Sobre el conflicto con Nicaragua
| Sábado 13 noviembre, 2010
Sobre el conflicto con Nicaragua
Al igual que el resto de los costarricenses, en los últimos días he visto con alarma la germinación de un serio conflicto entre nuestro país y la hermana República de Nicaragua. Y del mismo modo que el resto de los costarricenses entiendo con bastante claridad las razones de ese conflicto. No está entre ellas, como insiste en afirmarlo el Gobierno de Nicaragua, una disputa sobre el trazado de la línea fronteriza o el contenido de los derechos que cada uno de los países tiene sobre el Río San Juan, aspectos ambos dilucidados con lapidaria claridad en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 13 de julio del 2009. A partir de esa sentencia nadie que no esté movido por la mala fe puede alegar ignorancia sobre la plena soberanía nicaragüense sobre el río o sobre los derechos de navegación y conexos de Costa Rica o sobre la soberanía costarricense sobre la margen derecha del río, incluyendo Isla Calero e Isla Portillos, así como nuestra posesión en común con Nicaragua de la Bahía de San Juan del Norte, todo de conformidad con el Tratado Cañas-Jerez de 1858, el Laudo Cleveland de 1888 y la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana de 1916. De nada de esto se trata, porque nada de esto admite ninguna duda razonable.
Las razones de este conflicto son otras y debemos decirlas con claridad. Lo que hay aquí es un burdo intento por parte del gobierno del Presidente Daniel Ortega para modificar en forma unilateral y por vías de hecho una demarcación fronteriza enteramente clara, agrediendo la soberanía costarricense e infligiendo en el proceso un severo daño ambiental a una zona protegida.
Pero hay más. Porque en el fondo la violación a la soberanía costarricense no es más que un medio innoble para que el Presidente Ortega perpetre una violación a la soberanía aún peor: a la soberanía que reside en el pueblo nicaragüense.
Este desafortunado incidente no es más que un expediente para legitimar la devastación por parte del Presidente Ortega de la institucionalidad democrática nicaragüense, del desmantelamiento de los frenos y contrapesos, las libertades políticas y los mecanismos de alternancia en el poder que con todas sus precariedades fueron el legado de dos guerras civiles y más de 100.000 muertos en Nicaragua. Esa es la verdadera tragedia y la verdadera violación a la soberanía que se esconde en este triste episodio. Se trata de una violación que ya se perpetró en el descarado fraude de las elecciones municipales del 2008 y que se intenta consumar en el 2011, mediante la reelección de Daniel Ortega por cualquier medio, proceso en el cual este sainete militar es tan solo una estación más en el itinerario.
Lo que estamos presenciando no es más que una vieja película en sepia, en la que el Comandante Ortega ha reemplazado al viejo Somoza con todos sus manes, hasta el de invadir recurrentemente a Costa Rica.
La invasión y ocupación de Isla Calero ya cumple más de una semana, y aún no se vislumbra una solución que conduzca al retiro inmediato e incondicional del Ejército de Nicaragua de nuestro territorio. Es sumamente improbable que la intervención de la Organización de los Estados Americanos logre revertir la situación actual, habida cuenta de las profundas divisiones regionales que desde hace años se han manifestado en ese foro. Ante ello, creo que nuestro gobierno no debe caer en trampas dilatorias y debe invocar el artículo 35.1 de la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de elevar este acto de agresión que amenaza la paz regional ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, debe iniciar sin más tardanza el cabildeo necesario con los 15 embajadores integrantes del Consejo y en especial con la Presidencia de turno, el Reino Unido, para que se adopten las medidas necesarias.
Por último, deseo manifestar enfáticamente que cualesquiera sean mis opiniones o reservas sobre el manejo de este incidente, es hora de dejarlas de lado para apoyar todas las gestiones que realice el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla para salvaguardar la soberanía nacional, hoy mancillada. Ese es nuestro deber como costarricenses.
