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Cierre del estadio fue una medida de presión válida, aunque ya no podrán volver a ejecutarla por esta misma causa
Saprissa pierde partido de ida ante el Seguro Social
• Equipo está a la expectativa de que un juez valide su defensa


Luis Rojas y Daniel Chacón
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El cierre del estadio Ricardo Saprissa este miércoles por supuesta morosidad en las planillas, representó una primera derrota para el equipo morado, en una disputa que mantiene contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Amparada en lo que le permite la ley y dispuesta a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, la Caja cumplió su objetivo de advertir al fútbol nacional —en un momento mediático— de que perseguirá a los empresarios morosos de este deporte.
En el juego de ida, utilizó “la potestad de imperio” (que le permite ejecutar actos administrativos sin necesidad de esperar resoluciones judiciales) para cerrar el estadio.
Pero el partido aún está en juego, y tanto la Caja como el Saprissa pulen sus estrategias, en las cuales de acuerdo con analistas, la estatal llevaría la ventaja.

La Caja cobra a los morados una planilla adicional por omisiones y diferencias salariales del periodo de octubre de 1999 a agosto de 2004 por un monto de ¢706,2 millones, más otras costas que suman ¢14 millones adicionales.
La dificultad en este caso se da porque ambas partes están actuando en un escenario diferente. La Caja se vale de las facultades que le otorga la ley en el área administrativa, mientras que Saprissa busca que un tribunal valide su argumento de defensa.
Pese a ello, César Gómez, abogado penalista, puso en duda la facultad que tendría la Caja para cerrar las otras empresas vinculadas con Jorge Vergara, esto por cuanto en apariencia no existe sustento para que pueda hacerlo.
Primero debió confirmarse que todas las compañías del empresario mexicano conforman un grupo de interés económico y esto debió estar oficializado antes por un juez. Otro posible argumento que también debe estar sustentado, es un temor razonable de que pueda existir un fraude, adujo Gómez.
La acción se basó en un procedimiento de responsabilidad solidaria contra las empresas Saprissa de Corazón, Omnilife de Costa Rica, Saprissa Comercial de Tibás S.A. y el Deportivo Guadalajara Sociedad Anónima de capital variable y en el artículo 51 de la Ley Constitutiva de la CCSS, dijo en ese sentido Manuel Ugarte, gerente financiero de la Caja.
Este artículo especifica sobre la responsabilidad solidaria en estos casos. Lo anterior ratifica la tesis de que Saprissa está en el campo judicial y la Caja en el administrativo.
El abogado del Saprissa, Jorge González, señala que la Caja no solo ejecuta su resolución sin esperar el fallo, sino que lo hace en forma arbitraria, tocando a un accionista del grupo deportivo como lo es Omnilife.
La acción de cierre de este estadio solo se puede dar una vez. “Ellos pueden buscar una prórroga por otro periodo igual (cinco días más), a la cual podríamos presentar recursos de apelación, pero por esta misma planilla no pueden volver a cerrar”, afirmó González.
Por su parte en la Caja reconocen esta situación. “Por las mismas planillas, objeto de este proceso de cierre, no se puede volver a ejecutar otra clausura, sería solo por una nueva morosidad. La C
CSS lo cerró en setiembre de 2004 por otras planillas, no por las que fueron objeto de cierre el día de ayer (el miércoles)”, dijo Gustavo Aguilar, jefe de la Subárea de Cierre de Negocios de la Dirección de Cobros de la institución.
Sobre el fondo de la discusión, González alega que Saprissa siempre ha estado al día en su planilla ordinaria con la Caja y que la que provocó la diferencia esta semana “se la sacaron de la manga luego de que incluso se había llegado a un acuerdo.

De esta forma el abogado desestimó las posibilidades de un arreglo alegando que se trata de un cobro arbitrario que la institución no acepta y aseguró que Saprissa actualmente paga a la Caja, en su planilla ordinaria, “una suma equivalente a lo que aportan siete u ocho equipos de la primera división”.
No obstante los alegatos morados, Gómez considera por su parte que “Saprissa en este momento tiene dos opciones: pagar o pagar. La Caja está presionando con el uso de las facultades de ley, y Saprissa trata de defender su argumento por la vía judicial,
pero será válido hasta que sea comprobado en esa sede”.
Aguilar se aferra a que los patronos deben incluir en el monto de la planilla todas las remuneraciones que se paguen a los trabajadores.
La realidad detrás de este caso es la práctica empresarial de reportar salarios incompletos a la Caja, por la diferencia entre los salarios reales y los que se presentan para efectos de deducciones. Al respecto, la CCSS ya envió un mensaje claro de lo qué está dispuesta a hacer, para detener esa práctica.









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