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Se tendrían que pagar 14 salarios más (especializados) en Aviación Civil, pero además se seguiría gastando de los fondos del fideicomiso de fiscalización para contratar profesionales (consultorías)


Sigue engordando el Estado

Abrirá nuevas plazas la Dirección General de Aviación Civil, a contrapelo con lo que es una necesidad imperiosa en el país: reducir la planilla pública, pesada carga sobre el bolsillo del sector productivo.
No es algo nuevo. La administración anterior abrió miles de plazas sin que mejoraran en nada significativo los servicios que daban las instituciones adonde iban a parar esos puestos, como en el caso de la Caja.
Los razonamientos que se hacen en Aviación Civil, para justificar 14 plazas más y tener así el doble del personal que supervisa los aeropuertos Juan Santamaría y el Daniel Oduber, son que de ese modo se dejarían de contratar consultorías y el conocimiento que se vaya adquiriendo se quedaría en la institución.
El argumento sin embargo no parece sólido y deja interrogantes.
Se tendrían que pagar 14 salarios más (especializados, caros) para que unidos a las otras 14 plazas ya existentes laboraran 28 funcionarios en lo que llaman el nuevo órgano fiscalizador.
Pero además de esto, se seguiría gastando de los fondos del fideicomiso de fiscalización (los $300 mil anuales) para contratar profesionales a fin de apoyar las decisiones que deberán tomar los nuevos fiscalizadores. Es decir, se multiplican los gastos porque no es real que se acaban las contrataciones.
Entre las múltiples interrogantes que esto deja y el mal sabor de ver como se sigue engordando un estado ya obeso y causante del déficit fiscal que padecemos, una de ellas es ¿por qué 28 funcionarios de primer orden no alcanzan a cubrir las diferentes especialidades necesarias para la fiscalización, sino que requieren siempre consultorías? Y… ¿es que actualmente no hay personal de apoyo en planillas?…
Además, si el fideicomiso es para supervisión, de él deberían salir los pagos de todo lo necesario para realizarla, y no del presupuesto.
Este tipo de decisiones, en las diferentes instituciones, ha venido engrosando indebidamente las planillas públicas y generando la situación de déficit fiscal que lleva a pedir más dinero a los contribuyentes.
Aun si tienen independencia financiera, los jerarcas de estos órganos han sido nombrados para actuar acorde con las circunstancias económicas del país y no al contrario.
Otra de las grandes preguntas sin respuesta aún es: ¿se sabe cuántas plazas de profesionales subutilizados hay en algunas instituciones que bien podrían dar las asesorías y el apoyo que otras requieren?
¿Cuánto más y bajo qué insostenibles excusas tendrán que esperar los costarricenses para que se hagan los movimientos indispensables para una real reestructuración del estado?
¿Que esto tiene un costo político?… La situación actual del Estado también lo tiene.

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