Soluciones viales en Heredia se estancan
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Si usted transita por Heredia para llegar a su oficina, deberá esperar más por una solución que descongestione las calles de esta ciudad.
El crecimiento residencial y comercial de Heredia depende de que se puedan eliminar los cuellos de botella que ocasionan problemas de tránsito que afectan diariamente a miles de conductores.
Por esta razón, los diputados de esa provincia presionarán de nuevo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para retomar las iniciativas que corrijan el caos vial de los accesos a la ciudad y se hagan diseños de los proyectos.
Se buscaría el apoyo incluso de los alcaldes de los cantones heredianos, quienes se beneficiarían con estas obras, señaló Ronny Monge, diputado del PLN.
Algunos de los proyectos van desde pequeñas obras viales que ayuden a aliviar el congestionamiento y que ya tienen financiamiento, hasta otros proyectos más grandes que requieren la búsqueda de recursos.
Una de las principales iniciativas consiste en un semianillo que saldría de la sección de El Pirro, en la entrada principal a Heredia hasta Jardines del Recuerdo, para luego continuar por la calle de Lagunilla hasta llegar a Barreal y a las zonas francas, de acuerdo con una propuesta de Monge.
No existen fondos para tal proyecto, por lo que se crearía un fideicomiso. Sin embargo, se descarta la instalación de un peaje, debido a que no sería viable en una sección de tan pocos kilómetros y que tendría muchas zonas para evadirlo.
Otra alternativa es que el Estado pague un monto de acuerdo con un sistema de medición de los vehículos que circulan. Sin embargo, lo anterior implica que deban presupuestarse esos fondos y no habría garantía de que alcancen.
“Antes de crear un fideicomiso, se debe saber qué queremos hacer, por lo que vamos a presionar al MOPT para que trabaje en los diseños de los proyectos”, dijo William Alvarado, diputado socialcristiano.
Para construir las carreteras se podría echar mano de otras fuentes de recursos. Actualmente existe una línea de crédito por $490 millones que aún no ha sido utilizada por el Gobierno, pese a que está aprobada desde 2007.

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