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Magistrados y legisladores aún no llegan a un acuerdo sobre las consultas facultativas a las leyes del Cafta
Sala IV y Congreso sin resolver discrepancia

Presidente del Congreso envió carta al Poder Judicial expresando su preocupación por la petición de la Sala

Carlos Jesús Mora
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Los legisladores y los magistrados de la Sala Constitucional aún no resuelven sus diferencias sobre las consultas facultativas a las leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta), como lo informó en exclusiva el viernes LA REPUBLICA.
Las relaciones entre los poderes Legislativo y Judicial se pusieron tensas la semana anterior, tras la fijación de un nuevo requisito de la Sala IV para resolver las consultas constitucionales, diferente a los que se establecieron desde hace 18 años, cuando se fundó este órgano constitucional.
Desde 1989 la Sala IV solo ha estudiado las actas de los proyectos sometidos a consultas, es decir la documentación en la que constan las discusiones tanto en comisión como en el Plenario.
Sin embargo, en las últimas consultas facultativas enviadas, los magistrados han exigido incluir las actas de discusión de los proyectos ajenos a la iniciativa consultada.
Si bien la petición de la Sala no es ilegal, la inconformidad surge cuando la solicitud de los magistrados se hace a pocos días de que se venza su plazo para resolver la consulta, tal y como se dio en el caso de los proyectos de Apertura del Mercado de Seguros y Fortalecimiento del Sector de las Telecomunicaciones.
En momentos en que el avance de la agenda de acompañamiento del Cafta está rezagada y nuevamente amenazada de no poder ser aprobada antes del 30 de setiembre —cuando vence la prórroga—, los diputados consideran pertinente que la Sala no se acoja a los 30 días que tiene para resolver las consultas constitucionales.
“No parece correcto que la Sala en proyectos de relevancia y donde hay un mandato popular se dé el lujo de que faltando un día para que venza su plazo manifestar que hace falta un documento y una vez recibido se acoja a los 30 días de nuevo”, dijo Oscar Núñez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, quien cuestionó que si hay dos magistrados que siempre han votado en contra todos los proyectos del Cafta, “yo observaría que si hay situaciones que puedan ser dilatorias no se debe precisamente a rigurosidad”.
El viernes LA REPUBLICA nuevamente trató de consignar la posición de las autoridades de la Sala Constitucional; sin embargo, la Oficina de Prensa de la entidad dijo que no se referiría al tema hasta que se resuelvan las consultas pendientes.
La documentación completa de los proyectos de apertura de Seguros y Fortalecimiento de las Telecomunicaciones fue enviada a la Sala IV el 5 y 9 de junio, respectivamente.
A partir de estas fechas los magistrados disponen de otros 30 días hábiles para resolver las consultas respectivas, a pesar de que ya hayan analizado el expediente y que los nuevos documentos que se les faciliten no competan a las iniciativas estudiadas.
El viernes anterior Francisco Antonio Pacheco, presidente del Congreso, envió una carta a la presidencia de la Sala IV, en donde expuso su preocupación “ante el nuevo requisito y la renuencia de la Sala a comunicarlo”. “Nosotros tenemos que hacer lo que la Sala diga, pero se nos debe avisar con tiempo, no en el momento que a alguien se le ocurra”, dijo Pacheco.
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