Telecomunicaciones, seguros y competencia

Telecomunicaciones, seguros y competencia

Tal como sucede con las estrellas en el firmamento, en la historia de las sociedades existen temas trascendentales que, en un tiempo y espacio determinados, adquieren un brillo particular. Así, con la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley del Mercado de Seguros nos hemos atrevido a derribar un desabrido paradigma que hasta ahora lastraba el progreso económico y tecnológico de nuestro país: hemos reconocido finalmente que la libertad de empresa es el principio y el monopolio la excepción.

Seguimos izando la bandera del Estado social, pero hemos comprendido que este no puede pretender la igualación absoluta de los ciudadanos sin dejar de ser Estado de derecho. Buena parte de las libertades propias del Estado de derecho se presentan como oportunidades abiertas a la superación de desigualdades –—mediante el esfuerzo propio y el éxito—, o bien a crearlas si se fracasa, pero no es tarea de un Estado que crea distancia entre él y la sociedad mediante la garantía de los derechos fundamentales, proteger al individuo de los fracasos derivados del ejercicio de su libertad.

De esta forma, no es función del Estado social de derecho mantener los cacicazgos de poder de unos cuantos a lo interno del Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de Seguros, o bien de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, so pena de coartar el progreso tecnológico del país, la libertad de elección de los consumidores y las mejoras en infraestructura que tanto necesitamos. Así como el que circula por el carril rápido a 20 kilómetros por hora no tiene derecho a retrasar la marcha acelerada de quien tiene que llegar a su trabajo a producir en beneficio propio, pero también del país, tampoco lo tienen quienes pretenden seguir viviendo en la zona de confort, retrasando la carrera del progreso y la libertad para todos los demás.

Ciertamente, nuestra Constitución Política permite establecer que el Estado costarricense tiene por finalidad configurar a la sociedad, de acuerdo con una previa idea de justicia social, que responde al principio cristiano de solidaridad. Empero, también es cierto que la solidaridad social, lejos de reñir con los demás principios constitucionales, debe coexistir con ellos en armonía, pues de lo contrario perdería su propia naturaleza para convertirse en un instrumento opresor que martiriza solo a cierta clase de personas o a cierta clase social. Sería, pues, la historia del ciudadano cautivo de las cláusulas generales de apoderamiento del interés general, que unos cuantos determinan con base en sus percepciones subjetivas.

Enhorabuena, pues, hemos roto la esclavitud de la costumbre para declarar que, en una economía social de mercado, como es la que impera en Costa Rica, a la vez que se prevé la intervención del Estado, el adecuado reparto de la riqueza, la organización y estímulo de la producción, así como la adhesión al principio cristiano de justicia social, también existen libertades individuales y económicas que deben necesariamente conciliarse con las prerrogativas del Estado en su procura del mayor bienestar para todos los habitantes.

El pueblo costarricense, en un acto bravío, ha dado respuesta final a la siguiente pregunta: ¿Somos libres para ser iguales, o iguales para ser libres? En un Estado de derecho, la respuesta tiene que ser la segunda, pues de otra forma el Estado se convertiría en totalitarista. Que así sea.

LUIS A. ORTIZ ZAMORA

Especialista en derecho público