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Trabajadores acudirán a un juzgado, a la Sala IV y a la Contraloría para frenar proceso
Sindicatos arremeten contra apertura celular
Tarifas que pagarán las empresas por interconectarse a red del ICE mantienen encendida la disputa

Desde todos los flancos posibles, los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) atacarán el proceso de apertura celular.
Las acciones incluyen la presentación de una apelación ante la Contraloría General de la República debido a las tarifas de interconexión que deben pagar las empresas por interconectarse a la infraestructura del ICE, así como una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo por el mismo tema.
Asimismo se planteará una acción de inconstitucionalidad contra la declaratoria como “uso no exclusivo” de varias frecuencias del espectro electromagnético asignado al ICE. Esto permite que otras empresas puedan utilizar el espacio anteriormente asignado a la entidad, para operar.
Tanto la apelación ante la Contraloría como la acción de inconstitucionalidad se presentarían a más tardar hoy, mientras que la denuncia ante el Juzgado también se efectuaría en el transcurso de la semana, confirmó Gerardo Fumero, ingeniero en telecomunicaciones y uno de los representantes de los trabajadores de la entidad.
En relación con las tarifas de interconexión, los gremios del ICE reclaman que los pagos que efectuarán las empresas son muy bajos, incluso inferiores a los costos de operación que mantiene el Instituto, lo cual sería prácticamente como “regalar” un bien del Estado.
El pago que deberán efectuar las compañías por los servicios de red celular sería en promedio de ¢17,95, en lugar de los ¢26,68 por minuto que pretende el ICE. Del mismo modo el Instituto deberá cobrar ¢16 menos de lo estimado inicialmente por la terminación de llamadas en la telefonía fija.
Por este tema en noviembre Eduardo Doryan, presidente ejecutivo del ICE, había anunciado que presentaría una denuncia ante un Juzgado, pero luego de conocer que la Superintendencia de Telecomunicaciones estaba analizando un nuevo esquema de tarifas celulares para la entidad, decidió no acudir a instancias judiciales.
En ese momento Doryan calculó que las pérdidas del ICE ascenderían a unos ¢30 mil millones anuales, si se mantienen las tarifas propuestas.
Por otra parte, en cuanto al espectro de microondas, que son las frecuencias que permitirán a las empresas interconectarse con las torres celulares, se reclamará el hecho de que hayan sido declaradas de uso no exclusivo por parte del Estado; es decir, esto elimina el monopolio que existía sobre estas.
Estas acciones eventualmente no frenarían el proceso de concesión de frecuencias celulares, las cuales ya fueron asignadas a América Móvil de México y Telefónica de España. Sin embargo, sí podrían generar algún atraso para su entrada en operaciones, especialmente en la Sala IV y en el Juzgado Contencioso Administrativo.
Los problemas en torno al proceso de apertura celular han estado presentes a lo largo de casi todo el camino.
Aun así, en los últimos dos meses había cobrado rapidez con la adjudicación por parte del Ejecutivo de dos frecuencias celulares a favor de América Móvil y Telefónica.
Por ambas frecuencias, las empresas deberán cancelar $170 millones, los cuales irán a un Fondo de Telecomunicaciones destinado a proyectos relacionados con la educación, salud y tecnología.

Luis Valverde
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