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Sinopsis de la crisis fiscal y la política actual de no recaudación de una categoría importante de recursos fiscales potenciales
El crecimiento acelerado del déficit fiscal y del endeudamiento público, aunado a la continua pérdida de competitividad y a un crecimiento económico raquítico, están convirtiendo a Costa Rica en una bomba de tiempo.
El director del Departamento de Economía de la OCDE les dijo en 2017 a los diputados “que el grado de endeudamiento del país es casi tres veces el volumen de ingresos anual del Gobierno”, que este endeudamiento “es el más alto que existe en América Latina, después de El Salvador” y “que Costa Rica es percibida por los inversionistas como un país donde el riesgo es uno de los más grandes de América Latina”.
Y para complicar aún más las cosas, un estudio presentado el pasado 21 de julio de 2017 por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló que el país “se enfrenta a un panorama de desaceleración del crecimiento de su economía, de aumento de las tasas de interés y una mayor inflación”. El Banco Central ha informado también que la “economía crecerá menos este año”.
Los medios de comunicación han mantenido informada a la población sobre la severa situación que el país enfrenta, con informaciones como las siguientes:
Los medios de comunicación también han mantenido informada a la población sobre el creciente endeudamiento público, con informaciones como las siguientes:
En el informe “Presupuestos Públicos 2018: situación y perspectivas”, la Contraloría General de la República (CGR) advierte que un 44,7% del presupuesto se está financiando con deuda, lo cual aumenta el servicio de deuda año con año y pone al país en una ruta hacia el descalabro económico.
En el presupuesto del 2018, el servicio de la deuda pública estimado por el Ministerio de Hacienda representa el 32% del presupuesto total, lo cual es por mucho el principal componente del gasto público. Para mejor apreciar la magnitud del gasto para atender la deuda pública, conviene compararlo con otros rubros del presupuesto. Por ejemplo, los presupuestos del MOPT y del Poder Judicial representan cada uno el 5,1% del presupuesto.
Para resolver parcialmente este grave problema que obstaculiza el desarrollo del país, el Gobierno propuso a la Asamblea Legislativa un aumento de los impuestos en el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que recaudaría únicamente el 1,9% del PIB. Una Comisión Especial de diputados lo aprobó con varias modificaciones.
De aprobarse por la Asamblea Legislativa, este aumento de los impuestos no va a resolver el serio problema fiscal que el país tiene, ya que se estima que el déficit fiscal llegará al 7,1% del PIB en el 2018 y al 8% en el 2019. Se estima que la deuda pública llegará al 53% del PIB en el 2018.
Por lo tanto, aun con la aprobación del aumento de impuestos propuesto, seguiremos teniendo un alto déficit fiscal, por lo que el elevado endeudamiento público continuará creciendo.
Consecuentemente, el servicio de la deuda continuará creciendo y aumentará aún más su participación en el presupuesto, por lo que seguirá comiéndose cada vez más los escasos recursos del presupuesto nacional.
En las condiciones en que se encuentra el país, el Estado no debe seguir endeudándose más, no solamente por el alto costo y creciente impacto que tienen los intereses en el presupuesto nacional, sino porque también el Estado ya casi no tiene más capacidad para seguir endeudándose. La situación se está volviendo insostenible y el Estado no puede continuar viviendo de prestado.
A su vez, el creciente déficit fiscal y el creciente endeudamiento obstaculizarán fuertemente la reactivación de la economía nacional, la competitividad, la creación de nuevas fuentes de empleo y la generación de nuevos recursos fiscales a través del crecimiento económico.
Y para agravar aún más la situación, se informa que “el Ministerio de Hacienda indica que entre el 2018 y el 2021 vence un tercio de la deuda (externa), y en los próximos años vence casi toda la deuda interna, por lo que es fácil prever presiones a las tasas de interés con el consiguiente incremento del gasto por intereses en el presupuesto nacional”.
Ante este sombrío panorama, los expertos señalan que “el país se torna cada vez más vulnerable y riesgoso”, por lo que las tasas de interés del nuevo endeudamiento que se adquiera serán cada vez más elevadas, lo que obligará al país a dedicar aún más los escasos recursos del presupuesto nacional para el servicio de la deuda y menos recursos para todos los otros fines (salud, educación, vivienda, seguridad, infraestructura, lucha contra la pobreza, entre muchos otros).
