Seguridad privada duplica capacidad de Fuerza Pública
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Martes 24 agosto, 2010
Permisos para agentes particulares ascienden a 21 mil; mientras que policías estatales no suman ni 10 mil
Seguridad privada duplica capacidad de Fuerza Pública
Hasta el Estado contrata compañías especializadas
Existe escasa fiscalización de servicios de protección, aseguran los propios empresarios del sector
La percepción de que existe un grave problema de inseguridad en el país y el requerimiento de servicios especializadas para proteger negocios, patrimonio e incluso a seres queridos, ha hecho que el negocio de la seguridad privada crezca como la espuma en los últimos años.
Esto ha permitido que a inicios de junio los agentes privados dupliquen la capacidad de la Fuerza Pública, ya que las 857 empresas registradas ante el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), reportan más de 21 mil efectivos bajo su cargo, mientras que el cuerpo policial gubernamental no llega ni a los 10 mil.
Incluso hasta el mismo Estado se siente más cómodo al contratar servicios privados de seguridad. Tales son los casos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Radiográfica Costarricense y algunas entidades financieras estatales como el Banco Nacional.
Y es que la necesidad de las compañías de contar con una acción rápida y oportuna ha hecho que tan solo en los últimos tres años, se hayan registrado más de 250 nuevas compañías que se dedican a la seguridad de personas, de oficinas y de eventos masivos; además de transporte y custodia de valores, entre otras actividades.
Mientras la cantidad de efectivos privados crece rápidamente a ritmo del mercado desde 1973 cuando se establecieron las primeras compañías el crecimiento de la Fuerza Pública es lento, ya que la administración anterior no logró graduar los 4 mil policías que prometió, situación que pretende cambiar Laura Chinchilla, presidenta de la República, quien desea incorporar 4 mil nuevos efectivos en la lucha contra el hampa durante su mandato.
Cumplir esa meta será tarea difícil para José María Tijerino, ministro de Seguridad, pues él mismo reconoce que el Gobierno no tiene la capacidad para graduar la cantidad de efectivos que se requieren, lo dijo el 6 de julio anterior, durante su comparecencia ante la Comisión de Narcotráfico y Seguridad. En ese mismo acto, el jerarca les dijo a los diputados que cuenta con 13 mil policías, aunque las cifras oficiales señalan que son unos 10 mil.
“Con una Escuela Nacional de Policía, con una muy limitada capacidad de capacitación, por espacio físico y por recursos es difícil, pese a que el Gobierno se ha propuesto capacitar o incorporar durante su gestión a unos 7 mil policías. Para solventar este problema, es necesario contar con una verdadera academia”, dijo Tijerino, quien no atendió las llamadas dejadas por este medio desde la semana pasada para ahondar sobre el tema.
Pese a la gran cantidad de efectivos privados, no significa que los costarricenses estén más protegidos, debido a que una buena parte de las empresas no cumple cabalmente con los requisitos para operar; además sus agentes no están bien entrenados y en algunos casos, no tienen ni siquiera el permiso para manejar armas, por lo que pueden ser más bien un peligro, asintió Selim Ramos, vicepresidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad Privada (ACES).
Los mismos empresarios del sector se quejan de que el Ministerio de Seguridad Pública no fiscaliza adecuadamente a muchas compañías, afectando la imagen de las que cumplen con todos los requisitos.
La normativa que regula a las empresas que se dedican a este negocio establece que el Ministerio es el ente rector, y el que debe velar por la fiscalización de las compañías y de los agentes que están bajo su cargo; sin embargo, esta tarea ha desbordado la capacidad del Ministerio, asegura Lucas Sancho, director de Operaciones de la empresa Delta.
“Es evidente que entre más inseguridad haya en el país, se requiere más de nuestros servicios, por eso, el crecimiento tan acelerado en los últimos años. El MSP debe velar por el cumplimiento de la ley, que todos los agentes estén capacitados en manejo de armas, crisis, pasar los exámenes psicológicos, no tener antecedentes, otorgar una póliza y otros requisitos, pero en muchos casos, después de dar el permiso no se da seguimiento. Simplemente, el departamento encargado de este tema no da abasto”, expresó Sancho.
Sobre el tema de la seguridad, Chinchilla manifestó que el Gobierno podría establecer alianzas estratégicas con las empresas privadas y aprovechar sus recursos humanos y técnicos; asimismo, dijo que para luchar contra el hampa es necesario que el Estado tenga más dinero.
“Ya sabemos que no tenemos suficiente presupuesto para crear todas las plazas de policía que queremos; algunas de ellas, están supeditadas a la aprobación de impuestos en el Congreso. Por otra parte, la alianza con las empresas es factible y deberíamos promoverla”, concluyó la Presidenta.
