Sindicatos temen trueque en contra de empleo público
Archivo/La República
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Los cambios de último momento en la ley contra el fraude fiscal, dispararon la inquietud de los sindicatos, quienes denuncian que el Gobierno estaría dispuesto a revisar los pluses salariales de los empleados públicos, a cambio de un puñado de nuevas herramientas para reducir la evasión y la elusión.

La preocupación de los gremios de trabajadores, se debe a que la ley de empleo público que revisaría los pluses salariales, limitaría incentivos como la disponibilidad, la restricción al ejercicio profesional y las anualidades, asimismo, establecería nuevas reglas para la negociación de convenciones colectivas.

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“Estamos en presencia de una especie de trueque político, más bien, un chantaje político, que consiste en el intercambio de aprobarle al Gobierno algunas de los artículos que ha propuesto para atacar, aunque sea mínimamente, el grave robo de impuestos, a cambio de que el Gobierno avale y hasta dé sus votos para aprobar por la vía rápida la ley contra el empleo público”, dijo Albino Vargas, coordinador del colectivo Patria Justa.

En los últimos tres años los incentivos que reciben los burócratas del gobierno central, pasaron de ¢343 mil millones a ¢422 mil millones.

En principio, los argumentos de Vargas parecieran no ser congruentes con la posición de la bancada oficialistas del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien se ha negado a los cambios de último momento que metieron los partidos de oposición, a la ley contra el fraude fiscal.

De hecho, Henry Mora, legislador por el PAC en la comisión de hacendarios, informó que tratará de revertir las modificaciones.

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Este martes, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario, aprobaron un nuevo texto sustitutivo para la ley contra el fraude fiscal, la cual, deberá estar aprobada en primer debate antes de finalizar septiembre.

Una de las modificaciones más importantes es la imposibilidad que tendría la Administración Tributaria para hacer embargos administrativos como lo hace en la actualidad, ya que en la propuesta de ley se incluye la figura de un juez que determinará sobre los embargos de cuentas y bienes inmuebles, en un plazo de diez días.


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