Sobre monstruosidades y fullerías

Sin quitarse el antifaz, el arlequín se alza como adalid de la pulcritud judicial

Sobre monstruosidades y fullerías

Trocó su turbia toga en negro antifaz y traje de cuadros. Hace más de doce años salió espantado del edificio de travertino, con sus jugosas prestaciones en la bolsa y con una jubilación magistral, hoy de más de seis millones de colones al mes. Pocas semanas antes de su estrepitosa partida, otro magistrado —a quien apodó “el maligno”— destapó un tamal de influencias malsanas en los tribunales de la península. Castigado por la Corte Plena (31.1.2002) por divulgar “expedientes vivos” entre sus estudiantes, fue el segundo magistrado sancionado por sus propios compañeros, dadas sus mañas burocráticas. La actual Defensora de los Habitantes lo conoció muy bien y lo recuerda por sus investigaciones periodísticas.

Sin quitarse el antifaz, el arlequín se alza como adalid de la pulcritud judicial y se jacta de ser abanderado de la ética en el foro nacional. El procaz juez que trataba al presidente de la república de asesino. El autor de una de las más fétidas páginas de la justicia criolla. La estrella de la batahola pasional más ridícula que magistrado alguno haya protagonizado en el aeropuerto. El candidato a vocal perdedor en las elecciones hace un año, en el Colegio de Abogados y Abogadas, derrotado por una digna colega 630 a 1.532 votos.

Las patrañas y falacias que inundan la fullería publicada, son candorosas frente al albañal con que adornó su muro en Facebook. Los truhanes siempre actúan con astucia y a veces hasta por encargo o por pago de prebendas de decanato. Su estilo cafre y su falta de seriedad traslucen sus conatos argumentales, que no pasan de ser mendaces chocarrerías.

Critico y seguiré criticando francamente a la Corte Suprema de Justicia, sustentado en pruebas irrefutables. El tamaño monstruoso y la monstruosidad de las funciones asumidas por ese Poder, ponen en peligro la democracia costarricense. Existen evidencias que ningún antifaz puede esconder. La mayor parte de las elecciones de los magistrados, incluida una de 1990, han estado teñidas de componendas entre políticos. Los diputados conocen muy bien a los postulantes que terminan escogidos y muchos saben exigir los compromisos. El caos y la crisis prolongada que vive el Estado costarricense y sufre nuestra sociedad civil, incluido el lento gigante judicial, no se remediarán con una simple constituyente, ni con arlequines con pensiones de lujo, ni con caudillo alguno, ni con mañosos reclamadores de playas envueltas en reales decretos.

Me opuse tres veces —por escrito, con mi firma y con pruebas contundentes— a la candidatura magistral de quien mintió ante una comisión legislativa y dedicó gran parte de su tiempo como funcionario a las millonarias consultorías internacionales.

Lo volvería a hacer las veces que sea necesario. A los sinvergüenzas y a los arlequines —a quienes no les alcanzaban los gastos de representación para comprar trajes italianos—, siempre los he señalado de frente, sin tapujos y sin máscaras.

Entre las peores monstruosidades políticas, por grandes y por hediondas, resaltan las indecentes conductas desplegadas por aquellos que fueron elevados a la magistratura y la misma Corte Plena los sancionó públicamente.

Solo quienes se atrevieron a desprestigiar al Poder Judicial, por codicia o por lujuria, tienen la osadía de trocar el sayo que quedó de sus togas, en un traje de cuadrillos de casimir romano y su teclado en un negro antifaz.

Juan Diego Castro Fernández