La tecnología ya llegó a tocar lo que comúnmente definíamos como bienes o servicios públicos o bienes y servicios meritorios

Tecnología vs servicios públicos

¡La tecnología está poniendo a prueba a tirios y troyanos!
Lo notamos en todos los campos. Con gran naturalidad hoy en día percibimos que quien no quiso o no previó el avance tecnológico entre el transporte de carga por medio de la carreta de bueyes y el uso del camión de carga, ¡desapareció! Y se dio sin el menor de los empachos ni prejuicio social.
Al igual que ese hecho tan sencillo (desde el punto de vista actual), los avances tecnológicos son tan palpables, que uno hoy no concibe cómo distintas actividades productivas puedan seguir operando sin la implementación de los mismos.
Pero la tecnología ya llegó a tocar lo que comúnmente definíamos como bienes o servicios públicos o bienes y servicios meritorios; esto es, aquellos que los humanos organizados en sociedades, hemos definido que solo pueden ser proveídos por el Estado en forma exclusiva o que pudiendo ser brindados por un privado, por diversas razones se acepta que sea el Estado quien los brinde.
Ejemplo de ello y cada vez más notorios son los que se están presentando en los servicios de electricidad, telefonía y ahora en el tradicional servicio público de taxis.
Tenemos que para el año entrante se ha anunciado que se pondrán a la venta unas baterías “Tesla”, donde por medio de paneles solares, se abastecerán los requerimientos de los hogares. En cuanto a la telefonía cada vez se pueden utilizar más los servicios “gratis”, los cuales hoy tienden a funcionar mejor que los de pago a la empresa que presta el servicio (al menos en el que uso), y por último, en cuanto al servicio de taxis o similares, se da que una aplicación de celular hace que el sistema tradicional de este servicio público, al menos como se brinda en nuestro país, tienda a resquebrajarse.
Estos hechos están dándose en forma manifiesta y para beneficio de los usuarios, los cuales no dudarán en tomarlos si les resultan más ventajosos que los brindados o regulados por nuestras instituciones públicas.
¿Pero qué están haciendo los entes públicos para afrontar las consecuencias, que de hecho se derivarán?
¿Qué medidas de contingencia aplicarán?
¿Será suficiente el solo hecho de prohibir su utilización? ¿Será posible recurrir a este mecanismo?
En lo particular no lo creo, sería como prohibir utilizar el vehículo automotor, por dejar que solo las carretas de bueyes operen.
En el caso específico del ICE, ¿qué y cómo se ajustará la terrible estructura a este obvio devenir?
¿Seguiremos manteniendo leyes que regulan la prestación de servicio público de taxi, en contra de la razón de que son las fuerzas de oferta y demanda las que deben determinar la cantidad de vehículos que andan en las calles? ¡Es claro que con requisitos mínimos que deben cumplir los operadores!
Los tiempos han cambiado y cada vez lo seguirán haciendo con mayor fuerza y poder. Ya es hora de que en materia de legislación y aplicación de la normativa nos acostumbremos más a lo que a simple vista se ve como inevitable, por el bien de nuestra sociedad y de la paz social.

Randall Castro Vargas
Economista