En ese sentido, Chinchilla manifestó que pedirá a los legisladores que le den el apoyo a la ley de Casinos y a la ley que grava a las sociedades anonimas con $300 anuales para contar con recursos para luchar contra el hampa.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Seguridad privada duplica capacidad de Fuerza Pública
Hasta el Estado contrata compañías especializadas
Existe escasa fiscalización de servicios de protección, aseguran los propios empresarios del sector
La percepción de que existe un grave problema de inseguridad en el país y el requerimiento de servicios especializadas para proteger negocios, patrimonio e incluso a seres queridos, ha hecho que el negocio de la seguridad privada crezca como la espuma en los últimos años.Esto ha permitido que a inicios de junio los agentes privados dupliquen la capacidad de la Fuerza Pública, ya que las 857 empresas registradas ante el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), reportan más de 21 mil efectivos bajo su cargo, mientras que el cuerpo policial gubernamental no llega ni a los 10 mil.
Incluso hasta el mismo Estado se siente más cómodo al contratar servicios privados de seguridad. Tales son los casos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Radiográfica Costarricense y algunas entidades financieras estatales como el Banco Nacional.
Y es que la necesidad de las compañías de contar con una acción rápida y oportuna ha hecho que tan solo en los últimos tres años, se hayan registrado más de 250 nuevas compañías que se dedican a la seguridad de personas, de oficinas y de eventos masivos; además de transporte y custodia de valores, entre otras actividades.
Mientras la cantidad de efectivos privados crece rápidamente a ritmo del mercado desde 1973 cuando se establecieron las primeras compañías el crecimiento de la Fuerza Pública es lento, ya que la administración anterior no logró graduar los 4 mil policías que prometió, situación que pretende cambiar Laura Chinchilla, presidenta de la República, quien desea incorporar 4 mil nuevos efectivos en la lucha contra el hampa durante su mandato.Cumplir esa meta será tarea difícil para José María Tijerino, ministro de Seguridad, pues él mismo reconoce que el Gobierno no tiene la capacidad para graduar la cantidad de efectivos que se requieren, lo dijo el 6 de julio anterior, durante su comparecencia ante la Comisión de Narcotráfico y Seguridad. En ese mismo acto, el jerarca les dijo a los diputados que cuenta con 13 mil policías, aunque las cifras oficiales señalan que son unos 10 mil.
“Con una Escuela Nacional de Policía, con una muy limitada capacidad de capacitación, por espacio físico y por recursos es difícil, pese a que el Gobierno se ha propuesto capacitar o incorporar durante su gestión a unos 7 mil policías. Para solventar este problema, es necesario contar con una verdadera academia”, dijo Tijerino, quien no atendió las llamadas dejadas por este medio desde la semana pasada para ahondar sobre el tema.
Pese a la gran cantidad de efectivos privados, no significa que los costarricenses estén más protegidos, debido a que una buena parte de las empresas no cumple cabalmente con los requisitos para operar; además sus agentes no están bien entrenados y en algunos casos, no tienen ni siquiera el permiso para manejar armas, por lo que pueden ser más bien un peligro, asintió Selim Ramos, vicepresidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad Privada (ACES).
Los mismos empresarios del sector se quejan de que el Ministerio de Seguridad Pública no fiscaliza adecuadamente a muchas compañías, afectando la imagen de las que cumplen con todos los requisitos.
La normativa que regula a las empresas que se dedican a este negocio establece que el Ministerio es el ente rector, y el que debe velar por la fiscalización de las compañías y de los agentes que están bajo su cargo; sin embargo, esta tarea ha desbordado la capacidad del Ministerio, asegura Lucas Sancho, director de Operaciones de la empresa Delta.
“Es evidente que entre más inseguridad haya en el país, se requiere más de nuestros servicios, por eso, el crecimiento tan acelerado en los últimos años. El MSP debe velar por el cumplimiento de la ley, que todos los agentes estén capacitados en manejo de armas, crisis, pasar los exámenes psicológicos, no tener antecedentes, otorgar una póliza y otros requisitos, pero en muchos casos, después de dar el permiso no se da seguimiento. Simplemente, el departamento encargado de este tema no da abasto”, expresó Sancho.
Sobre el tema de la seguridad, Chinchilla manifestó que el Gobierno podría establecer alianzas estratégicas con las empresas privadas y aprovechar sus recursos humanos y técnicos; asimismo, dijo que para luchar contra el hampa es necesario que el Estado tenga más dinero.
“Ya sabemos que no tenemos suficiente presupuesto para crear todas las plazas de policía que queremos; algunas de ellas, están supeditadas a la aprobación de impuestos en el Congreso. Por otra parte, la alianza con las empresas es factible y deberíamos promoverla”, concluyó la Presidenta.
En ese sentido, Chinchilla manifestó que pedirá a los legisladores que le den el apoyo a la ley de Casinos y a la ley que grava a las sociedades anonimas con $300 anuales para contar con recursos para luchar contra el hampa.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net