Siete años perdidos con Alterra
| Martes 10 junio, 2008
Siete años perdidos con Alterra
En mayo de 2004 el Ministro de Transportes dijo “la decisión está tomada, el gobierno revocará el contrato con Alterra, no tenemos otra opción, está incumpliendo el contrato”. Nada sucedió. En febrero de 2005 el Ministro dijo que “el Estado asumiría el aeropuerto este lunes”. Nada ocurrió. En junio 2005 el mismo Ministro, que había dado ultimátum a Alterra, declaró: “Ni un día más de plazo, doy por agotado el tema, ya llevamos siete meses en esta negociación”. Nada sucedió, las obras siguieron paralizadas y Alterra siguió recibiendo los ingresos del aeropuerto sin ejecutar las obras. En noviembre de 2005 la Contraloría General dio “un plazo máximo de 10 días para se ordene a Alterra el reinicio inmediato de las obras”. A pesar de la renuencia del Ministro, tuvo que acatar la orden, pero Alterra solo reinició unas pocas obras e incumplió lo ordenado por la CGR.
En abril de 2006 una comisión investigadora nombrada por CETAC a pedido de la CGR, señaló graves incumplimientos de Alterra, y pidió aplicarle sanciones y multas, y la apertura del proceso de resolución del Contrato. Pero CETAC acordó una “conciliación” con Alterra. ¿Alcahuetería? El 5 de mayo de 2006, dos días antes de terminar la administración, el CETAC presentó un nuevo addendum al contrato para aumentar a 90% la proporción a Alterra de los ingresos del aeropuerto (el contrato le daba un 64,8%).
El presidente Arias y su ministra de Transportes, mediante oficio del 27 de junio a la Contraloría, respaldaron esta ilegal pretensión, que fue rechazada el 1º de agosto: “Se devuelve sin refrendo porque la pretensión básica del addendum es restituir un equilibrio financiero sustentado en condiciones que nunca formaron parte del contrato". Añadió la CGR: ”...implica un aumento de ingresos al Gestor por encima de lo previsto en el contrato y una variación en la distribución de riesgos”. ¡Gracias le sean dadas a la Contraloría por salvar al país de esos insaciables apetitos!
En diciembre de 2006 el CETAC informó el inicio de un proceso para la terminación del contrato y dio 60 días para que Alterra cumpliera. El 19 de enero 2007 recibió una propuesta, amparada por bancos acreedores de Alterra, que pedía similares gollerías, entre otras, alargar el contrato por cinco años, hasta 2026, de nuevo con la cantaleta del desequilibrio financiero.
Un comité técnico del CETAC la analizó y propuso, a mediados de 2007, que ante el rechazo por la CGR del desequilibrio, se recurriera a la figura de “un mutuo acuerdo entre las partes ante situaciones imprevisibles y para satisfacer el interés público”. ¿Habrase visto mayor cinismo?
Ha transcurrido año y medio desde que se inició el proceso de terminación anticipada, y Alterra, sin construir las obras, se ha embolsado durante ese periodo ingresos del aeropuerto por unos $35 millones (¢18 mil millones). A falta de un acuerdo, incluyendo a los bancos acreedores, el gobierno promovió que el Banco Centroamericano comprara la deuda de Alterra, una cesión del contrato con descuento, pero la negociación no prosperó. ¿Quién metía al BCIE a sacarle las castañas del fuego a la abusiva Alterra con fondos para el desarrollo de la región?
Así se llegó al colmo de que ahora el gobierno, en lugar del camino lógico de rescindir el contrato por incumplimiento y readjudicar o asumir las obras faltantes y la operación —para lo cual tiene $39 millones ociosos en caja, y le entrarían más de $50 millones en 2008-2009 por ingresos del aeropuerto, suficiente para concluir las obras, permite que sea Alterra quien busque a otra empresa— abdicó su derecho. Pero no hay tal otra empresa, lo que se propone es una simple venta del 95% de sus acciones. O sea, se trata de un cambio de dueños de la empresa. Esta no es solución, ni parece apegada a la legalidad. Entre otras, viola la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, que exige en tal caso rescindir el contrato, lo que también se requiere por la acumulación de multas, que no han sido cobradas.
Para rematar, siempre bajo el hechizo que ha ejercido Alterra sobre tres gobiernos, se extendería el contrato hasta 2026, que le daría al Gestor ingresos adicionales por cerca de $300 millones.
Si pasa esta gollería, Alterra vendería sus acciones a un mejor precio y se iría muy campante, habiéndose burlado del país y causado que quedara rezagado en la región en materia aeroportuaria. Alterra hizo lo que le vino en gana, cobró desde 2002 tarifas ilegales que la CGR objetó, pero el CETAC no las corrigió; el presidente Rodríguez le autorizó a Bechtel un préstamo por $12,4 millones —que no ha cancelado—; Alterra le pagó a sus socios subcontratistas $83 millones por obras que valían $37 millones y no las concluyó en siete años; evadió pagar multas millonarias por atraso; metió 13 demandas arbitrales y un juicio contencioso contra el Estado; ahora pretende traspasar las acciones a una empresa de su escogencia, y marcharse sin que le caigan sanciones.
Nunca se vio en Costa Rica —ni en un país que se precie de soberano y de respetuoso de la legalidad— semejante arrogancia de una empresa, ni actitud tan complaciente de varios gobiernos con un contratista que incumplió reiteradamente sus obligaciones legales.
No perdemos la esperanza de que todo esto se explique al país con claridad, para que la opinión pública sepa a qué atenerse sobre si aún existe el Estado de Derecho en Costa Rica.
