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Sábado 24 Mayo, 2008

Seguridad ciudadana: llegó el momento de actuar


La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa continúa sus labores y las mayorías no aceptarán el fracaso de nuestro accionar porque el clamor popular otorga un mandato a los diputados de la República: legislar con inmediatez para detener la oleada de delincuentes y violentos que se han apoderado del país.
No hay discursos ni análisis teóricos insulsos que valgan: mientras las autoridades y gobernantes se sientan a discutir sobre lo que debe ser o no una política criminal adecuada, los jóvenes de la patria caen acribillados por un celular, los trabajadores son despojados de bienes e integridad física por criminales que viven de lo ajeno; empresarios y ciudadanía en general vivimos presas del terror y encerrados como fieras en negocios y casas que hemos tenido que convertir en jaulas.
Mientras, los “expertos” argumentan que la pobreza es el motor principal de la delincuencia, y por ende, según ellos, hasta tanto no se resuelvan las causas productoras de esa pobreza es inconveniente aumentar penas, enviar mas policías a las calles, ni endurecer leyes que otorguen más seguridad al ciudadano.
Aquí hay que esclarecer los caminos: una cosa es el combate a la pobreza del que somos partícipes con políticas permanentes en procura de aumentar la riqueza nacional y otra vía paralela es el deber que tiene el Estado de obtener instrumentos válidos para poner orden en las calles. Estas son líneas paralelas de acción en una sociedad que se considere someramente decente y civilizada.
No se vale que los gobernantes demoremos más la aplicación de leyes que devuelvan la tranquilidad a los costarricenses. La paz no es una ventaja social, sino un derecho que tiene cada costarricense por obligación del Estado.
Como diputado de la República y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa me opongo rotundamente a que un individuo pase hasta 100 veces por los estrados judiciales y continúe libre vacilando a las autoridades policiacas sin que haya un juez que lo ponga fuera de circulación.
Que se sigan teniendo como bagatela los hurtos menores a cierta cuantía y que quienes han constituido su modus vivendi arrebatando a costarricenses honrados bienes menores a esos montos vivan muertos de risa porque no hay ley que les ponga en su lugar.
La incapacidad legal existente en el país para expulsar de territorio nacional a extranjeros indeseables. Este país debe tener la suficiente autoridad legal para definir quién ingresa al país, bajo qué condiciones y cuándo debe marcharse.
Que los derechos humanos sigan siendo validados y reconocidos mayoritariamente para los sinvergüenzas.
Que no exista una coordinación efectiva entre las instancias judiciales y se dejen libres a narcotraficantes con resoluciones judiciales poco claras.
Como representante del Movimiento Libertario reafirmo mi convicción ideológica de que la libertad del individuo es sacrosanta, que la persona tiene derecho a trabajar y crear riqueza sin la amenaza constante de violentos y maleantes que pululan en nuestro suelo.
Llegó el momento de desterrar la mafia organizada que nos está arrebatando el país de las manos.

Luis Antonio Barrantes Castro
Diputado Presidente de la Comisión de Seguridad
Ciudadana