Temor amenaza con tomar las calles
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 03 mayo, 2010
Diversos grupos miran traspaso de poder como vitrina para exhibir su descontento
Temor amenaza con tomar las calles
Una salida pacífica sería habilitar un espacio en el cual sindicalistas, estudiantes y ambientalistas puedan ser escuchados
El temor de la ciudadanía crece ante los hechos violentos de la semana pasada. Las acciones y declaraciones virulentas de organizaciones opuestas a la silla presidencial miran el traspaso de poder del próximo 8 de mayo como una oportunidad para desestabilizar el país.
Ese día, visitantes del exterior, incluidos presidentes, jefes de estado, príncipes y otras personalidades serán testigos de honor de ese acto, por lo que acciones desestabilizadoras perjudicarían la imagen de tranquilidad y la paz.
Se sabe que vienen temas escabrosos como la apertura eléctrica y la minería a cielo abierto, por tanto el gobierno debería tender los puentes necesarios para iniciar el diálogo y evitar brotes de insurrección.
A la vez, deberá proteger la institucionalidad democrática del país, la cual ya aceptó el “Sí”, luego del referendum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
En medio del conflicto está la ciudadanía que sufre las consecuencias de este choque, el cual podría radicalizar las posiciones de los grupos opositores conforme vayan perdiendo popularidad, credibilidad y aceptación en el pueblo debido a la violencia.
Una salida pacífica sería desarrollar los espacios para que las posturas ideológicas y protestas caldeadas puedan desahogarse y ser escuchadas por los poderes democráticos, un papel que además le corresponde desarrollar a la Asamblea Legislativa.
La creación de comisiones especiales con poder político y participación de la sociedad civil podría ser un atenuante para bajar la presión que hoy se siente en las calles. Es vital utilizar el recurso de la mediación, por ejemplo como en el pasado lo hizo la Iglesia católica con miras a ampliar su influencia, para suavizar posturas y encontrar soluciones prácticas.
Antes: la izquierda se fragmenta
Los disturbios de la semana pasada se deben en parte al descenso que experimentó la izquierda en los últimos comicios, además se remontan a la frustración causada en distintas partes de la sociedad por medidas que estas consideran neoliberales, sobre todo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta).
En lo que a las elecciones de febrero pasado se refiere el partido de centro izquierda, Acción Ciudadana, perdió un amplio caudal electoral bajando su representación legislativa en siete curules. Mientras Liberación, Unidad y Movimiento Libertario que representaban el “Sí”, ampliaron como bloque su cuota en el Congreso.
Antes de esto, el 7 de octubre de 2007 es una fecha clave en la historia del país; ese día, por medio de un referendum, los costarricenses tuvieron la oportunidad de decidir si se firmaba o no un tratado comercial con Estados Unidos, lo que finalmente fue aceptado.
Dos bandos se disputaron el favor de la ciudadanía, los que votaron por el “Sí” favorecían la tesis impulsada por el gobierno de Oscar Arias; los que se inclinaron por el “No”, siguieron los pasos que en aquel entonces patrocinó un núcleo importante de organizaciones encabezadas, entre otros, por el Partido Acción Ciudadana y su principal dirigente Ottón Solís.
Tras el resultado del referendum, el “No” se desarticuló; quedó dividido en pequeños grupos algunos de los cuales desde posiciones ambientalistas y de extrema izquierda han radicalizado, conforme pasa el tiempo, su mensaje en contra del statu quo.
Adicionalmente, se aprovechan de situaciones concretas para provocar zozobra y ejemplo de ello son los casos vividos el 12 de abril en las afueras de la Universidad de Costa Rica, el fallo de la Sala Constitucional que dio luz verde al proyecto minero Crucitas y lo que se vive en los muelles de Limón donde los nuevos dirigentes de Sindicato de Trabajadores de Japdeva firmaron una convención colectiva que otorga a un operador privado la concesión de los puertos, a cambio de una indemnización de $137 millones a lo que se oponen otros grupos que anteriormente ostentaron el poder en el sindicato.