Manuel Sáenz Herrero, Otto Escalante, Rodolfo Silva, Juan José Sobrado, Rodrigo Cuesta
En mayo de 2004 el Ministro de Transportes dijo “la decisión está tomada, el gobierno revocará el contrato con Alterra, no tenemos otra opción, está incumpliendo el contrato”. Nada sucedió. En febrero de 2005 el Ministro dijo que “el Estado asumiría el aeropuerto este lunes”. Nada ocurrió. En junio 2005 el mismo Ministro, que había dado ultimátum a Alterra, declaró: “Ni un día más de plazo, doy por agotado el tema, ya llevamos siete meses en esta negociación”. Nada sucedió, las obras siguieron paralizadas y Alterra siguió recibiendo los ingresos del aeropuerto sin ejecutar las obras. En noviembre de 2005 la Contraloría General dio “un plazo máximo de 10 días para se ordene a Alterra el reinicio inmediato de las obras”. A pesar de la renuencia del Ministro, tuvo que acatar la orden, pero Alterra solo reinició unas pocas obras e incumplió lo ordenado por la CGR.
En abril de 2006 una comisión investigadora nombrada por CETAC a pedido de la CGR, señaló graves incumplimientos de Alterra, y pidió aplicarle sanciones y multas, y la apertura del proceso de resolución del Contrato. Pero CETAC acordó una “conciliación” con Alterra. ¿Alcahuetería? El 5 de mayo de 2006, dos días antes de terminar la administración, el CETAC presentó un nuevo addendum al contrato para aumentar a 90% la proporción a Alterra de los ingresos del aeropuerto (el contrato le daba un 64,8%).
El presidente Arias y su ministra de Transportes, mediante oficio del 27 de junio a la Contraloría, respaldaron esta ilegal pretensión, que fue rechazada el 1º de agosto: “Se devuelve sin refrendo porque la pretensión básica del addendum es restituir un equilibrio financiero sustentado en condiciones que nunca formaron parte del contrato". Añadió la CGR: ”...implica un aumento de ingresos al Gestor por encima de lo previsto en el contrato y una variación en la distribución de riesgos”. ¡Gracias le sean dadas a la Contraloría por salvar al país de esos insaciables apetitos!
En diciembre de 2006 el CETAC informó el inicio de un proceso para la terminación del contrato y dio 60 días para que Alterra cumpliera. El 19 de enero 2007 recibió una propuesta, amparada por bancos acreedores de Alterra, que pedía similares gollerías, entre otras, alargar el contrato por cinco años, hasta 2026, de nuevo con la cantaleta del desequilibrio financiero.
Un comité técnico del CETAC la analizó y propuso, a mediados de 2007, que ante el rechazo por la CGR del desequilibrio, se recurriera a la figura de “un mutuo acuerdo entre las partes ante situaciones imprevisibles y para satisfacer el interés público”. ¿Habrase visto mayor cinismo?
Ha transcurrido año y medio desde que se inició el proceso de terminación anticipada, y Alterra, sin construir las obras, se ha embolsado durante ese periodo ingresos del aeropuerto por unos $35 millones (¢18 mil millones). A falta de un acuerdo, incluyendo a los bancos acreedores, el gobierno promovió que el Banco Centroamericano comprara la deuda de Alterra, una cesión del contrato con descuento, pero la negociación no prosperó. ¿Quién metía al BCIE a sacarle las castañas del fuego a la abusiva Alterra con fondos para el desarrollo de la región?
Así se llegó al colmo de que ahora el gobierno, en lugar del camino lógico de rescindir el contrato por incumplimiento y readjudicar o asumir las obras faltantes y la operación —para lo cual tiene $39 millones ociosos en caja, y le entrarían más de $50 millones en 2008-2009 por ingresos del aeropuerto, suficiente para concluir las obras, permite que sea Alterra quien busque a otra empresa— abdicó su derecho. Pero no hay tal otra empresa, lo que se propone es una simple venta del 95% de sus acciones. O sea, se trata de un cambio de dueños de la empresa. Esta no es solución, ni parece apegada a la legalidad. Entre otras, viola la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, que exige en tal caso rescindir el contrato, lo que también se requiere por la acumulación de multas, que no han sido cobradas.
Para rematar, siempre bajo el hechizo que ha ejercido Alterra sobre tres gobiernos, se extendería el contrato hasta 2026, que le daría al Gestor ingresos adicionales por cerca de $300 millones.
Si pasa esta gollería, Alterra vendería sus acciones a un mejor precio y se iría muy campante, habiéndose burlado del país y causado que quedara rezagado en la región en materia aeroportuaria. Alterra hizo lo que le vino en gana, cobró desde 2002 tarifas ilegales que la CGR objetó, pero el CETAC no las corrigió; el presidente Rodríguez le autorizó a Bechtel un préstamo por $12,4 millones —que no ha cancelado—; Alterra le pagó a sus socios subcontratistas $83 millones por obras que valían $37 millones y no las concluyó en siete años; evadió pagar multas millonarias por atraso; metió 13 demandas arbitrales y un juicio contencioso contra el Estado; ahora pretende traspasar las acciones a una empresa de su escogencia, y marcharse sin que le caigan sanciones.
Nunca se vio en Costa Rica —ni en un país que se precie de soberano y de respetuoso de la legalidad— semejante arrogancia de una empresa, ni actitud tan complaciente de varios gobiernos con un contratista que incumplió reiteradamente sus obligaciones legales.
No perdemos la esperanza de que todo esto se explique al país con claridad, para que la opinión pública sepa a qué atenerse sobre si aún existe el Estado de Derecho en Costa Rica.
Manuel Sáenz Herrero, Otto Escalante, Rodolfo Silva, Juan José Sobrado, Rodrigo Cuesta