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• Rodrigo Bolaños aboga porque regulados paguen el 100% de los costos
Ticos pagan casi ¢20 mil millones en supervisión para unos pocos
• Si los beneficiados aportan el 100% aumentaría la transparencia en el control de gastos

De los ¢23.600 millones que se están desembolsando este año para supervisar las entidades financieras, de seguros, de valores y pensiones, todos los costarricenses aportan ¢19,500 millones, aunque la mitad no tiene cuenta bancaria o pensión, la gran mayoría no tiene un seguro y menos del 1% invierte en el mercado de valores.
Lo anterior es porque el presupuesto de las superintendencias pasa a convertirse en emisión monetaria del Banco Central y por ende presiona la inflación, que al final se traduce en una factura que pagan todos los pobladores del país.
Es por ello que Rodrigo Bolaños, presidente del Banco Central, tiene como uno de sus proyectos lograr un cambio y trasladar el 100% de los costos de regulación a los supervisados, para que lo paguen quienes realmente lo usan.
“No he dicho muchas veces lo que voy a empezar a decir, y voy a seguir diciendo por mucho tiempo. No entiendo cómo los costos de las superintendencias los financia la inflación. Es un fenómeno redistributivo que para mí no tiene sentido”, dijo el jerarca del Central en un evento de celebración de los 35 años de la Bolsa Nacional de Valores.
El jerarca del ente emisor detalló a INVERSIONISTA que este proyecto conlleva cambios legislativos, por lo que no será de la noche a la mañana, pero sí espera sea en un plazo mediano de unos tres a cinco años.
Actualmente las entidades reguladoras son las superintendencias, General de Entidades Financieras, de Valores, de Pensiones, de Seguros y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), que juntas suman cerca de 500 empleados.
Para dar una idea del tamaño del presupuesto que consumen, los recursos de este año equivalen a lo necesario para construir 2 mil casas de bienestar social, otorgar 2 mil becas de primaria en el programa Avancemos y la planilla pagada a 2 mil nuevos policías, aproximadamente.
La superintendencia más cara es la que supervisa las entidades financieras (SUGEF), con 209 personas en planilla regular y, al igual que las de Valores y Pensiones, es financiada en un 80% por la población y en un 20% por los regulados. En el caso de la superintendencia de seguros es aún más injusto, ya que desde su creación, por ley se estableció que el presupuesto sería un 100% cargado al Banco Central, es decir a los costarricenses. A pesar de que INVERSIONISTA consultó sobre las razones oficiales por las cuales la superintendencia más nueva tiene un trato especial en cuanto a su financiamiento, no se obtuvo ninguna declaración concluyente al respecto.
Lo grave de estos gastos es que afectan año tras año las pérdidas del Banco Central y en un panorama fiscal de déficit estos dineros son aún más importantes.
“Es un gasto fijo que le quita margen de maniobra al Banco Central para ejercer política monetaria. Son perdidas cuasifiscales, un gasto casi tan regresivo como la inflación”, dijo Leiner Vargas, investigador del Centro de Investigación de Política Económica de la Universidad Nacional.
Asimismo, al haber poco aporte de los supervisados existe un escaso control de en qué y cómo se ejecutan esos presupuestos, ya que destaca que la mayoría tiene sus departamentos de informática separados, y edificios alquilados por aparte a pesar de que deben estar en constante comunicación.
“Financiarse a través de los regulados es el mejor mecanismo para la sostenibilidad y garantiza la autorregulación, ya que los actores a los que se les cobra el servicio van a pedir cuentas de cómo se gasta el dinero y es parte del proceso de transparencia pública”, explica Vargas.
Un ejemplo de lo anterior es la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), la cual se financia con los cánones que cobra a las empresas reguladas; asimismo, la recién constituida Superintendencia de Telecomunicaciones, que nació con el aporte de los regulados.
Sin embargo existen otros matices al respecto, según detallan los jerarcas.
“En muchos países la regulación y la supervisión se financian con un aporte total de sus mismos regulados, lo cual podría pensarse que fortalece la autonomía. Sin embargo otras opiniones consideran que el financiamiento total también podría implicar conflictos de interés, pero esto dependerá de los esquemas de contribución”, explica Juan José Flores, superintendente de Valores.
“Yo creo que es adecuado que los entes regulados y supervisados carguen con el costo, sin embargo esto se hace imposible cuando la industria está poco desarrollada y existen muy pocos participantes”, dijo Edgar Robles, Superintendente de Pensiones, entidad con 89 empleados.
En los últimos años la Supen ha venido trabajando en la contención de los gastos, con el fin de ir reduciendo su presupuesto en términos reales. Por ejemplo, en materia de tecnologías de información se ha logrado reducir el gasto en equipamiento y licenciamiento en más del 50%, mediante la utilización de nuevas facilidades informáticas como la de computación en la nube.
Además dentro del Banco Central existen proyectos para la integración tecnológica y trasladar todas las superintendencias a un solo edificio.
“Tenemos 39 empleados y como nacimos hace poco pudimos aprovechar algunos desarrollos. Por ejemplo, no creamos un departamento de tecnologías, sino que usamos el que ya existe en el Banco Central, con lo que generamos un ahorro de alrededor de $1 millón, en licencias, equipos y planilla”, menciona Javier Cascante, superintendente de Sugese.
Lo cierto es que mientras el presidente del Banco Central no pueda hacer los cambios para que los que usan los servicios sean los únicos que los paguen, los pobres seguirán pagando por inversiones en valores que no hacen, seguros que no los cubren, pensiones que no tienen y toda la logística de supervisión de un sistema bancario que tiene excluida a casi la mitad de la población.



Carolina Acuña
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