Sala Cuarta resuelve con rapidez
| Sábado 27 octubre, 2012
Sala Cuarta resuelve con rapidez
El 17 de octubre de 2012, se publicó en este medio la nota «Sala IV a renovación», la cual transmite información inexacta sobre este Tribunal, que merecen ser clarificados bajo un ejercicio responsable de las libertades públicas.
Las estadísticas publicadas están totalmente desactualizadas; apartarse de las estadísticas reales sin la seriedad y el rigor investigativo de acudir a la fuente verdadera, es, al menos, un acto que se pensaba defenestrado en la sociedad de la información.
El rigor y la responsabilidad en la formación de opinión, habría determinado que la nota comunicara estadísticas reales sobre la duración de los asuntos que conoce la Sala; una simple consulta a la Secretaría, a la Presidencia, o al sitio en Internet de este Tribunal, le habría reportado al periodista números ciertos e información veraz. Contrario a lo que se afirma, el promedio de días para resolver los recursos de amparo es en la actualidad de 25.07 días; los hábeas corpus se resuelven en un promedio de 11.77 días; las consultas legislativas en un promedio de 20.03 días; y las consultas judiciales en 25.58 días; las acciones de inconstitucionalidad, uno de los procesos constitucionales más complejos, son resueltas en un promedio de 53.32 días. ¿De dónde y cómo puede concluir el periodista una duración promedio de dos años?
Es claro que pueden existir asuntos complejos y excepcionales que explican una duración mayor, sin que puedan ser considerados como el parámetro para definir el promedio de resolución. La nota induce a un error mayor, y es relacionar un amparo sobre el derecho a la salud, con el aducido plazo promedio de dos años; con información veraz e investigación responsable, el medio habría publicado que estos asuntos son resueltos por la Sala en un promedio de 22.51 días.
Estos datos sólidos demuestran lo infundado de lo dicho en la referida publicación. Por otra parte, el periodista afirma que durante el 2011 ingresaron a la Sala más de 16.000 —entiéndase los diferentes procesos constitucionales—, y afirma que por esa razón «se ha generado una presa que afecta a los ciudadanos».
Si bien durante el año 2011 ingresaron a la Sala 16.282 asuntos, durante ese mismo periodo se resolvió el 92% de esos mismos casos; en el 8% restante destaca un alto número de amparos que están legalmente suspendidos por la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Tránsito, y otros asuntos que por sus peculiaridades, han implicado algún mayor plazo, pero que no alcanzan el promedio que el diario difundió.
Asimismo, hubiera podido resaltarse que desde el año 1998, la Sala logra resolver el 87.07% de los casos que ingresan en un mismo año, por lo que con base en esta realidad, ¿es posible afirmar que el ingreso de los asuntos ocasiona «presa» en detrimento de los ciudadanos?
Del ejercicio responsable de la información depende en buena medida, la percepción ciudadana sobre las instituciones y los valores democráticos. Cumpliendo de manera responsable y veraz nuestros compromisos cívicos, podemos formar y generar opinión con base en información cierta, fortaleciendo así nuestras instituciones, su credibilidad y nuestra democracia.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Sala Constitucional
El 17 de octubre de 2012, se publicó en este medio la nota «Sala IV a renovación», la cual transmite información inexacta sobre este Tribunal, que merecen ser clarificados bajo un ejercicio responsable de las libertades públicas.
Las estadísticas publicadas están totalmente desactualizadas; apartarse de las estadísticas reales sin la seriedad y el rigor investigativo de acudir a la fuente verdadera, es, al menos, un acto que se pensaba defenestrado en la sociedad de la información.
El rigor y la responsabilidad en la formación de opinión, habría determinado que la nota comunicara estadísticas reales sobre la duración de los asuntos que conoce la Sala; una simple consulta a la Secretaría, a la Presidencia, o al sitio en Internet de este Tribunal, le habría reportado al periodista números ciertos e información veraz. Contrario a lo que se afirma, el promedio de días para resolver los recursos de amparo es en la actualidad de 25.07 días; los hábeas corpus se resuelven en un promedio de 11.77 días; las consultas legislativas en un promedio de 20.03 días; y las consultas judiciales en 25.58 días; las acciones de inconstitucionalidad, uno de los procesos constitucionales más complejos, son resueltas en un promedio de 53.32 días. ¿De dónde y cómo puede concluir el periodista una duración promedio de dos años?
Es claro que pueden existir asuntos complejos y excepcionales que explican una duración mayor, sin que puedan ser considerados como el parámetro para definir el promedio de resolución. La nota induce a un error mayor, y es relacionar un amparo sobre el derecho a la salud, con el aducido plazo promedio de dos años; con información veraz e investigación responsable, el medio habría publicado que estos asuntos son resueltos por la Sala en un promedio de 22.51 días.
Estos datos sólidos demuestran lo infundado de lo dicho en la referida publicación. Por otra parte, el periodista afirma que durante el 2011 ingresaron a la Sala más de 16.000 —entiéndase los diferentes procesos constitucionales—, y afirma que por esa razón «se ha generado una presa que afecta a los ciudadanos».
Si bien durante el año 2011 ingresaron a la Sala 16.282 asuntos, durante ese mismo periodo se resolvió el 92% de esos mismos casos; en el 8% restante destaca un alto número de amparos que están legalmente suspendidos por la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Tránsito, y otros asuntos que por sus peculiaridades, han implicado algún mayor plazo, pero que no alcanzan el promedio que el diario difundió.
Asimismo, hubiera podido resaltarse que desde el año 1998, la Sala logra resolver el 87.07% de los casos que ingresan en un mismo año, por lo que con base en esta realidad, ¿es posible afirmar que el ingreso de los asuntos ocasiona «presa» en detrimento de los ciudadanos?
Del ejercicio responsable de la información depende en buena medida, la percepción ciudadana sobre las instituciones y los valores democráticos. Cumpliendo de manera responsable y veraz nuestros compromisos cívicos, podemos formar y generar opinión con base en información cierta, fortaleciendo así nuestras instituciones, su credibilidad y nuestra democracia.
Ana Virginia Calzada M.
Presidenta Sala Constitucional