Ahora: de dichos a hechos
Tras la contundente victoria de Laura Chinchilla y la aprobación del Cafta, el “Sí” quedó legitimado en la estructura institucional democrática del país. Mientras que el “No” perdió adeptos y se atomizó en grupos que en recientes protestas se han ido radicalizando.
En las últimas semanas se ha dado en el país una serie de acontecimientos que podría ser el preludio de hechos violentos en los próximos días; si bien no se puede hablar de una escalada de violencia, sí hay síntomas de que esto pueda ocurrir.
En reunión que se efectuó en la Universidad de Costa Rica, la federación estudiantil y grupos sindicales acordaron ejecutar un “plan de lucha” en los últimos días del gobierno de Arias y en los primeros de Laura Chinchilla, lo que conlleva una manifestación el 8 de mayo en la Sabana.
Esa reunión se celebró después de los hechos violentos acontecidos en la UCR el 12 de abril, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial que pretendían detener a un inspector de tránsito que supuestamente cometió un acto de corrupción, ingresaron a las instalaciones de esa entidad lo que provocó un zafarrancho en el que participaron además de los agentes policiales, estudiantes, profesores y administrativos de la casa de estudios, que alegaron la violación a la autonomía universitaria.
Después de esos hechos, grupos de encapuchados se apoderaron de la vía de Circunvalación e interrumpieron por varias horas el paso de los vehículos.
Los hechos violentos del jueves 29 de abril ocurridos en Limón, donde dos guardias civiles fueron heridos de bala en una emboscada y siete furgones fueron quemados muestran que los pequeños grupos se han radicalizado y están dispuestos a acciones que provocan temor entre la ciudadanía.
En las protestas del jueves pasado también participaron dirigentes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza que levantaron a los agremiados en contra de un proyecto de ley que ni siquiera ha salido de las oficinas del Ministerio de Planificación, que supuestamente eliminaría beneficios salariales a los trabajadores, hecho que el ministro Roberto Gallardo asegura que no es cierto. En realidad, ni los dirigentes ni quienes participaron en la manifestación conocen la letra menuda del proyecto de ley y ya protestan contra él, mostrando, en ese sentido, gran intransigencia.
Los porteadores han radicalizado su mensaje, e incluso cuando se escucha a uno de sus principales dirigentes hablar, da la sensación de que llama a la sedición.
Los porteadores buscan que por medio del Código de Comercio se legalice su trabajo.
Lo que vendría: primeras chispas
El aislamiento de los grupos radicales en contra del “Sí” y del Estado sería un caldo de cultivo para una actividad que podría desatar mayor violencia y manifestaciones callejeras que atenten contra el orden. Por su parte el gobierno como bastión del “Sí”, tendría que enfrentar esta ola de conflictos.
Los grupos opositores utilizarían para “protestar”, temas como las concesiones, en especial las portuarias en Limón, así como nuevas aperturas.
En esta protesta participarían grupos antes matriculados con el “Sí”, como los porteadores que ahora amenazan con cerrar el paso hacia la Sabana, sitio de la ceremonia de traspaso de mando.
El caso de Crucitas también sería punta de lanza para esta y futuras protestas; algunos lo hacen con un sentido de responsabilidad ambiental, otros lo que buscan es básicamente una coyuntura de desestabilización.
Son temas polémicos sobre los que se deben abrir intensos debates en todo tipo de foros; eso es lo que manda la democracia; lo que no puede prevalecer es la violencia y la desestabilización.
De no ser atendidos estos focos de insurrección podrían convertirse en grupos más organizados con el propósito de luchar contra el sistema y el poder del gobierno, pero cuya víctima principal es la ciudadanía y la paz social que ha caracterizado a este país durante los últimas décadas.
