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Banco Central elabora propuesta del proyecto de ley, tras adoptarse compromiso con el Fondo Monetario Internacional
Seguro de depósito pretende salvaguardar a ahorrantes
Iniciativa podría centrarse en “pequeños clientes” de bancos y demás entes financieros privados. No obstante, existe debate en torno a quién administraría las primas, y sobre la figura que asumiría el costo de las mismas

Erick Díaz
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¿Se ha preguntado quién respalda y le da garantía de recuperar sus ahorros si quiebra la institución bancaria privada de la cual es cliente? Posiblemente no encuentre la respuesta más oportuna.
Llenar ese vacío es la misión del Banco Central de Costa Rica (BCCR), mediante la elaboración de un proyecto de ley que pretende crear un sistema de seguro de depósitos. Ello como respuesta al compromiso acordado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril.
“Cuando a uno un banco le da un seguro de este tipo, lo que le está diciendo es que si quiebra, hay una entidad que le garantiza el pago del depósito”, destacó Eduardo Lizano, ex presidente del Banco Central.
Precisamente, el seguro de depósitos pretende, por un lado, proteger los recursos de los ahorrantes y, por el otro, agregarle firmeza al sistema financiero. Ello contemplando que, actualmente, un rumor que cuestione la solvencia de un banco u otra entidad financiera privados, pudiese provocar un retiro masivo de ahorros ante la carencia de garantías de pago del 100% de los depósitos.
En el caso del proyecto local, se contempla solamente a la banca privada, debido a que la estatal tiene un seguro de depósitos dado por el Estado. Fondo creado a partir del pago de impuestos de los ciudadanos.
“Esto lo consideramos como un paso necesario para avanzar en la nivelación de la cancha entre banca pública y privada”, explicó Francisco de Paula Gutiérrez, presidente del Central, quien espera que el proyecto sea enviado a la Asamblea Legislativa antes de diciembre.
Por otro lado, el seguro se focalizaría en cuatro principios básicos, según afirmó Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, tras haber conversado con Gutiérrez.
Ortega afirmó que sería un seguro de monto limitado y creciente, que a su vez debe ser pagado por los bancos e instituciones financieras. Además, el valor de las primas se calcularía a partir del riesgo de cada entidad y, por último, sería manejado por el mismo Central.
“Consideramos que el fondo deberá cubrir el principal de todos los depósitos de los pequeños depositantes en bancos no estatales”, opinó Mario Castillo, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), quien afirmó desconocer los términos de la propuesta en la que trabaja el Central.
De enfocarse solamente en pequeños ahorrantes, sería necesario crear una categoría a través de un límite de depósitos. Una referencia óptima para Lizano son los ahorrantes que posean cuentas no superiores a $10 mil.
Por su parte, otros actores de la industria abogan por que el proyecto se convierta en una garantía que vaya más allá de clientes bancarios.
“Debe ser —el seguro de depósito— incluyente. Esto es, debe ponerse a disposición de los inversionistas de cuentas de ahorro, cuentas corrientes y certificados de depósito e inversión de todas las entidades bancarias y financieras privadas reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)”, recomendó la representante de la Cámara de Bancos, quien agregó que si algún banco estatal deseara unirse, no debería ser excluido.
Esto a pesar de que el mismo FMI acepta que, por lo general, los fondos de inversión, mutuales u otros intermediarios financieros están normalmente excluidos. A excepción de las cooperativas, que suelen ser incluidas bajo el argumento de la protección a los consumidores.
Otro punto analizado por los representantes bancarios y demás expertos es el cálculo del precio de este seguro.
“Todavía no podemos hablar del valor de la prima, pero el principio sobre el cual estamos trabajando es que esté ligado a los indicadores de riesgo de la entidad”, aclaró el presidente del Central.
Una de las ventajas de usar ese parámetro es que los entes bancarios y financieros estarían interesados en poseer mejores calificaciones de riesgo, a cambio de un seguro más competitivo.
En torno al costo, existe el debate acerca de quién pagaría las primas del seguro. En ese sentido podría ser el banco, o bien trasladarse el valor a los clientes tanto de depósitos, como de préstamos, a través de un aumento en el margen de intermediación financiera.
“El hecho de que el valor del seguro sea muy alto, podría elevar el costo del crédito, acción que daña a los solicitantes, ya sean empresas o personas”, argumentó Carlos Fernández, gerente general de la Financiera Acobo.
Por otro lado, ese costo podría culminar en una baja en las tasas de captación. De allí la importancia para los entes bancarios y financieros privados de mantener calificaciones de riesgo bajas, con el fin de ofrecer seguros más baratos.
Además del riesgo, “habría que hacer una evaluación que tome en cuenta el monto promedio del ahorrante. Esto porque el valor del seguro debe ser razonable: no puede ser tan alto que haga el costo muy oneroso para la banca”, advirtió José Antonio Cordero, experto del Centro de Investigación en Economía y Políticas, con sede en Washington.
A partir de ello, expertos opinaron que conforme el tiempo transcurra y el fondo del seguro se consolide, puede pensarse en incrementar el monto inicial.
“La cobertura debe ser lo suficientemente alta para proteger a los pequeños depositantes, pero lo suficientemente baja para proporcionar incentivos y mantener una disciplina de mercado”, recomendó Rodolfo Luzio, economista principal de Costa Rica del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
Otro tema en el que existe debate es el relacionado al ente encargado de regular y administrar las pólizas pagadas por las instituciones bancarias y financieras.
Mientras que la Cámara de Bancos apuesta a que esa figura sea el Banco Central, otros expertos en el tema discrepan.
“Creo que el manejo del fondo debería estar en manos de una entidad pública para garantizar que el proceso de aseguramiento sea transparente. Pero no creo que lo mejor es que sea el Central, sería como un retroceso desde el punto de vista de evolución administrativa”, opinó Cordero, quien agregó que el fondo debería ser autosuficiente financieramente a través de las cuotas de los asociados.
En torno a ello, Gutiérrez manifestó que es uno de los temas que se están trabajando actualmente en el proyecto, y que prefiere no adelantar detalles.
“No creo que el Central quiera meterse del todo en ese tema, aunque sí querrá tener algún porcentaje. Por otro lado, supongo que los bancos que participen en el seguro van a querer tener la administración de ese fondo, ya que acá lo importante es cómo se administran esas primas”, dijo Lizano, advirtiendo que en ese sentido es vital garantizar los fondos en caso de emergencia.
De allí que toma peso la necesidad de, según los consultados, contar con una supervisión estatal, la cual para el ex presidente del Central puede ser ejecutada por el Ministerio de Hacienda o bien, por el BCCR.





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