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Ambos grupos se atacan en el seno del TSE
“Sí” y “no” intensifican campaña de denuncias

• Críticas por visita de senador y congresista estadounidense y por aporte a campaña

Oscar Rodríguez
orodriguez@larepublica.net  

En la recta final hacia el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta), los representantes del “sí” y del “no” han intensificado sus campañas de denuncias, y para ello utilizan el seno del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Primero, un grupo de ciudadanos, con el apoyo de la Alianza Ciudadana por el Sí, acusó a Ottón Solís y Epsy Campbell, ambos líderes del Partido Acción Ciudadana (PAC), por supuestamente promover que extranjeros participen en el actual proceso de decisión.
En específico se trató de la invitación para que el senador demócrata Bernard Sanders y el congresista Michael Michaud respondieran en el país a dudas y su visión del Cafta.
“Con la visita del senador y el congresista se violenta la prohibición constitucional que limita la participación de los extranjeros en los asuntos políticos del país”, sostuvo Miguel Schyfter, uno de los denunciantes.
El empresario textilero recalcó que la llegada de los políticos estadounidenses es diferente al apoyo al Cafta que han dado en el país otros congresistas, pues en ese momento no había por medio un referéndum. “Soy un sujeto de derecho privado que puede hacer lo que desee en esta materia, no creo que tenga límite para hacerlo”, adujo por su parte Solís, quien agregó que esperará la respuesta de los magistrados a la denuncia.
Por otra parte, el TSE ordenó una investigación en la Liga Agrícola de la Caña de Azúcar (Laica) con base en un recurso de amparo electoral presentado por diputados del PAC, quienes denuncian una supuesta utilización de dinero de la entidad para el financiamiento de transporte para votantes el próximo 7 de octubre.
En el escrito presentado, se señala que el dinero se depositó, aparentemente, en el fideicomiso Por Costa Rica, organización que apoya el Cafta.
Los magistrados dictaron a la auditoría interna del Laica que efectúe la pesquisa para “determinar si de los aspectos denunciados se desprende la utilización de fondos públicos para financiar la campaña a favor del “sí” en el referéndum”. El Tribunal aclara que la solicitud hecha no es una precalificación de la denuncia.
Al respecto, Alfredo Volio, coordinador general de la Alianza Ciudadana por el Sí, subrayó que, aunque Laica es un ente público no estatal, “sus fondos no son parte de la Hacienda Pública y se financia tanto con el aporte de los miles de cañeros y de los ingenios que la integran como de las actividades de comercialización que despliega”.
Además, enfatizó que el desempeño financiero y fiscal de Laica no depende del Presupuesto General de la República y, por ende, no está sujeto ni a revisión ni a aprobación de la Contraloría ni de la Autoridad Presupuestaria.
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