Sobre este tema, el periódico La República reporta que “la tasa de interés que paga Costa Rica por su deuda este año promediará el 8%, siendo la más alta de Centroamérica” y el informe de la OCDE Costa Rica 2018 señala que “los rendimientos de bonos soberanos externos se encuentran entre los más altos de América Latina”.
Para agravar aún más la situación, las tasas de interés de la deuda pública aumentarán también en el futuro por el efecto del crecimiento de las tasas de interés a nivel internacional, por lo que se deberán dedicar aún más recursos del presupuesto nacional para este fin y menos para los otros fines esenciales del Estado.
Hay que tener presente igualmente que el aumento de los impuestos afecta la economía y su dinamismo, reduce la competitividad nacional y disminuye el poder adquisitivo de las personas y la calidad de vida de la población, por lo que no se puede seguir aumentando la carga fiscal. Los impuestos también harán que el país sea aún más caro de lo que ya es y reducirán a su vez el consumo, lo que impactará el crecimiento económico (y consecuentemente la generación de recursos fiscales).
Un país no puede desarrollarse a punta de aumentos continuos en los impuestos y en el endeudamiento público. Hay que crear y desarrollar nuevas fuentes competitivas de riqueza nacional que complementen a las actuales y que fomenten el desarrollo económico y social, la competitividad y la generación de nuevos recursos fiscales.
El aumento de los impuestos que se pretende hacer en Costa Rica está por darse en un momento en que muchos países en el mundo más bien los están reduciendo para beneficiar el desarrollo, la competitividad, el crecimiento, el empleo y la prosperidad.
El aumento de los impuestos que está actualmente en discusión enfrenta igualmente serios obstáculos para su aprobación en la Asamblea Legislativa.
En los medios de comunicación se informa que los “diputados de la futura Asamblea Legislativa tienen dudas sobre su apoyo a la reforma fiscal del Gobierno” y que los “futuros diputados piden frenar la reforma fiscal” porque “reclaman el derecho a revisar el proyecto y a hacerle cambios”.
Toda esta problemática que está ocurriendo sobre este proyecto de aumento de impuestos (oposición de muchos sectores económicos y sociales, dudas, etc.), y que no resuelve tampoco el déficit fiscal, se está dando sin tomar en cuenta que en el territorio nacional se tiene identificado un enorme potencial de recursos fiscales nuevos que no aumentan la carga fiscal para la población y que eliminaría por completo el problema fiscal y el problema del creciente endeudamiento que está llevando al país a una catástrofe económica y social.
Y para recaudar sosteniblemente estos recursos fiscales de la manera que lo hacen muchos países exitosos, no se requiere una nueva normativa legal, ya que la Ley 7399 y otras normas legales complementarias, como la Ley Orgánica del Ambiente (Ley 7554), permiten hacerlo. Las formas y mecanismos para realizarlo exitosamente también existen y están a la vista. Hay muchos países con economías pujantes que recaudan sosteniblemente estos recursos fiscales y que son reconocidos en el mundo por ser muy exitosos en lo económico, lo social y lo ambiental.
El factor principal de la decisión en esos países para desarrollar estos recursos, utilizando los más altos estándares ambientales existentes en el mundo, es la generación de grandes cantidades de recursos fiscales y de divisas para beneficio nacional. Sus políticas exitosas de sostenibilidad económica, social y ambiental y sus resultados han sido analizados en otras columnas.
Ciertos grupos en el país se oponen a lo que hacen muchos de estos países exitosos para beneficio nacional (como Noruega), a pesar de que la evidencia en el mundo demuestra que no se puede lograr la sostenibilidad social y ambiental sin tener asegurada complementariamente la sostenibilidad económica.
Estos grupos, que no proponen ninguna solución a los serios problemas del déficit fiscal y del creciente endeudamiento del Estado para lograr la sostenibilidad económica del país, omiten señalar también que el desarrollo sostenible debe asegurar el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del ambiente.
Teniendo identificados con estudios rigurosos los recursos fiscales potenciales que existen en el país y teniendo la normativa legal para recaudarlos sosteniblemente, como lo hacen muchos países exitosos, aquí se prefiere actualmente adoptar una ruta fiscal que no solamente no resuelve el problema fiscal y el problema del aumento continuo del endeudamiento del Estado, sino que además le genera a la población grandes sacrificios, y ensombrece su desarrollo y su calidad de vida en el futuro.
