Seguridad no convence al Congreso

Proyectos de Presidenta estancados en la Asamblea

Seguridad no convence al Congreso

Inseguridad es el principal dolor de cabeza de los ciudadanos

Pese a que al iniciar su gobierno prometió la aprobación de una serie de leyes para luchar contra el hampa y el crimen organizado, Laura Chinchilla, presidenta de la República, no ha logrado concretar sus planes.

Mientras tanto, las fechorías que cometen los antisociales día a día, como robos, bajonazos, asaltos, violaciones y asesinatos, siguen siendo el principal motivo de desvelo de la mayoría de los costarricenses, al igual que hace casi dos años, cuando Chinchilla juró como mandataria de la República.

En el tercer año de su mandato, la gobernante podría impulsar acuerdos con la oposición en el Congreso y de esta forma, avalar las reformas legales que se requieren para reducir la incidencia de la inseguridad.

Durante la campaña política que la llevó a la Presidencia de la República, Chinchilla se presentó al electorado como una experta en seguridad que vendría a resolver o al menos a paliar los problemas de delincuencia que enfrentan los costarricenses.

Bajo esa premisa, se comprometió a dar un fuerte impulso a iniciativas relacionadas con los casinos, la portación y tenencia de armas, regular los servicios de seguridad privada, reformar la ley general de policía y actualizar la ley sobre trata de personas.

La única iniciativa de peso que logró ver la luz en materia de seguridad durante estos casi dos años del actual gobierno, fue la aprobación de un gravamen de $200 para las sociedades anónimas, el cual, se usará en la lucha contra el hampa. Eso sí, logró ser aprobada el último día de trabajo del Congreso, el pasado 22 de diciembre.

El primer año de su administración, la Presidenta lo utilizó para desarrollar la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y promoción de la Paz Social (Polsepaz), un diagnóstico sobre la situación criminal del país.

Pero Polsepaz no aportó ninguna información novedosa, ni mucho menos acciones concretas para detener a los antisociales, por lo que la mandataria fue criticada.

Paralelamente, el conflicto con Nicaragua por el dragado del río San Juan, desvió la atención del Ministerio de Seguridad Pública, liderado en ese entonces por José María Tijerino, quien terminó renunciando al puesto tras un mal año de labor y diversas declaraciones desatinadas.

Con el inicio del segundo año de su administración, era de esperar que la Presidenta diera un fuerte apoyo a las iniciativas de seguridad que tanto pregonó en campaña.

Sin embargo, los temas económicos eclipsaron el accionar del Congreso durante todo 2011 y una vez más, el Gobierno relegó sus proyectos de ley relacionados con la seguridad ciudadana.

En enero anterior, el plan fiscal ingresó a la corriente legislativa y desde ese momento, se convirtió en el principal proyecto del gobierno en la Asamblea.

Al paquete tributario, se le sumó en meses pasados la discusión por el presupuesto para 2012, por lo que quedaron relegados los temas de seguridad a un tercero o cuarto plano.

Ante la posposición de la agenda de seguridad hay quienes abogan “por hacer un alto en el camino” y tomar decisiones.

“Es necesario hacer plena conciencia de que el tema de la inseguridad hay que abordarlo. Los expertos internacionales dicen que este país no aguanta cuatro años más en una situación similar y si no tomamos acciones, la paz social se verá muy comprometida.”, indica Fernando Berrocal, exministro de Seguridad.

El problema de la inseguridad ciudadana es el principal dolor de cabeza de los costarricenses.

Siete de cada diez, considera la criminalidad como su principal afección y uno de cada cuatro, ha sido víctima o un familiar cercano, del hampa en los últimos cuatro meses, de acuerdo con la última encuesta de CID Gallup para LA REPUBLICA.

Además del temor de las personas de perder su vida o sus posesiones, el clima de negocios del país también se ve afectado, por lo que las empresas extranjeras podrían invertir y generar empleos en otras naciones más seguras.

Ese panorama, podría no estar alejado de la verdad, ya que la cantidad de denuncias por delitos como robos, asaltos, violaciones y homicidios mantiene una tendencia al alza desde 1998, cuando apenas se presentaron 89 mil acusaciones, mientras que para 2010 se contabilizaron más de 235 mil.

En ese sentido, uno de los casos más graves está relacionado con los asesinatos, ya que en ese mismo periodo, pasaron de 222 a 506 anuales.

Esto implica que por cada 100 mil habitantes, se cometieron más de diez homicidios, lo cual es considerado un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud.

Una vez que el destino del plan fiscal se conozca en el Congreso, Chinchilla tiene una buena oportunidad para impulsar las iniciativas de seguridad.

Durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que se extienden entre enero y abril, el Poder Ejecutivo escoge los proyectos que los diputados deben discutir.

Asimismo, los principales partidos de oposición como el Movimiento Libertario y el Partido Acción Ciudadana ya anunciaron que están receptivos a aprobar diversas iniciativas de seguridad.

Entre los proyectos que pueden contemplar los legisladores se encuentra la reforma al código de procedimientos penales, con el objetivo de limitar la discrecionalidad que tienen los jueces, para dictar medidas cautelares cuando los antisociales son atrapados in fraganti.

“De nada nos sirve tener 10 mil policías más. La solución es muy simple, hay que reformar ciertas leyes para que los hampones que son atrapados cometiendo un delito vayan a la cárcel sin más, que no tengan posibilidad de ir a la calle nuevamente. De esta forma, se sacan decenas de delincuentes de la calle en pocos meses”, expresa Juan Diego Castro, abogado penalista.

La pena carcelaria por tenencia ilegal de armas también podría ser aplicada para quienes las porten ilegalmente, añade Castro.

Otras leyes que ayudarían a bajar la incidencia criminal, podrían estar relacionadas con enjuiciar con mucha más dureza a los antisociales reincidentes, reducir las penas alternativas, aumentar el marco de acción de las intervenciones telefónicas y dar más recursos a la policía.

Esteban Arrieta

earrieta@larepublica.net