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Seguridad e infraestructura nuevos retos de Arias

• Mandatario descartó impulsar una reforma tributaria en lo que resta de su gestión

Carlos Jesús Mora
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No se trata de una nueva campaña electoral, pero la administración Arias Sánchez volvió a adquirir nuevos compromisos con el país para los últimos 20 meses de gestión.
La seguridad ciudadana y la infraestructura nacional, principales debilidades de este gobierno, tendrán un nuevo empuje en lo que resta de este cuatrienio, según dijo Oscar Arias, presidente de la República.
En lo que respecta a la seguridad ciudadana el mandatario se comprometió a aumentar en un 28,5% el presupuesto para este sector, lo que permitiría contratar 1.000 nuevos policías y desarrollar otros proyectos.
En el plan de gastos que el gobierno enviará la semana entrante al Congreso habrá una partida para el sector de la infraestructura nacional, sin embargo proyectos de alta relevancia dependen de la aprobación del préstamo por $850 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Ese dinero se usaría para caminos vecinales, rehabilitar vías férreas, impulsar el aeropuerto en la zona sur y u
no en Orotina, entre otras obras.
“Les pido a los diputados de otros partidos que por favor nos den los votos” para el crédito, expresó Arias.
La atención al sector social y el apoyo al agro nacional también estuvieron entre las nuevas promesas anunciadas por el Presidente en la encerrona que tuvo con su gabinete el pasado sábado.
El presupuesto ordinario para el ejercicio 2009, destinará el 45,2% del total para inversiones en el sector social, lo que significa un incremento del 52% para la iniciativa Avancemos, programa estrella de esta administración.
La esperanza de varios sectores de que este gobierno impulsara una reforma fiscal quedó sepultada.
Arias descartó de manera definitiva que en lo que resta de su gobierno vaya a enviar al Congreso un paquete tributario o reformas para generar recursos frescos.
La única iniciativa que generaría recursos extras sería un proyecto de ley que se encuentra en la corriente legislativa que pretende gravar con un impuesto las propiedades de lujo cuyos precios superen los ¢100 millones.
El nuevo plan del gobierno generó diversas reacciones. La oposición se comprometió a apoyar las iniciativas, pero “de manera perspicaz”.
“Vamos a apoyar las iniciativas para beneficio del país, pero ya sabemos la forma de trabajar de este gobierno, las anomalías con el Banco Centroamericano de Integración Económica en la Presidencia y el Ministerio de Vivienda nos dejan un sinsabor, más que no se han sentado todas las responsabilidades”, dijo Alberto Salom, diputado de Acción Ciudadana.




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