Carlos Denton

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Miércoles 14 Enero, 2009

San José; el impacto de la restricción

Carlos Denton

La semana pasada pregunté a un vendedor de condominios en una de las torres nuevas cerca de La Sabana si informaba a los posibles clientes que un día por semana no iban a poder sacar sus automóviles del garaje, por la restricción impuesta por el Ministerio de Transportes (MOPT). Se puso a reír y me dijo, “por supuesto que no”. Conozco a una empresa que emplea a casi 200 trabajadores que ya está buscando ubicarse fuera de la “zona prohibida”; la congestión de autobuses ya era muy desagradable con la contaminación ambiental que causaba, pero la molestia de la restricción de placa fue “el rebalso”. Un amigo iba a colocar a su hermano que visitaba al país en un hotel muy bonito cerca de Don Bosco, pero decidió mejor no hacerlo porque un día del tiempo de la visita tendría que ir a recogerlo en taxi para sacarlo a pasear.
Hay muchas historias similares —la verdad es que a nivel intelectual es bonito el concepto que todos los propietarios de automóviles se sacrifiquen un día por semana como muestra de solidaridad frente al alto costo del combustible, pero en la práctica más bien complica la vida de los habitantes, inhibe la inversión en una ciudad capital que bajo la dirección del alcalde Johnny Araya ha hecho esfuerzos grandes para remozarse y hacerse más cómoda para los habitantes, y en la ausencia de un servicio de transporte público limpio, eficiente, y seguro, no debería mantenerse. Y, dicho sea de paso, ya no cuesta el crudo $147 el barril.
La verdad es que hasta que San José deje de ser un centro de acopio para las empresas autobuseras —locales, interurbanas, e internacionales— seguirá siendo incómoda, insegura y con un aire no recomendable para el uso humano. La solución la tiene el MOPT, pero desde que fue ministro Rodolfo Méndez Mata, ninguno de los jerarcas ha logrado adelantar el reordenamiento del transporte público. En el caso de la actual Ministra, la solución ha sido la de sacar los vehículos particulares para que los autobuses, que siguen cobrando tarifas de cuando era caro el combustible, puedan circular más fluidamente.
Todavía más irónico es que se siguen manteniendo oficiales del Tránsito en puntos estratégicos para emitir “partes” a los violadores de la prohibición, a un costo importante al fisco, y en la actualidad no se pueden cobrar multas a los infractores, mientras que la Sala IV estudia una de las inconsistencias obvias de este reglamento y su aplicación.
El próximo alcalde de San José debería luchar contra la restricción de las placas en nombre de los hoteleros, los empresarios y los constructores que se mantienen dentro de la así denominada “zona restringida”, y al mismo tiempo debería entablar negociaciones tripartitas con los jerarcas del MOPT y los transportistas para buscar una salida al congestionamiento en el centro. Con dos terminales —una al oeste y otra al este—, se podrían sacar de circulación centenares de autobuses.
El Gobierno también podría ayudar en parte a reducir el problema de la congestión terminando la carretera de circunvalación —con algunas excepciones todos los camiones que entran del Puerto de Limón (80% de la carga que llega al país) deben pasar directamente por el centro de San José para llegar a su destino. A estos no se les ha puesto prohibición por número de placa que es la base de la apelación ahora en manos de la Sala IV. “¿Por qué a ellos los grandes no, y a mí sí?”, preguntó un habitante.
Hay que quitar ya la restricción de placa y ayudar a San José a seguir convirtiéndose en un lugar para vivir, invertir y visitar.

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