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Ordenes emitidas por los magistrados se irrespetan en un 60%
Sala IV Imponente o Impotente
Temas relacionados con educación, ambiente y gestión municipal con índices de incumplimiento superiores al 80%

¿Quién dice que ganar un reclamo ante la Sala Constitucional, el máximo tribunal costarricense, se transforma automáticamente en justicia pronta y cumplida?
Decenas de recursos ganados en las áreas municipal, ambiental, laboral, de salud, en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y otras más, se convierten todos los días tan solo en victorias personales en el ámbito legal, porque en la mayoría de los casos, las resoluciones de la Sala no se acatan.
Y es que tan solo cuatro de cada diez sentencias emitidas por la Sala Constitucional son cumplidas cabalmente por las instituciones públicas en el corto plazo. El resto, el 60% de los reclamos ganados por los costarricenses, no se ejecuta.
Las resoluciones de los recursos de amparo y los recursos de hábeas corpus son incumplidas día a día por la gran mayoría de las dependencias públicas, concluyó un estudio del Centro de Jurisprudencia Constitucional, el cual midió el grado de cumplimiento de los fallos de la Sala IV entre octubre del año pasado y mayo de 2010.
De las 969 resoluciones con plazo vencido emitidas por los magistrados en ese periodo, tan solo 390 ostentan la categoría de “cumplimiento satisfactorio”, el resto se encuentra “sin resolución”, “cumplimiento parcial” o “incumplimiento”.
De esta forma, decenas de victorias legales terminan sin respuesta en la práctica, ya que la Sala Constitucional no ejecuta las sentencias, por lo que queda a criterio de las instituciones públicas y sus posibilidades económicas y materiales, cumplir las resoluciones o no.
Las dependencias que más incumplieron las resoluciones durante la fecha de estudio fueron las municipalidades de Desamparados y de Moravia, los ministerios de Educación y de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, así como Acueductos y Alcantarillados, con índices de incumplimiento superiores al 80%.
Por esta razón, hay quienes consideran que las disposiciones de la Sala IV pueden ser consideradas un poco más que “letra muerta en un papel oficial”, por lo que claman por una reforma, ya que esta institución judicial pierde credibilidad aceleradamente.
“Para mí, el sistema judicial es la columna vertebral de la democracia, si los ciudadanos pierden la fe en el sistema, se da un grave retroceso. La Sala necesita ser reformada, porque si continúa así, va a colapsar y eso sería muy grave para el país. Sin duda alguna, las resoluciones incumplidas molestan a los ciudadanos, sobre todo al considerar que se trata del máximo tribunal del país”, expresó Sonia Picado, abogada y ex diputada.
Desde su creación, el trabajo de la corte constitucional ha crecido considerablemente, ya que ha aceptado resolver problemas de menor importancia, que bien podrían ser resueltos por tribunales intermedios y de esta forma, dedicarse a estudiar reclamos de mayor relevancia nacional y no ponerles atención a los miles de recursos de amparo y hábeas corpus que inundan los despachos; cada año, los magistrados resuelven entre 18 mil y 20 mil reclamos.
“En definitiva, se trata de sentencias de papel. No conozco un solo funcionario acusado del delito de desobediencia por incumplir lo que dicta la Sala y lo peor es que esta no hace nada para garantizar que se cumplan las sentencias. Es urgente ir más allá y reformar la Sala”, expresó José Miguel Corrales, ex diputado y uno de los creadores de la Sala Constitucional.
El incumplimiento de los fallos, podría acarrear un desmejoramiento de los servicios que prestan las dependencias estatales.
Por otra parte, abogados constitucionalistas consultados, consideran que la mejor forma de garantizar el cumplimiento de las sentencias es estableciendo sanciones a los funcionarios que no acaten las disposiciones emitidas por los magistrados.
“Las resoluciones no se cumplen porque en estos momentos no existen sanciones eficaces contra los funcionarios involucrados. El día que se haga una modificación a la ley y se obligue a los infractores a pagar una multa, empezarán a cambiar las cosas”, dijo Rubén Hernández, abogado constitucionalista.

Esteban Arrieta
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