Más dinero para las universidades públicas no significa más dinero para una mejor educación

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Sobre el presupuesto universitario

Cuando las pasiones y las consignas sustituyen a los argumentos, cuando la demagogia termina ganándoles el pulso a la buena voluntad y a la sensatez, tal como parece estar sucediendo en el debate sobre un posible recorte a la irresponsable transferencia millonaria que pactó el presidente Solís con las universidades estatales, se impone discernir, en medio de la paja, algo del trigo.
No es cierto que se esté recortando sobre el presupuesto del FEES, sino sobre la transferencia adicional del 14% (casi tres veces la inflación) que decretó unilateralmente el Ejecutivo. De esta manera, se está honrando con creces el artículo 85 de la Constitución, donde se estipula el debido ajuste que deben hacer los gobiernos en el presupuesto ordinario en relación a los fondos destinados al mantenimiento de las universidades.
No se ha alcanzado el 8% del PIB que manda la carta fundamental para toda la educación. Ante una grave situación fiscal como la que enfrentamos, cabe preguntarse si es sensato exigir que se cumpla dicho mandato cuando no existe contenido presupuestario.
¿Dónde queda, pues, la vocación por el bien común de la que gustan tantísimo hablar los jerarcas universitarios? ¿Son acaso las universidades isletas situadas más allá del bien y del mal, al margen de compromisos y explicaciones? Nuestra Constitución consigna también el “derecho al trabajo”, pero cualquiera puede darse cuenta que tal mandato no depende de las decisiones políticas de un gobierno, sino de una dinámica económica próspera.
Urge un debate interno, serio y realmente democrático, sobre los destinos de los fondos de las universidades; urge exigir cuentas a todos los funcionarios y entregarlas cada vez que se nos pidan, sin escudarnos a cada minuto en el estribillo fácil de la autonomía.
Como profesor de la UCR, me siento en la obligación de honrar el valor de la educación como pilar fundamental de nuestro sistema exigiendo, precisamente, mayor autocrítica en nuestras casas de estudios.
Desgraciadamente, prevalece entre nosotros un silencio acomodaticio o estratégico, e incluso una censura tácita, a la hora de discutir ciertos temas. Es lamentable que en nuestras universidades nos autoproclamemos frecuentemente como conciencia lúcida de la sociedad, cuando somos incapaces de ejercer, con igual pasión y valentía, la crítica intramuros.
Considero que tanto el rector Jensen Pennington, como la Federación de Estudiantes (FEUCR), no han manejado el debate con toda transparencia y honestidad, no proporcionando el cuadro completo de la problemática e insistiendo solo en aquello que los beneficia. Peor aún, resulta incluso sádico desatar de buenas a primeras el pánico entre el estudiantado con la amenaza de una supuesta crisis terminal del sistema de becas. Eso se llama romper —adrede— el hilo por lo más delgado.
Más grave todavía es cuestionar el derecho que asiste a la Asamblea Legislativa de involucrarse en la discusión sobre el gasto y llamar a cuentas a las universidades.
Más dinero para las universidades públicas no significa más dinero para “la” educación, ni para una “mejor” educación.
Nuestro pueblo cada día es más desafecto a dejarse embaucar por la demagogia, y mucho más severo y vigilante frente a los destinos de los dineros públicos. Se acabó el tiempo en que las universidades pretendían estar más allá de todo cuestionamiento. Y enhorabuena.

Iván Villalobos Alpízar

Profesor UCR
villalpi@gmail.com