En dos meses vence el contrato con la empresa española Riteve
Sin revisión técnica vehicular habría más accidentes, robos y venta de carros declarados con pérdida total
Una mayor evasión fiscal sería otra de las consecuencias si el Estado no extiende o licita el contrato
Walter Herrera wherrera@larepublica.net | Jueves 26 mayo, 2022
Si Costa Rica se queda sin el servicio de la revisión técnica vehicular en dos meses, habría más accidentes de tránsito y una mayor evasión fiscal, así como un peligro más alto de robo de vehículos y hasta venta de carros declarados con pérdida total.
Y es que el servicio que hoy brinda la empresa española Riteve – que termina su contrato a mediados de julio – no solo implica una revisión mecánica y periódica del parque automotor, sino que al mismo tiempo es un filtro que reduce la posibilidad de diversos ilícitos y peligros.
Lea más: (Video) Rechazada extensión de contrato para Riteve por tres años
Es por ello, que diversos actores hacen un llamado al gobierno para que licite cuanto antes el servicio y al mismo tempo, extienda el contrato de manera temporal a Riteve.
La revisión técnica, indistintamente de qué empresa esté a cargo, implica otras acciones que desencadena tras la importación de las unidades al país, según la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema).
“Cuando aduanas pasa la declaración única aduanera, la revisión vehicular es el órgano técnico del Estado, como el ojo que verifica físicamente que la información coincida con lo que ven. Ellos analizan el vehículo y definen si se debe hacer una corrección arancelaria. Si dicen que es diésel pero es gasolina, va marcha atrás, si dicen que es automático pero es manual, lo devuelven, y eso incide directamente en la recaudación fiscal”, indicó Lilliana Aguilar, directora ejecutiva de Aivema.
Lea más: Dos años más de contrato para Riteve es lo que pidió el MOPT a la Contraloría
Esta revisión además está a cargo de investigar si hubo modificaciones en el número VIN (Vehicle Identification Number, por sus siglas en inglés), que evita que unidades declaradas con pérdida total, con chasis no autorizado o sin los requisitos generales, circulen en el país.
Por otra parte, las autoridades de inspección técnica vehicular también definen los tipos de placa asignados a los vehículos – ya sea automóvil, equipo especial, camión, etc - y eso repercute directamente en la inscripción y aseguramiento de los modelos.
“Lo más importante es que ellos hacen la verificación a posteriori, son el control, la confirmación de la información, el ojo técnico, pasan por el semáforo, por lo que la revisión técnica se convierte en un embudo a favor del Estado y dicta qué está bien y qué está mal. Incluso coordinan con el OIJ para encontrar números VIN alterados, o carros robados”, agregó Aguilar.
A pocos días de que venza el contrato y ante la falta de definición del gobierno de Rodrigo Chaves, Aivema advierte que sería un grave error trasladar la revisión técnica vehicular al Estado, ya que esto significaría regresar al punto de inicio.
Esto, porque la inspección fue dada en concesión por la corrupción y mal servicio que brindaba el gobierno hace dos décadas.
“Las frecuentes anomalías en el manejo de las inspecciones, la falta de uniformidad en los criterios, instalaciones inadecuadas, la falta de control y otras situaciones, deberían de ser tomadas en consideración antes de pensar en devolver el servicio a manos del Estado”, agregó Aguilar.
Ahora, a menos de dos meses del vencimiento del contrato, no hay claridad con respecto al futuro de la revisión, ya que si no hay algún arreglo contractual, el servicio no se brindará más.
Además, un proceso de licitación pública para otorgar la administración del servicio no tardaría menos de un año, al incluir el concurso y la adjudicación del servicio, según Claudio Donato, abogado en derecho público.
“Es una decisión de la administración, no es algo que tenga derecho el contratista, pero al modificar el contrato, el equilibrio financiero se debe mantener pero no se puede entregar a dedo porque esto es un proceso licitatorio. Primero se debe dar una justificación técnica que determine que es en favor del interés público, frente a hacer una nueva contratación, el plazo puede variar según la necesidad”, señaló Donato.
