Sector informal y derecho a trabajar
| Lunes 24 septiembre, 2007
Sector informal y derecho a trabajar
La Constitución Política de la República de Costa Rica, en su artículo 56, dice que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad y que el Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, etcétera.
No obstante, el trabajo informal en nuestro país, es hoy la única alternativa de sobrevivencia para unos 720 mil costarricenses, entre ellos 78 mil menores de edad.
Según el ministro de Trabajo, Francisco Morales, tales cifras son verdaderamente preocupantes porque reflejan que las posibilidades de salir adelante son cada vez menores para los ticos.
Trabajar en el sector informal significa esencialmente trabajar careciendo de algún permiso y normalmente por definición las empresas informales son las que operan fuera del marco legal e institucional.
Quienes laboran en este sector de trabajo informal carecen de protección social, sanitaria, seguridad social, y ni siquiera tienen la esperanza de obtener una pensión por vejez, lo único que buscan es trabajar, para poder cubrir sus propias necesidades y las de sus familias.
El trabajo es un componente sustantivo para el desarrollo de una ciudadanía plena y la consolidación de la gobernabilidad democrática.
El servicio de porteo representa ese sector informal que realiza grandes esfuerzos colectivos en su accionar que puedan facilitar su incorporación o ampliación de su estructura laboral en la economía formal, con el objetivo de que no se les persiga más y su condición no propicie actos de corrupción y de abuso de autoridad por parte de los inspectores de tránsito.
Concretamente, el sector informal en nuestro país y en América Latina se ha convertido en el mayor generador de empleos productivos, resolviendo las necesidades de generación de ingresos y a la vez declarándole la guerra a la pobreza.
Finalmente, las autoridades relacionadas al tema (diputados, Ministerio de Trabajo, Poder Ejecutivo, MOPT) necesitan desarrollar políticas públicas que contribuyan a reconocer la heterogeneidad del sector, y a crear o ampliar el marco regulatorio que facilite el establecimiento de nuevas empresas y la promoción del espíritu emprendedor.
Luis Fernando Allen Forbes
La Constitución Política de la República de Costa Rica, en su artículo 56, dice que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad y que el Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, etcétera.
No obstante, el trabajo informal en nuestro país, es hoy la única alternativa de sobrevivencia para unos 720 mil costarricenses, entre ellos 78 mil menores de edad.
Según el ministro de Trabajo, Francisco Morales, tales cifras son verdaderamente preocupantes porque reflejan que las posibilidades de salir adelante son cada vez menores para los ticos.
Trabajar en el sector informal significa esencialmente trabajar careciendo de algún permiso y normalmente por definición las empresas informales son las que operan fuera del marco legal e institucional.
Quienes laboran en este sector de trabajo informal carecen de protección social, sanitaria, seguridad social, y ni siquiera tienen la esperanza de obtener una pensión por vejez, lo único que buscan es trabajar, para poder cubrir sus propias necesidades y las de sus familias.
El trabajo es un componente sustantivo para el desarrollo de una ciudadanía plena y la consolidación de la gobernabilidad democrática.
El servicio de porteo representa ese sector informal que realiza grandes esfuerzos colectivos en su accionar que puedan facilitar su incorporación o ampliación de su estructura laboral en la economía formal, con el objetivo de que no se les persiga más y su condición no propicie actos de corrupción y de abuso de autoridad por parte de los inspectores de tránsito.
Concretamente, el sector informal en nuestro país y en América Latina se ha convertido en el mayor generador de empleos productivos, resolviendo las necesidades de generación de ingresos y a la vez declarándole la guerra a la pobreza.
Finalmente, las autoridades relacionadas al tema (diputados, Ministerio de Trabajo, Poder Ejecutivo, MOPT) necesitan desarrollar políticas públicas que contribuyan a reconocer la heterogeneidad del sector, y a crear o ampliar el marco regulatorio que facilite el establecimiento de nuevas empresas y la promoción del espíritu emprendedor.
Luis Fernando Allen Forbes