Terror dispara adquisición de armas
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 18 febrero, 2008
En dos décadas inscripción anual se incrementó en más del triple
Terror dispara adquisición de armas
• Revólveres en manos ciudadanas podrían agravar el problema de inseguridad en lugar de contribuir a solucionarlo
• Desconfianza en cuerpos policiales lleva a creciente cantidad de costarricenses a activar mecanismos de autodefensa
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
“Tengo que armarme, porque tengo miedo. Estoy devastado por lo que sufrió un amigo muy querido, muy cercano. Si tan solo hubiera sido lo del robo de todos sus bienes… Pero no… Los malditos violaron a su esposa y a sus dos hijas. Tengo que armarme”.
Historias como esta le relatan a Jorge Villalobos, administrador del polígono de tiro de la Sabana, quienes llegan ahí para buscar capacitación en uno de los centros autorizados por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad.
Semejantes experiencias también son los argumentos que han llevado a los costarricenses a recurrir a esta drástica y peligrosa opción.
“Otro señor vino muy preocupado, porque descubrió a dos ladrones en su casa. Uno logró huir y al otro lo hirió de un balazo, aunque su intención era matarlo”, relató Villalobos.
“La policía atrapó al criminal herido afuera, lo llevó a un hospital y ahí se le escapó. El señor me contó que después recibió llamadas jurándole venganza, por lo que vino con sus hijos a buscar capacitación. ‘La próxima vez no fallo’, me dijo con una extraña mezcla de miedo y rencor”, cerró la amarga anécdota Villalobos.
Ese caldo de terror y cólera mal canalizados en el interior de los costarricenses dispara la adquisición de armas por parte de la ciudadanía.
En dos décadas la inscripción de armas por año se ha multiplicado a más del triple, como reflejan las 1.805 matriculadas en 1989 comparadas con las 6.018 de 2006, según estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con base en estadísticas de la Dirección General de Armamento.
Se considera que el armamentismo de los ciudadanos lejos de solucionar el problema, tiende a complicarlo.
“Mayor circulación de armas significa alimentar el ciclo de la violencia. La simple decisión de comprar un arma conlleva otra: estar dispuesto a matar”, comentó Lara Blanco, investigadora de PNUD.
Blanco lo demostró con cifras. “Un 52% de los homicidios dolosos en 2003 fue cometido con armas de fuego, cifra que se elevó a un 61% en 2006”.
“Aunque se plantea el derecho de la autodefensa, los estudios señalan que el incremento de armas legales más bien aumenta la tasa de mortalidad por múltiples causas, entre ellas los accidentes. Muchas personas se creen capacitadas para usarlas, pero no lo están, y en ocasiones llegan a manos inocentes, incluso a niños. Además a veces son robadas y pasan al mundo de la ilegalidad”, justificó Federico Tinoco, diputado liberacionista.
En contraparte, el libertario Luis Barrantes sostiene que “armarse es una respuesta lógica de las personas. Ahora resulta que los criminales sí pueden andar armados y la gente no tiene cómo defenderse. Claro está, quien tenga una pistola que sepa cómo usarla y entienda la responsabilidad que implica”.
El administrador del polígono de la Sabana está de acuerdo con el endurecimiento de los requisitos para portar armas de fuego legalmente, pero les agregaría la obligatoriedad de llevar un curso de capacitación. “Me parece bien que el Ministerio de Seguridad exija la aprobación de los exámenes teórico, práctico y psicológico, pero no tanto con que alguien llegue a hacerlos por suficiencia. ¿Dónde aprendió esa persona a manipular algo tan delicado como un arma? Me parece que la capacitación debe ser obligatoria”.
Para Villalobos no se trata de aprender para aprobar un examen y punto, sino de tener plena conciencia de cuán importante es manejar adecuadamente un arma y por qué es tan necesaria una formación integral sobre su uso.
De acuerdo con la última encuesta de CID-Gallup para LA REPUBLICA, en casi tres de cada diez hogares al menos una persona fue víctima del hampa solo en el periodo de octubre a enero pasado, y un 43% de los encuestados señaló al Gobierno como primer responsable del auge criminal. Esto puede explicar la decisión de muchas personas de emprender la autodefensa.
Por añadidura, un 52% respondió que el Ejecutivo no tiene una clara estrategia para combatir la delincuencia, de manera que las medidas de emergencia anunciadas el pasado 10 de enero fueron percibidas como insuficientes.
En un intento por cambiar la percepción de inseguridad, para que la defensa no sea tomada por las inexpertas manos de los ciudadanos, el Gobierno defiende y trata de poner en práctica el lema “la policía a la calle. Como se ve en la gran cantidad de operativos que se está haciendo”, sostuvo Ricardo González, director del despacho del Ministro de Seguridad.
“Hemos combatido lo de antes, eso de efectivos metidos en las comandancias sin hacer nada, provocando ese sentimiento de indefensión en la ciudadanía. Los estamos poniendo cerca de las personas, brindándoles la seguridad que se merecen”, amplió el funcionario.