Eduardo Amador
Luis Alberto Muñoz
eamador@larepublica.net
lmunoz@larepublica.net
Temor amenaza con tomar las calles
Una salida pacífica sería habilitar un espacio en el cual sindicalistas, estudiantes y ambientalistas puedan ser escuchados
El temor de la ciudadanía crece ante los hechos violentos de la semana pasada. Las acciones y declaraciones virulentas de organizaciones opuestas a la silla presidencial miran el traspaso de poder del próximo 8 de mayo como una oportunidad para desestabilizar el país.Ese día, visitantes del exterior, incluidos presidentes, jefes de estado, príncipes y otras personalidades serán testigos de honor de ese acto, por lo que acciones desestabilizadoras perjudicarían la imagen de tranquilidad y la paz.
Se sabe que vienen temas escabrosos como la apertura eléctrica y la minería a cielo abierto, por tanto el gobierno debería tender los puentes necesarios para iniciar el diálogo y evitar brotes de insurrección.
A la vez, deberá proteger la institucionalidad democrática del país, la cual ya aceptó el “Sí”, luego del referendum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
En medio del conflicto está la ciudadanía que sufre las consecuencias de este choque, el cual podría radicalizar las posiciones de los grupos opositores conforme vayan perdiendo popularidad, credibilidad y aceptación en el pueblo debido a la violencia.
Una salida pacífica sería desarrollar los espacios para que las posturas ideológicas y protestas caldeadas puedan desahogarse y ser escuchadas por los poderes democráticos, un papel que además le corresponde desarrollar a la Asamblea Legislativa.
La creación de comisiones especiales con poder político y participación de la sociedad civil podría ser un atenuante para bajar la presión que hoy se siente en las calles. Es vital utilizar el recurso de la mediación, por ejemplo como en el pasado lo hizo la Iglesia católica con miras a ampliar su influencia, para suavizar posturas y encontrar soluciones prácticas.
Antes: la izquierda se fragmenta
Los disturbios de la semana pasada se deben en parte al descenso que experimentó la izquierda en los últimos comicios, además se remontan a la frustración causada en distintas partes de la sociedad por medidas que estas consideran neoliberales, sobre todo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta).
En lo que a las elecciones de febrero pasado se refiere el partido de centro izquierda, Acción Ciudadana, perdió un amplio caudal electoral bajando su representación legislativa en siete curules. Mientras Liberación, Unidad y Movimiento Libertario que representaban el “Sí”, ampliaron como bloque su cuota en el Congreso.
Antes de esto, el 7 de octubre de 2007 es una fecha clave en la historia del país; ese día, por medio de un referendum, los costarricenses tuvieron la oportunidad de decidir si se firmaba o no un tratado comercial con Estados Unidos, lo que finalmente fue aceptado.
Dos bandos se disputaron el favor de la ciudadanía, los que votaron por el “Sí” favorecían la tesis impulsada por el gobierno de Oscar Arias; los que se inclinaron por el “No”, siguieron los pasos que en aquel entonces patrocinó un núcleo importante de organizaciones encabezadas, entre otros, por el Partido Acción Ciudadana y su principal dirigente Ottón Solís.
Tras el resultado del referendum, el “No” se desarticuló; quedó dividido en pequeños grupos algunos de los cuales desde posiciones ambientalistas y de extrema izquierda han radicalizado, conforme pasa el tiempo, su mensaje en contra del statu quo.
Adicionalmente, se aprovechan de situaciones concretas para provocar zozobra y ejemplo de ello son los casos vividos el 12 de abril en las afueras de la Universidad de Costa Rica, el fallo de la Sala Constitucional que dio luz verde al proyecto minero Crucitas y lo que se vive en los muelles de Limón donde los nuevos dirigentes de Sindicato de Trabajadores de Japdeva firmaron una convención colectiva que otorga a un operador privado la concesión de los puertos, a cambio de una indemnización de $137 millones a lo que se oponen otros grupos que anteriormente ostentaron el poder en el sindicato.
