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Se necesita un Estado eficiente


La exagerada cantidad de trámites burocráticos que debió atravesar durante siete años la concesión otorgada a la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera, para la construcción de una terminal en ese puerto, trajo como consecuencia no solo atraso al país sino además un aumento de $29 millones en el costo de la obra.
Lo anterior se informó en LA REPUBLICA del miércoles anterior y evidencia una situación específica, pero que puede repetirse en otras obras dadas en concesión y seguir desangrando recursos del país que tanta falta hacen para otros trabajos.
Es decir, que a los problemas y atrasos de todo tipo que la deficiente infraestructura del país ocasiona, debemos agregar otro mal innecesario como es que el vía crucis burocrático para el otorgamiento de concesiones aumente el costo de las obras, un mal que deben financiar todos los costarricenses que pagan impuestos.
Sin duda, una nueva razón que se suma para comprender la urgencia de que Costa Rica aprenda a elaborar correctamente contratos de concesión o bien, se decida a emprender por cuenta propia las obras necesarias.
Lo que resulta imposible es continuar como hasta ahora. El país debe estar en condiciones de resolver en cortos plazos asuntos importantes como estudios de impacto ambiental o acciones de inconstitucionalidad, entre otros, que en el caso de la nueva terminal para granos en el Puerto de Caldera, se iniciaron en 2005 y fueron resueltos en 2006 y 2007. Un país no puede avanzar a este ritmo en el mundo de hoy.
Otras obras concesionadas podrían tener costos desactualizados y siguiendo ese camino Costa Rica no puede presupuestar ni planificar. Es hora de establecer plazos máximos, administrativos y judiciales y sanciones para su incumplimiento para que las tramitaciones necesarias se realicen con rapidez. La Asamblea Legislativa deberá modificar la legislación en ese sentido.
Volvemos a lo dicho en otras ocasiones en este espacio: Costa Rica está urgida de un Estado profesional, altamente eficiente y transparente, del tamaño adecuado para administrar el país correctamente y de una legislación que coadyuve a estos fines.
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