En relación con los viajes que la Presidenta haría al exterior, debería haberse definido desde el inicio de la administración, por parte de los funcionarios a cargo, de qué manera se harían. Un análisis hoy en este medio propone soluciones

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Sin errores, sin favores

Una serie de funcionarios de varias dependencias públicas, cuyos salarios pagan los costarricenses, están ahí para, en forma coordinada y en estrecha comunicación y cooperación, brindar seguridad a la presidenta de la República.
En el aspecto de esa seguridad relacionado con los viajes que la Mandataria haría al exterior, debería haberse definido desde el inicio de la administración, por parte de esos funcionarios, de qué manera se solucionaría el medio de transporte, estableciendo una estrategia, un presupuesto y un protocolo a seguir.
Se entiende, desde luego, que una vez establecida la mecánica de trabajo para cumplir con ello, se le comunicaría a la Presidenta y de ahí en adelante, todos sabrían de su imposibilidad de obviarlo bajo ninguna circunstancia y bajo riesgo de asumir toda la responsabilidad en caso de hacerlo.
Esto que decimos no es producto de un conocimiento técnico en la materia ni de una experiencia, solo es la conclusión a que se llega haciendo uso del sentido común, lógica y el apego a las responsabilidades.
Sin embargo, pareciera que nada de esto ha estado funcionando de modo semejante en la actual administración.
Un análisis publicado hoy en este medio resume en pocas líneas que, aunque en los últimos diez años, los presidentes de Costa Rica han aceptado paseos en aviones privados, existen riesgos e inconveniencia en ello.
Señala también el análisis, tres posibles opciones para los viajes presidenciales, dos de las cuales “son realistas”, tomando en cuenta ventajas y desventajas o posibles problemas y también un estimado de costos.
Esas u otras opciones suponemos que pudieron haberse analizado al iniciar la administración y adoptado finalmente una decisión y una política a seguir al respecto.
Lamentablemente pareciera que no fue así, por la forma en que se han producido los desplazamientos y especialmente tomando en cuenta los viajes a Venezuela y recientemente a Perú, objeto de escándalo, posible riesgo para la seguridad de la Presidenta y causa de que se desprestigie a Costa Rica.