Apenas se está en el punto de salida de esta cruzada nacional contra el hampa, pues el propio Fernando Berrocal, ministro de Seguridad, ha reconocido que el número de efectivos y recursos aún es insuficiente.
“Si bien se ha reforzado la prevención con 1.600 policías más y se pretende aumentar al menos otros 700, igualmente nos ha explotado en la cara un problema de delincuencia derivado de más de 20 años de rezago de inversión en seguridad”, reconoció Berrocal.
“Pero lejos de lamentarnos, estamos trabajando durísimo en la confección de un Plan Nacional de Seguridad que involucra a todos los cuerpos policiales coordinados, y en la búsqueda de financiamiento para el presupuesto extraordinario avalado por el Gobierno. Los resultados ya los irá percibiendo la población”, aseguró el Ministro.
Para Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia, será fundamental la aprobación en la Asamblea Legislativa de una serie de reformas a seis leyes relacionadas con la seguridad, “que permitirá combatir más frontalmente este flagelo”.
“Entre lo principal está endurecer las penas, así como penalizar inmediatamente a quien sea atrapado delinquiendo in fraganti, y en cuanto a la Ley de Migración, expulsar del país a los extranjeros considerados peligrosos, sin judicializarlos”, rescató Arias.
Berrocal enfatiza en la reforma a la Ley de Psicotrópicos. “En este tema prevalece un enorme consenso. El año pasado nos incautamos más de $13 millones del narcotráfico, pero no se han utilizado por el exceso de trámites. Es necesario agilizar la utilización de estos dineros para reinvertirlos en seguridad”.
Por lo pronto, el entrabamiento que sufre el Congreso por la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio también tiene pegado en la línea de salida al Plan Nacional de Seguridad. Así que mientras los hampones siguen haciendo de las suyas, muchos costarricenses optan por tomar en sus manos la defensa que sienten no les está brindando el Estado.
“Una señora vino al polígono traumatizada por un cálculo que hizo. Ella cree que si hubiera tenido un arma y supiera cómo usarla, le habría dado tiempo de impedir que un ladrón le apuntara a la cabeza de su hijo con una escopeta. ‘Yo estaba en el segundo piso, tenía tiempo y espacio suficientes’, me dijo. Pero no. Tuvo que bajar, implorar por misericordia y al final los golpearon y les robaron todo”, finalizó Villalobos.
LA REPUBLICA consultó al presidente Oscar Arias sobre la creciente tendencia de los costarricenses de armarse, sin embargo en su oficina de prensa se comunicó que pasado mañana dará un informe al respecto.
Terror dispara adquisición de armas
• Revólveres en manos ciudadanas podrían agravar el problema de inseguridad en lugar de contribuir a solucionarlo
• Desconfianza en cuerpos policiales lleva a creciente cantidad de costarricenses a activar mecanismos de autodefensa
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
“Tengo que armarme, porque tengo miedo. Estoy devastado por lo que sufrió un amigo muy querido, muy cercano. Si tan solo hubiera sido lo del robo de todos sus bienes… Pero no… Los malditos violaron a su esposa y a sus dos hijas. Tengo que armarme”.Historias como esta le relatan a Jorge Villalobos, administrador del polígono de tiro de la Sabana, quienes llegan ahí para buscar capacitación en uno de los centros autorizados por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad.
Semejantes experiencias también son los argumentos que han llevado a los costarricenses a recurrir a esta drástica y peligrosa opción.
“Otro señor vino muy preocupado, porque descubrió a dos ladrones en su casa. Uno logró huir y al otro lo hirió de un balazo, aunque su intención era matarlo”, relató Villalobos.
“La policía atrapó al criminal herido afuera, lo llevó a un hospital y ahí se le escapó. El señor me contó que después recibió llamadas jurándole venganza, por lo que vino con sus hijos a buscar capacitación. ‘La próxima vez no fallo’, me dijo con una extraña mezcla de miedo y rencor”, cerró la amarga anécdota Villalobos.
Ese caldo de terror y cólera mal canalizados en el interior de los costarricenses dispara la adquisición de armas por parte de la ciudadanía.
En dos décadas la inscripción de armas por año se ha multiplicado a más del triple, como reflejan las 1.805 matriculadas en 1989 comparadas con las 6.018 de 2006, según estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con base en estadísticas de la Dirección General de Armamento.
Se considera que el armamentismo de los ciudadanos lejos de solucionar el problema, tiende a complicarlo.
“Mayor circulación de armas significa alimentar el ciclo de la violencia. La simple decisión de comprar un arma conlleva otra: estar dispuesto a matar”, comentó Lara Blanco, investigadora de PNUD.
Blanco lo demostró con cifras. “Un 52% de los homicidios dolosos en 2003 fue cometido con armas de fuego, cifra que se elevó a un 61% en 2006”.
