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Como sociedad no debemos menospreciar la necesidad de no bajar la guardia, sino más bien aumentar la batalla contra la delincuencia y el crimen organizado. Debe haber una actitud coherente

Seguridad debe aumentar

El impuesto a las sociedades anónimas, que significaría ¢40 mil millones para luchar contra la criminalidad, peligra y estaría a punto de desaparecer si no contara con el aval de los diputados para aprobarlo con un cambio que evite que la Sala IV lo declare ilegal como ocurrió en enero anterior.
De no ser así, habría un desmejoramiento de la seguridad debido a que el Ministerio del ramo, además de una visión acertada de cómo enfrentar el problema desde la represión, requiere ese dinero para continuar.
Volver atrás en este sentido es un serio riesgo de que el país se vuelva cada vez más inseguro y a merced de los criminales, lo cual es sumamente dañino para todos los sectores de la sociedad.
Ese es un riesgo que no debería jugarse el país después de haber comprobado que el gobierno anterior y este han logrado que lo que era el principal problema de la población, bajara en intensidad, como se reflejó en 2014, por un buen trabajo realizado que contó con los fondos que aportó el impuesto a las sociedades anónimas.
Por esto debería encontrarse una fórmula aceptable, que no roce la constitucionalidad, para que el pago anual que hicieran esas sociedades siga generando los fondos específicos.
De ser así, debería considerarse que el monto sea razonable y adecuado en dos sentidos: a) que no aumente automáticamente cada año, sino a través de nuevo estudio de resultados, y b) que sea un monto mucho menor el que paguen las microempresas, la mayoría de las cuales no tiene condiciones para enfrentar este pago.
Por otra parte, avanzar en seguridad significa también profundizar en sus causas, porque no habrá visión integral del tema mientras no se luche también en contra de esas causas.
Como sociedad no debemos menospreciar la necesidad de no bajar la guardia, sino más bien aumentar la batalla contra la delincuencia y el crimen organizado. En esto debe haber una actitud coherente.
La población ha ido creciendo pero no aumentó en la proporción adecuada la fuerza pública, ni en recurso humano bien entrenado ni en moderno armamento y elementos para inteligencia.
Es decir, que este es un caso en el que no se puede hablar de exceso de personal y pocos resultados.
Además, la nueva Escuela Nacional de Policía, cuya construcción se inició en diciembre anterior en Pococí, Limón, mediante una donación de la República Popular de China en Costa Rica, por un monto de $50 millones, podrá albergar a 800 estudiantes y contará con infraestructura y equipamiento idóneo para sus fines.


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