Está visto que ni el TSE, ni la Fiscalía anticorrupción, ni las procuradurías del estado han hecho nada significativo para perseguir estas irregularidades (en la deuda política)

Sinceramente

Argumentaba la semana pasada sobre la urgencia de la reforma política en el país. En la urgencia de modificar los instrumentos de elección de los diputados, de la necesidad de poder revocarlos en sus funciones a través de un referéndum, de votar de manera directa por ellos, conociendo por su nombre a quienes estamos votando como diputados de nuestra circunscripción.
Argumentaba entonces sobre la importancia de tener diputados electos por distritos electorales, pero también por diputados nacionales para tener la virtuosa mezcla de localismo y de interés nacional.
Hoy deseo reiterar con firmeza sobre la urgencia, sobre la olla de presión sobre la que estamos sentados, sobre la gravedad de posponer instrumentos que hagan que nuestra democracia electoral sea efectiva y participativa.
No podemos circunscribir la reforma política a la Asamblea Legislativa y olvidarnos de los partidos políticos, sus mecanismos de financiamiento, los portillos en las leyes, los negocios con la publicidad de los partidos, la deuda política pagada por adelantado y los controles sobre los 42 o 43 mil millones que habrán de desembolsarse en esta próxima campaña.
Hay que financiar la democracia electoral. Hay que evitar que el narco y los intereses de los que usan el dinero para comprar poder e influencia prevalezcan en la elección. Pero ¡sinceramente! , hay que acabar con el negociazo de la campaña electoral.
Hemos visto con profunda preocupación los instrumentos utilizados en el pasado reciente como contratos de alquiler de carros y propiedades por valores inmensos que hacen que los dineros salgan de todo control.
Hemos visto con más preocupación a distinguidos tesoreros y comisiones de financiamiento en los grandes partidos, adornadas por títulos, posiciones y merecimientos, que buscaron subterfugios para eludir los controles.
Hemos visto personeros de partidos fingir gastos que habían hecho parcialmente para dejarle al “partido la plata” no gastada del valor del importe total.
O sea incurrieron en un presunto delito de simulación para sacar dinero del estado y darlo a terceros. O sea vendieron al estado sus labores de carácter voluntario para sacarle plata. Huele mal y estos negocios o mecanismos o subterfugios para cubrir con hoja de parra las vergüenzas, deben cesar. ¡No más! Está visto que ni el TSE, ni la Fiscalía anticorrupción, ni las procuradurías del estado han hecho nada realmente significativo para perseguir estas irregularidades.
Hasta donde sé no hay procedimientos judiciales encaminados a penar estas conductas. En materia penal el fondo priva sobre la forma. En materia penal los subterfugios no cuentan, se obvian, se descartan.
Qué pasa que no hay resultados de denuncias y de investigaciones. Impunidad cero, impunidad no más, la impunidad se acabó. Entendamos bien, porque si no se acaba, se nos va a acabar el sistema. ¿Sinceramente, queremos acabar con el sistema?

Emilio Bruce
Profesor
abruce@larepublica.net

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