Suiza limitará entrada de europeos a mercado laboral

Los suizos decidieron ayer en referéndum volver a limitar la entrada de ciudadanos de países de la Unión Europea (UE) a su mercado laboral, a través del establecimiento de cuotas anuales que deberán aplicarse de aquí a tres años.
Los resultados oficiales de todos los cantones suizos -con excepción del de Zúrich, donde está por concluir el escrutinio de un último distrito que no podrá cambiar el resultado final- indican que la iniciativa denominada "Contra la migración en masa" ha sido aceptada por un 50,4% de votos.
Propuesta por el partido de extrema derecha, la Unión Democrática de Centro (UDC), también restablece el principio de la preferencia por el trabajador nacional frente al extranjero, que se encontraba abolida para todos los trabajadores procedentes de alguno de los países de la Unión Europea.
Este resultado hará inevitable una renegociación del acuerdo bilateral entre Suiza y la UE sobre la libre circulación de personas, en vigor desde 2002 y que se aprobó también en un referéndum dos años antes.
La pregunta que se hacen en las últimas horas todos los comentaristas políticos y representantes de los medios económicos es cuál será la reacción de Bruselas y se teme que decida renegociar el paquete completo de acuerdos que regulan sus relaciones con Suiza.
Esto implicaría cambios no sólo en el ámbito migratorio, sino también en las relaciones económicas, comerciales y políticas en general entre la Confederación Helvética y el bloque comunitario.
La libre circulación de personas forma parte de un paquete de acuerdos bilaterales que están vinculados jurídicamente, por lo que si uno cae, el conjunto caduca, en virtud de la denominada cláusula guillotina, que varios políticos temen que la UE pueda decidir aplicar.
Las consecuencias sobre la economía suiza y el mercado del trabajo pueden ser muy negativas, adelantan ya los analistas.
A lo largo de la campaña de este referéndum, la UDC afirmó que la inmigración estaba causando un aumento insostenible de la población y creando problemas como el aumento del desempleo, particularmente en las regiones fronterizas.
Asimismo, acusaba a los inmigrantes del incremento de precios en el sector inmobiliario, de la sobrecarga en los trenes, de los problemas de circulación en las carreteras, así como de competencia salarial desleal.
En tanto, con esta decisión, se podría acabar con toda la arquitectura de acuerdos que sostienen las relaciones políticas, económicas y comerciales de Suiza con el bloque comunitario desde principios de la pasada década.
El partido Unión Democrática de Centro (UDC), conocido por sus posiciones ultraconservadoras e ideas xenófobas, consiguió la convocatoria a este referéndum bajo el lema "Contra la inmigración en masa" y al que ha precedido una virulenta campaña a favor y en contra.
El argumento central de sus iniciadores es que la inmigración no sólo ha aportado mano de obra a Suiza, sino un número creciente de desempleados que sacan provecho del sistema social y terminan viviendo de las subvenciones públicas.
Desde la entrada en vigor en 2002 de los acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea -entre los que figura el de libre circulación de personas-, la unión helvética ha visto llegar cerca de 800 mil trabajadores extranjeros, de los que el 75% son ciudadanos comunitarios.
Sin embargo, las cifras oficiales desmienten que este flujo de extranjeros haya tenido un impacto negativo en el empleo.
La tasa de paro en Suiza fue el año pasado del 3,2% (un 2,9 % en 2012), con una tasa del 2,2% entre los ciudadanos suizos, del 6 por ciento entre los extranjeros y del 5,2% entre los europeos comunitarios concretamente.
Cada vez que Suiza ha tenido que ampliar su política migratoria, la ciudadanía ha sido llamada a las urnas y siempre, desde principios de la pasada década, la mayoría ha sido favorable a una apertura de las fronteras.
Ocurrió en el año 2000, cuando triunfó el "Sí" en el referéndum sobre la libre circulación de personas con la UE; en 2005, cuando se aceptó extender este derecho a los diez países que se acababan de adherir; y en 2009, cuando se aprobó el mismo trato para rumanos y búlgaros.

Ginebra/EFE