Ahora: de dichos a hechos
Tras la contundente victoria de Laura Chinchilla y la aprobación del Cafta, el “Sí” quedó legitimado en la estructura institucional democrática del país. Mientras que el “No” perdió adeptos y se atomizó en grupos que en recientes protestas se han ido radicalizando.
En las últimas semanas se ha dado en el país una serie de acontecimientos que podría ser el preludio de hechos violentos en los próximos días; si bien no se puede hablar de una escalada de violencia, sí hay síntomas de que esto pueda ocurrir.
En reunión que se efectuó en la Universidad de Costa Rica, la federación estudiantil y grupos sindicales acordaron ejecutar un “plan de lucha” en los últimos días del gobierno de Arias y en los primeros de Laura Chinchilla, lo que conlleva una manifestación el 8 de mayo en la Sabana.
Esa reunión se celebró después de los hechos violentos acontecidos en la UCR el 12 de abril, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial que pretendían detener a un inspector de tránsito que supuestamente cometió un acto de corrupción, ingresaron a las instalaciones de esa entidad lo que provocó un zafarrancho en el que participaron además de los agentes policiales, estudiantes, profesores y administrativos de la casa de estudios, que alegaron la violación a la autonomía universitaria.
Después de esos hechos, grupos de encapuchados se apoderaron de la vía de Circunvalación e interrumpieron por varias horas el paso de los vehículos.
Los hechos violentos del jueves 29 de abril ocurridos en Limón, donde dos guardias civiles fueron heridos de bala en una emboscada y siete furgones fueron quemados muestran que los pequeños grupos se han radicalizado y están dispuestos a acciones que provocan temor entre la ciudadanía.
En las protestas del jueves pasado también participaron dirigentes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza que levantaron a los agremiados en contra de un proyecto de ley que ni siquiera ha salido de las oficinas del Ministerio de Planificación, que supuestamente eliminaría beneficios salariales a los trabajadores, hecho que el ministro Roberto Gallardo asegura que no es cierto. En realidad, ni los dirigentes ni quienes participaron en la manifestación conocen la letra menuda del proyecto de ley y ya protestan contra él, mostrando, en ese sentido, gran intransigencia.
Los porteadores han radicalizado su mensaje, e incluso cuando se escucha a uno de sus principales dirigentes hablar, da la sensación de que llama a la sedición.
Los porteadores buscan que por medio del Código de Comercio se legalice su trabajo.
Lo que vendría: primeras chispas
El aislamiento de los grupos radicales en contra del “Sí” y del Estado sería un caldo de cultivo para una actividad que podría desatar mayor violencia y manifestaciones callejeras que atenten contra el orden. Por su parte el gobierno como bastión del “Sí”, tendría que enfrentar esta ola de conflictos.
Los grupos opositores utilizarían para “protestar”, temas como las concesiones, en especial las portuarias en Limón, así como nuevas aperturas.En esta protesta participarían grupos antes matriculados con el “Sí”, como los porteadores que ahora amenazan con cerrar el paso hacia la Sabana, sitio de la ceremonia de traspaso de mando.
El caso de Crucitas también sería punta de lanza para esta y futuras protestas; algunos lo hacen con un sentido de responsabilidad ambiental, otros lo que buscan es básicamente una coyuntura de desestabilización.
Son temas polémicos sobre los que se deben abrir intensos debates en todo tipo de foros; eso es lo que manda la democracia; lo que no puede prevalecer es la violencia y la desestabilización.
De no ser atendidos estos focos de insurrección podrían convertirse en grupos más organizados con el propósito de luchar contra el sistema y el poder del gobierno, pero cuya víctima principal es la ciudadanía y la paz social que ha caracterizado a este país durante los últimas décadas.
Eduardo Amador
Luis Alberto Muñoz
eamador@larepublica.net
lmunoz@larepublica.net