“Aunque se plantea el derecho de la autodefensa, los estudios señalan que el incremento de armas legales más bien aumenta la tasa de mortalidad por múltiples causas, entre ellas los accidentes. Muchas personas se creen capacitadas para usarlas, pero no lo están, y en ocasiones llegan a manos inocentes, incluso a niños. Además a veces son robadas y pasan al mundo de la ilegalidad”, justificó Federico Tinoco, diputado liberacionista.
En contraparte, el libertario Luis Barrantes sostiene que “armarse es una respuesta lógica de las personas. Ahora resulta que los criminales sí pueden andar armados y la gente no tiene cómo defenderse. Claro está, quien tenga una pistola que sepa cómo usarla y entienda la responsabilidad que implica”.
El administrador del polígono de la Sabana está de acuerdo con el endurecimiento de los requisitos para portar armas de fuego legalmente, pero les agregaría la obligatoriedad de llevar un curso de capacitación. “Me parece bien que el Ministerio de Seguridad exija la aprobación de los exámenes teórico, práctico y psicológico, pero no tanto con que alguien llegue a hacerlos por suficiencia. ¿Dónde aprendió esa persona a manipular algo tan delicado como un arma? Me parece que la capacitación debe ser obligatoria”.
Para Villalobos no se trata de aprender para aprobar un examen y punto, sino de tener plena conciencia de cuán importante es manejar adecuadamente un arma y por qué es tan necesaria una formación integral sobre su uso.
De acuerdo con la última encuesta de CID-Gallup para LA REPUBLICA, en casi tres de cada diez hogares al menos una persona fue víctima del hampa solo en el periodo de octubre a enero pasado, y un 43% de los encuestados señaló al Gobierno como primer responsable del auge criminal. Esto puede explicar la decisión de muchas personas de emprender la autodefensa.
Por añadidura, un 52% respondió que el Ejecutivo no tiene una clara estrategia para combatir la delincuencia, de manera que las medidas de emergencia anunciadas el pasado 10 de enero fueron percibidas como insuficientes.
En un intento por cambiar la percepción de inseguridad, para que la defensa no sea tomada por las inexpertas manos de los ciudadanos, el Gobierno defiende y trata de poner en práctica el lema “la policía a la calle. Como se ve en la gran cantidad de operativos que se está haciendo”, sostuvo Ricardo González, director del despacho del Ministro de Seguridad.
“Hemos combatido lo de antes, eso de efectivos metidos en las comandancias sin hacer nada, provocando ese sentimiento de indefensión en la ciudadanía. Los estamos poniendo cerca de las personas, brindándoles la seguridad que se merecen”, amplió el funcionario.
Apenas se está en el punto de salida de esta cruzada nacional contra el hampa, pues el propio Fernando Berrocal, ministro de Seguridad, ha reconocido que el número de efectivos y recursos aún es insuficiente.“Si bien se ha reforzado la prevención con 1.600 policías más y se pretende aumentar al menos otros 700, igualmente nos ha explotado en la cara un problema de delincuencia derivado de más de 20 años de rezago de inversión en seguridad”, reconoció Berrocal.
“Pero lejos de lamentarnos, estamos trabajando durísimo en la confección de un Plan Nacional de Seguridad que involucra a todos los cuerpos policiales coordinados, y en la búsqueda de financiamiento para el presupuesto extraordinario avalado por el Gobierno. Los resultados ya los irá percibiendo la población”, aseguró el Ministro.
Para Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia, será fundamental la aprobación en la Asamblea Legislativa de una serie de reformas a seis leyes relacionadas con la seguridad, “que permitirá combatir más frontalmente este flagelo”.
“Entre lo principal está endurecer las penas, así como penalizar inmediatamente a quien sea atrapado delinquiendo in fraganti, y en cuanto a la Ley de Migración, expulsar del país a los extranjeros considerados peligrosos, sin judicializarlos”, rescató Arias.
Berrocal enfatiza en la reforma a la Ley de Psicotrópicos. “En este tema prevalece un enorme consenso. El año pasado nos incautamos más de $13 millones del narcotráfico, pero no se han utilizado por el exceso de trámites. Es necesario agilizar la utilización de estos dineros para reinvertirlos en seguridad”.
Por lo pronto, el entrabamiento que sufre el Congreso por la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio también tiene pegado en la línea de salida al Plan Nacional de Seguridad. Así que mientras los hampones siguen haciendo de las suyas, muchos costarricenses optan por tomar en sus manos la defensa que sienten no les está brindando el Estado.
“Una señora vino al polígono traumatizada por un cálculo que hizo. Ella cree que si hubiera tenido un arma y supiera cómo usarla, le habría dado tiempo de impedir que un ladrón le apuntara a la cabeza de su hijo con una escopeta. ‘Yo estaba en el segundo piso, tenía tiempo y espacio suficientes’, me dijo. Pero no. Tuvo que bajar, implorar por misericordia y al final los golpearon y les robaron todo”, finalizó Villalobos.
LA REPUBLICA consultó al presidente Oscar Arias sobre la creciente tendencia de los costarricenses de armarse, sin embargo en su oficina de prensa se comunicó que pasado mañana dará un informe al respecto.