Seamos valientes y construyamos justicia y bienestar

Un marco regulatorio para la innovación y el progreso

Para resolver los importantes problemas de pobreza, desempleo, informalidad, desigualdad y de insatisfacción de las familias de ingresos medios con su nivel de bienestar, y para así recuperar la confianza ciudadana entre nosotros y en nuestras instituciones, necesitamos crecer aceleradamente y generar empleos adecuados a los cientos de miles de personas desocupadas o en la informalidad, ahorrar más para financiar nosotros mismos una mayor inversión y aumentar la productividad. Para ello requerimos muchas reformas que hemos ido dejando rezagadas, y que —sin miedo al cambio— debemos ir adoptando. Entre ellas es necesario un marco regulatorio que no estorbe los sanos emprendimientos y que más bien favorezca la innovación y el progreso.

Se amerita un enorme esfuerzo para eliminar regulaciones y permisos innecesarios, simplificar trámites, disminuir plazos para obtener servicios públicos, evitar la generación de monopolios mediante discriminación en el otorgamiento de permisos, facilitar las inscripciones de genéricos y eliminar obstáculos a los esfuerzos productivos. Para ponernos al día en la planificación urbana de la Gran Área Metropolitana, en los planes reguladores cantonales y en la sectorización del transporte.

Y la tarea es mayor por los efectos de la cuarta revolución industrial. El Foro Económico Mundial relaciona este cambio que genera fábricas inteligentes, con instrumentos como nanotecnologías, neurotecnologías, robots, inteligencia artificial, biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones, impresoras 3D y la generalización de Internet de las cosas. La interacción entre estos diversos instrumentos establece una nueva manera de producir y de consumir. Aprovechar este enorme cambio puede acelerar nuestro desarrollo si lo sabemos aprovechar, o nos puede dejar aún más atrasados frente al adelanto del mundo.

El Informe de Competitividad Global 2018 señala: “Todas las economías deben invertir hoy en medidas de competitividad más amplias para sostener el crecimiento y los ingresos en el futuro”. Para ello es esencial reestructurar nuestro marco regulatorio y contar con un Estado más eficiente que permita un rápido crecimiento de la productividad.

Este informe señala algunos de los atrasos que debemos vencer. Nuestro Índice de Competitividad Global en 2018 es de 62,1 y ocupamos la posición 62 entre 140 naciones. Este es un mejor resultado que la posición 84 que nos corresponde por nuestra producción. Pero en algunas variables caemos fuertemente señalando nuestras debilidades. Así entre las medidas de desarrollo institucional en crimen organizado y homicidios ocupamos las posiciones 81 y 123; en costo de las regulaciones gubernamentales la posición 124, y en compromiso del gobierno con el futuro la posición 84. En estabilidad macroeconómica nuestra situación de la deuda pública nos ubica en la posición 105. Nuestro mercado se castiga colocándonos en la posición 109 por uso de barreras no arancelarias (i.e. aguacates). En el mercado laboral ocupamos posiciones inadecuadas por los costos de terminar un contrato de trabajo (posición 81); por falta de políticas eficientes de reentrenamiento (posición 99) por restricciones para contratar extranjeros (posición 86) y en la pura cola por el monto de impuestos sobre la planilla (posición 126). El subíndice de dinamismo empresarial nos da la posición más desventajosa junto con el de estabilidad macroeconómica debido al mucho tiempo requerido para establecer un negocio (posición 105), a que en recuperación de una insolvencia o quiebra ocupamos la posición 89 y en el marco regulatorio para quiebras e insolvencias el puesto 110.

El reporte Doing Business 2018 del Banco Mundial lleva por subtítulo REFORMAR PARA CREAR EMPLEOS. Su objetivo es promover reformas regulatorias que “fortalezcan la habilidad del sector privado para crear empleos, sacar gente de la pobreza y crear más oportunidades para el bienestar económico”.

Cubre 190 economías y Costa Rica ocupa la posición 61 (es la quinta nación latinoamericana) pero en facilidad para iniciar un negocio ocupa la posición 127. Tenemos muchísimo que mejorar. Recuerdo que a principios de año en una actividad de la OCDE en Costa Rica, una funcionaria de México señaló que —haciendo los procesos por Internet— habían logrado que en dos días se pudiera constituir una compañía y registrarla para impuestos gubernamentales y municipales. Permisos de construcción la posición 70; protección de accionistas minoritarios la 119; ejecución legal de contratos 129 y resolución de insolvencias y quiebras 131.

Como es evidente nos queda mucho por mejorar.

Todo esto sin considerar el alto costo de la electricidad y las pérdidas acumuladas por el ICE. Ni el desperdicio de tiempo, la frustración y el enojo de las personas para transportarse a sus trabajos, y el incremento en los costos de producción por las presas, ni el desorden en nuestro uso de los suelos urbanos.

Para nuestro caso —como lo señala en términos generales el World Economic Forum en su reporte de este año—, “Instituciones débiles siguen entrabando la competitividad. Las instituciones débiles incluyen seguridad, derechos de propiedad, capital social, equilibrios y contra-frenos, transparencia y ética, eficiencia del sector público y gobernanza corporativa. Estas instituciones débiles obstaculizan la competitividad, el desarrollo y el bienestar”.