Oscar Arias Sánchez
Ex Presidente de la República
Al igual que el resto de los costarricenses, en los últimos días he visto con alarma la germinación de un serio conflicto entre nuestro país y la hermana República de Nicaragua. Y del mismo modo que el resto de los costarricenses entiendo con bastante claridad las razones de ese conflicto. No está entre ellas, como insiste en afirmarlo el Gobierno de Nicaragua, una disputa sobre el trazado de la línea fronteriza o el contenido de los derechos que cada uno de los países tiene sobre el Río San Juan, aspectos ambos dilucidados con lapidaria claridad en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 13 de julio del 2009. A partir de esa sentencia nadie que no esté movido por la mala fe puede alegar ignorancia sobre la plena soberanía nicaragüense sobre el río o sobre los derechos de navegación y conexos de Costa Rica o sobre la soberanía costarricense sobre la margen derecha del río, incluyendo Isla Calero e Isla Portillos, así como nuestra posesión en común con Nicaragua de la Bahía de San Juan del Norte, todo de conformidad con el Tratado Cañas-Jerez de 1858, el Laudo Cleveland de 1888 y la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana de 1916. De nada de esto se trata, porque nada de esto admite ninguna duda razonable.
Las razones de este conflicto son otras y debemos decirlas con claridad. Lo que hay aquí es un burdo intento por parte del gobierno del Presidente Daniel Ortega para modificar en forma unilateral y por vías de hecho una demarcación fronteriza enteramente clara, agrediendo la soberanía costarricense e infligiendo en el proceso un severo daño ambiental a una zona protegida.
Pero hay más. Porque en el fondo la violación a la soberanía costarricense no es más que un medio innoble para que el Presidente Ortega perpetre una violación a la soberanía aún peor: a la soberanía que reside en el pueblo nicaragüense.
Este desafortunado incidente no es más que un expediente para legitimar la devastación por parte del Presidente Ortega de la institucionalidad democrática nicaragüense, del desmantelamiento de los frenos y contrapesos, las libertades políticas y los mecanismos de alternancia en el poder que con todas sus precariedades fueron el legado de dos guerras civiles y más de 100.000 muertos en Nicaragua. Esa es la verdadera tragedia y la verdadera violación a la soberanía que se esconde en este triste episodio. Se trata de una violación que ya se perpetró en el descarado fraude de las elecciones municipales del 2008 y que se intenta consumar en el 2011, mediante la reelección de Daniel Ortega por cualquier medio, proceso en el cual este sainete militar es tan solo una estación más en el itinerario.
Lo que estamos presenciando no es más que una vieja película en sepia, en la que el Comandante Ortega ha reemplazado al viejo Somoza con todos sus manes, hasta el de invadir recurrentemente a Costa Rica.
La invasión y ocupación de Isla Calero ya cumple más de una semana, y aún no se vislumbra una solución que conduzca al retiro inmediato e incondicional del Ejército de Nicaragua de nuestro territorio. Es sumamente improbable que la intervención de la Organización de los Estados Americanos logre revertir la situación actual, habida cuenta de las profundas divisiones regionales que desde hace años se han manifestado en ese foro. Ante ello, creo que nuestro gobierno no debe caer en trampas dilatorias y debe invocar el artículo 35.1 de la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de elevar este acto de agresión que amenaza la paz regional ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, debe iniciar sin más tardanza el cabildeo necesario con los 15 embajadores integrantes del Consejo y en especial con la Presidencia de turno, el Reino Unido, para que se adopten las medidas necesarias.
Por último, deseo manifestar enfáticamente que cualesquiera sean mis opiniones o reservas sobre el manejo de este incidente, es hora de dejarlas de lado para apoyar todas las gestiones que realice el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla para salvaguardar la soberanía nacional, hoy mancillada. Ese es nuestro deber como costarricenses.
Oscar Arias Sánchez
Ex Presidente de la República