Sello de Sutel obliga a pagar más por celulares
Luis Valverde lvalverde@larepublica.net | Miércoles 26 enero, 2011
Usuarios no tienen libertad para elegir aparatos más baratos o traídos del extranjero
Sello de Sutel obliga a pagar más por celulares
Sala IV tiene portillo abierto para conectar teléfonos no homologados, mientras resuelve recurso de amparo
A pesar de que el sello que estableció la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para los aparatos celulares fue creado con la idea de supuestamente proteger a los usuarios y garantizar la igualdad de oportunidades entre las empresas, lo cierto es que en materia de costos el cliente es el que se ve más perjudicado.
Luego de efectuar un muestreo entre varios de los aparatos que tiene en venta el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y comparar los mismos modelos con los que existen en algunas tiendas y sitios web nacionales, así como con páginas de ventas en el extranjero, la diferencia en perjuicio del cliente es notoria.
Esto es especialmente evidente en los aparatos de mayor costo o los conocidos como smartphones.
Por ejemplo un Nokia E71, el ICE lo vende a un precio de contado equivalente a $387. Este mismo modelo en el mercado nacional se puede encontrar en varias decenas de dólares menos, y en el sitio mundial de ventas Amazon, se puede hallar desde $200.
La obligación que tiene el cliente de presentar un teléfono homologado por la Superintendencia le impide elegir entre opciones de venta menos costosas, aun cuando tenga las posibilidades y facilidades técnicas para traerlo del extranjero en algún viaje o por medio de alguna empresa de Internet. Esto a juicio de diversos usuarios y analistas del ramo más bien atenta contra la brecha digital que la misma Sutel dice que pretende reducir.
“Se impide el acceso o se establecen barreras a la obtención de equipos móviles, debido a que la instalación de un servicio queda sujeta a la colocación de una etiqueta de la Sutel, causando que el consumidor no tenga acceso a bienes alternativos… aun cuando se trate de un equipo móvil adquirido en el extranjero, ingresando al país en forma legal, con la factura de compra y pago de impuestos”, adujo un hombre de apellido Ocampo, al presentar un recurso de amparo ante la Sala IV y el cual ya fue acogido para estudio.
Uno de los aspectos que encarecen el producto es la obligación que tiene la empresa distribuidora de acreditar los teléfonos. El costo de homologación asciende a $1.000, sin límite en la cantidad de terminales de un mismo estilo, de acuerdo con Carolina Mora, vocera de la Sutel.
Este es el cobro que hacen los laboratorios por el servicio de revisión y es proporcional a la cantidad de aplicaciones y características que deban ser probadas en el dispositivo, por lo que terminales de gama baja (que poseen usos muy limitado) tienen costos inferiores.
Se calcula que esto se traduce en un aumento por aparato de entre ¢7 mil y ¢25 mil en promedio.
“El distribuidor lleva una carga de teléfonos y se le cobra por modelo. Este cobro nos afecta porque se aplica en los precios, entonces nosotros tenemos que cargarlos al cliente, por eso en el país un teléfono sin sello saldría más barato que uno con sello, y ni que decir si lo compran afuera (en el extranjero). Pero eso ahora de nada vale porque solo están aceptándolo con el sello”, confesó un vendedor de una tienda ubicada en las inmediaciones de la Universidad Nacional en Heredia, quien prefirió que no se mencionara su nombre ni el del establecimiento.
La libertad que debe tener el cliente para decidir cómo y dónde adquirir su aparato telefónico es un tema que deberá discutir la Sala Constitucional.
El viernes se conoció que los magistrados dieron curso a uno de los dos recursos presentados y de momento suspendió la obligación que tienen los clientes de presentar el sello de la Superintendencia. Este portillo se mantendrá abierto hasta que la Sala IV resuelva en definitiva sobre el tema.
Luis Valverde
lvalverde@larepublica.net
Sello de Sutel obliga a pagar más por celulares
Sala IV tiene portillo abierto para conectar teléfonos no homologados, mientras resuelve recurso de amparo
Luego de efectuar un muestreo entre varios de los aparatos que tiene en venta el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y comparar los mismos modelos con los que existen en algunas tiendas y sitios web nacionales, así como con páginas de ventas en el extranjero, la diferencia en perjuicio del cliente es notoria.
Esto es especialmente evidente en los aparatos de mayor costo o los conocidos como smartphones.
Por ejemplo un Nokia E71, el ICE lo vende a un precio de contado equivalente a $387. Este mismo modelo en el mercado nacional se puede encontrar en varias decenas de dólares menos, y en el sitio mundial de ventas Amazon, se puede hallar desde $200.
La obligación que tiene el cliente de presentar un teléfono homologado por la Superintendencia le impide elegir entre opciones de venta menos costosas, aun cuando tenga las posibilidades y facilidades técnicas para traerlo del extranjero en algún viaje o por medio de alguna empresa de Internet. Esto a juicio de diversos usuarios y analistas del ramo más bien atenta contra la brecha digital que la misma Sutel dice que pretende reducir.
“Se impide el acceso o se establecen barreras a la obtención de equipos móviles, debido a que la instalación de un servicio queda sujeta a la colocación de una etiqueta de la Sutel, causando que el consumidor no tenga acceso a bienes alternativos… aun cuando se trate de un equipo móvil adquirido en el extranjero, ingresando al país en forma legal, con la factura de compra y pago de impuestos”, adujo un hombre de apellido Ocampo, al presentar un recurso de amparo ante la Sala IV y el cual ya fue acogido para estudio.
Uno de los aspectos que encarecen el producto es la obligación que tiene la empresa distribuidora de acreditar los teléfonos. El costo de homologación asciende a $1.000, sin límite en la cantidad de terminales de un mismo estilo, de acuerdo con Carolina Mora, vocera de la Sutel.
Este es el cobro que hacen los laboratorios por el servicio de revisión y es proporcional a la cantidad de aplicaciones y características que deban ser probadas en el dispositivo, por lo que terminales de gama baja (que poseen usos muy limitado) tienen costos inferiores.
Se calcula que esto se traduce en un aumento por aparato de entre ¢7 mil y ¢25 mil en promedio.
“El distribuidor lleva una carga de teléfonos y se le cobra por modelo. Este cobro nos afecta porque se aplica en los precios, entonces nosotros tenemos que cargarlos al cliente, por eso en el país un teléfono sin sello saldría más barato que uno con sello, y ni que decir si lo compran afuera (en el extranjero). Pero eso ahora de nada vale porque solo están aceptándolo con el sello”, confesó un vendedor de una tienda ubicada en las inmediaciones de la Universidad Nacional en Heredia, quien prefirió que no se mencionara su nombre ni el del establecimiento.
La libertad que debe tener el cliente para decidir cómo y dónde adquirir su aparato telefónico es un tema que deberá discutir la Sala Constitucional.
El viernes se conoció que los magistrados dieron curso a uno de los dos recursos presentados y de momento suspendió la obligación que tienen los clientes de presentar el sello de la Superintendencia. Este portillo se mantendrá abierto hasta que la Sala IV resuelva en definitiva sobre el tema.
Luis Valverde
lvalverde@larepublica.net