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Entidades financieras defienden confidencialidad de su información

Eliminación de instrumento que garantiza confidencialidad de los datos podría generar riesgos de un uso inadecuado

Vientos de reforma soplan con más fuerza contra el secreto bancario. De varios frentes han surgido voces que llaman a cambiar las reglas que protegen la información de cuentas y transacciones de las personas y empresas.
Mientras por un lado Hacienda presiona para cumplir con las directrices de organismos internacionales, para eliminar el secreto bancario con orden de un juez, se estudia un proyecto que le daría acceso a la información bancaria al Instituto Costarricense sobre Drogas.
Esta entidad contaría con la facultad para congelar cuentas sin autorización de un juez para posteriormente indagarlas.
Estos intentos han generado la oposición de los banqueros y en círculos empresariales y jurídicos, quienes argumentan que levantar el secreto bancario y permitir el acceso a cuentas corrientes sin la intervención de un juez generaría riesgos de filtración de la información entre entidades financieras y el incremento de la competencia desleal.
Otro de los factores que preocupan a los bancos es la responsabilidad de guardar todo tipo de información, pues podrían estar decidiendo qué es prueba y qué no, lo cual es función de un director judicial.
Se intenta que las entidades financieras guarden los documentos, cheques y transacciones tanto de forma digital como física de los últimos diez años de sus clientes, pues de lo contrario tendrán que enfrentar una causa judicial.
“Se necesita conocer qué es relevante guardar para el Ministerio Público, pues tal vez no es relevante para el banco”, explicó Anabelle Ortega, directora de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras.
Por su parte Hacienda presiona para abrir la posibilidad de que Tributación tenga acceso a información que revele los planes de negocio, préstamos, inversiones y hasta la cantidad de chequeras que maneja una empresa o un individuo.
“El inspector de la Tributación es humano, y podría obtener mucho provecho para sí mismo con esa información tan importante obtenida sin tener que motivar su necesidad ante un juez de la República”, consideró Luis Ortiz, abogado.
Otro de los riesgos es que la información sea de fácil acceso y se filtre a empresas que comercializan bases de datos.
El secreto bancario que contempla la legislación actual protege los movimientos como transferencias, flujos, inversiones y saldos. Estos datos son considerados como confidenciales.
La información que sí es compartida —solo entre miembros del sistema bancario— es la relacionada con el crédito.
“Nuestro secreto bancario excluye temas como si usted es un mal pagador porque esa es información que interesa, dado que los préstamos se hacen con captaciones del público y hay que proteger la capacidad de reintegro”, aclaró Mario Gómez, abogado especializado en temas financieros de Gómez y Galindo.
La figura del secreto bancario saltó al escenario mundial durante la última cumbre del G20, cuando la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó una lista con países denunciados por no cooperar en el intercambio de información para investigaciones fiscales.
“El levantamiento del secreto bancario es una norma fiscal acordada internacionalmente; interpretó que la OCDE supone que el juez es una barrera para que se pueda intercambiar información de relevancia fiscal”, destacó Jonathan Menkos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
En este momento, la discusión gira en torno al concepto que la OCDE tiene del secreto bancario.
En nuestro país, el sistema bancario es solo sobre la cuenta corriente y puede ser levantado solo por un juez cuando exista una investigación.
En legislaciones como la suiza, la belga, la de Belice o la de Singapur, no se facilita información de ningún tipo y en muchos casos hasta se desconoce quién es el dueño de la cuenta.
La reforma busca apertura en el intercambio de información, pero Costa Rica está en un nivel idóneo en el que la información de una cuenta bancaria se da en cuatro horas con la participación del juez, a criterio de los representantes legales.

Daniel Chacón y Natasha Cambronero
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