a que estos tres incentivos son transversales a todas las instituciones del Gobierno, el ahorro podría ser millonario.
Anteriormente, Solís presentó un proyecto denominado “C.E.R.R.A.R.”, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la lucha contra la pobreza y eliminar la duplicación de funciones.
“En la encuesta no se presenta la alternativa de que se haga más eficiente el Estado, prestando servicios a un menor costo, al eliminar las duplicidades y corregir el pago de algunos pluses salariales, como es el caso de la anualidad, que se brinda sin mayor control”, comentó Solís.
Entre las instituciones que serían fusionadas bajo su iniciativa están el IMAS, el Fondo Nacional de Becas, el Invu, el Ministerio de Vivienda y el Inder.
La impopularidad de los impuestos para financiar las operaciones del Estado se debería entre otras cosas, a las denuncias hechas en los últimos meses por Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, quien ha cuestionado el costo de los salarios públicos.
El libertario pide el cierre del CNP, el IFAM y hasta el Ministerio de Vivienda, entre otras instituciones.
Para este año todas las instituciones públicas presupuestaron unos ¢5,8 billones en remuneraciones, lo que implicó un aumento del 4,5% en relación con el año pasado.
En promedio, por cada ¢1 de remuneraciones básicas, se presupuestan ¢1,1 en incentivos salariales, de acuerdo con la Contraloría, que ha hecho un llamado público para reformar el sistema de salarios públicos, con el objeto de que el modelo de compensación salarial, “sea sostenible en el mediano plazo”.
En febrero de este año, la OCDE también alertó sobre el costo de las remuneraciones en el gasto público y recomendó parar el peso de este componente, sobre todo porque Costa Rica es uno de los países que más destinan recursos para pagar a los funcionarios.
Mientras tanto, líderes sindicales de grupos como Bussco y Patria Justa cuestionan los planes de los diputados y exigen que el debate fiscal empiece por aprobar la ley contra el fraude fiscal y la reforma al impuesto de renta, ya que es erróneo “pensar que el problema del déficit fiscal es culpa de los empleados públicos” y amenazan con una huelga para defender a los trabajadores.