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Supervisión y Coopemex

Los intermediarios financieros, como bancos y cooperativas de ahorro y crédito, trabajan básicamente con recursos ajenos, pues por cada colón de capital que aportan sus dueños, captan, siete, diez o más de terceros y todo ello a su vez lo invierten.
Así, hay un legítimo interés público en la supervisión prudencial de las actividades de todo intermediario, pues malas inversiones o malas prácticas administrativas pueden poner en peligro no solo su capital social, sino los recursos que confiaron terceros.
El capital de un banco tiene dos funciones fundamentales. La primera es la de servir de “colchón” ante posibles pérdidas en los préstamos, inversiones y demás activos del intermediario.
Cuanto mayor sea el capital bancario en relación con los pasivos y menor el riesgo de su cartera, más alta es la probabilidad de que la entidad pueda atender sus compromisos con los depositantes. A eso se debe que las regulaciones bancarias no solo se refieran al mínimo de capital que todo intermediario necesita para operar, sino que también tienen que ver con la naturaleza del riesgo, que el banco asume.
Como cualquier empresa económica, las entidades financieras están expuestas a pérdidas
potenciales, que se pueden materializar por mala suerte o por malas prácticas. Es lo que en estos momentos estamos viendo en el caso de la cooperativa Coopemex.
No en vano a estos les está prohibido invertir en títulos o dar créditos de carácter especulativo, conceder préstamos muy altos a una sola persona o grupo de interés económico.
A la vez se hacen reparos al trabajo de los supervisores que no lograron ni en este ni en muchos casos anteriores descubrir a tiempo las malas prácticas.
No obstante, hay que resaltar que la supervisión prudencial se propone minimizar los efectos adversos que sobre terceros tienen los malos manejos, pero no se pueden ni deben evitar, a toda costa, las quiebras de los intermediarios.
Lo que de la supervisón se espera es que si hay quiebras, estas sean ordenadas y no atenten contra el sistema.
El nuevo escándalo de Coopemex prueba cómo, en ausencia de dueños verdaderos que ejerzan control sobre las operaciones de los intermediarios y en presencia de una dirección superior demasiado osada, ingenua y quizá hasta malintencionada, los costarricenses hemos de pagar los platos rotos.

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