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Sábado 19 Febrero, 2011


Urgen la reforma y construcción de un nuevo modelo policial y un sistema de seguridad pública que permitan cambiar o mejorar estructuras y concepciones que han estado profundamente arraigadas por muchos años y que hoy son obsoletas

Seguridad ciudadana y reforma policial

La seguridad ciudadana enfrenta los desafíos al orden público, político, social y económico generado por el crimen común, el crimen organizado y no organizado, la violencia, el temor y la inseguridad.
El incremento de la violencia e inseguridad ciudadana en Costa Rica, durante los últimos 20 años, se ha constituido en un problema social que necesita ser abordado desde varias aristas y, más precisamente, por aquellas instituciones que tienen responsabilidad directa en el manejo de la seguridad pública como lo son: el Poder Judicial, el Sistema Penitenciario y, principalmente, la Policía Preventiva, etc.
Las causas de la criminalidad son múltiples: personales (consumo de drogas, deserción escolar, violencia doméstica), ambientales (hacinamiento, pérdida de espacios públicos, carencia de iluminación) y de desigualdad (altos niveles de inequidad, modelos de desarrollo excluyente).
Esto supone, que la policía requiere una reforma que modernice y descentralice la institución policial, permitiendo su acercamiento a la comunidad para mejorar su imagen, estableciendo ámbitos de colaboración para que la policía se ciudadanice.
Está claro entonces que hay que profesionalizar y dignificar las condiciones de vida de los policías: lo que significa pagarles salarios dignos, fomentar mayor bienestar y seguridad social para estas personas y sus familias, mejorar las condiciones físicas del lugar de trabajo y demás aspectos.
El aumento de la inseguridad pública en los últimos años ha ido acompañado de un alza en el número de policías en las ciudades del país, pero más agentes no garantizan una ciudad más segura, de acuerdo con un comparativo de varias zonas metropolitanas.
De ahí la urgencia de crear mecanismos de prevención y control del delito desde una perspectiva inclusiva e integradora que permita mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos que componen la sociedad.
La seguridad debe ser considerada un bien público, que debe ser proporcionado por igual a todos los habitantes del país. El Estado como tal, está obligado a proveer un orden jurídico y una orientación política en materia de seguridad ciudadana. Su responsabilidad se desarrolla en torno a alcanzar la máxima eficiencia de los procedimientos y políticas policiales y judiciales, para el control y la represión del delito.
Finalmente, urgen la reforma y construcción de un nuevo modelo policial y un sistema de seguridad pública que permitan cambiar o mejorar estructuras y concepciones que han estado profundamente arraigadas por muchos años y que hoy son obsoletas.

Luis Fernando Allen Forbes
Director Ejecutivo
Salvemos el Río Pacuare
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