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Sábado, 17 de noviembre de 2018



NACIONALES


Rónald Jiménez: “Registro de accionistas será una cacería de brujas”

Esteban Arrieta [email protected] | Martes 12 abril, 2016

“Hacemos un llamado a Liberación Nacional para que tenga mesura en este tema y que corrija esta situación cuanto antes, ya sea en el Plenario o en la comisión de hacendarios”, dijo Rónald Jiménez, presidente de la Uccaep. Archivo/La República


En vez de reducir la evasión fiscal, el registro de accionistas que pretende el Gobierno, se convertirá en “una cacería de brujas”, que podría ahuyentar la inversión y hacer a Costa Rica menos competitiva, asegura Rónald Jiménez, presidente de la Uccaep.
Los empresarios están opuestos a que el Ministerio de Hacienda tenga acceso al beneficiario final de las sociedades anónimas, es decir, a los dueños de las compañías, ya que con solo conocer el beneficiario legal, se cumpliría con el mandato de la OCDE en cuanto a transparencia fiscal.
Hacen un llamado a Liberación Nacional, a quien consideran un aliado del sector en algunos temas, para que revise su posición que le permitiría al Frente Amplio y al PAC, hacer este cambio en la normativa fiscal, de lo contrario, estarían dispuestos a acudir a la Sala IV.

¿Servirá el registro de accionistas con beneficiarios finales para reducir la evasión fiscal que supera el 8% del PIB, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda?
Para nada, para lo único que servirá es para una cacería de brujas de las empresas y los inversionistas, también tememos que se haga “phishing” por parte de terceros, o que el Ministerio de Hacienda tome al azar el nombre r de empresas o personas y que revise todo, sin siquiera tener una investigación abierta.
Nos preocupa que también funcionarios públicos inescrupulosos busquen sacarse el clavo con empresarios, sectores, y hasta con medios de comunicación.
Hay preocupación por lo que podría significar en cuanto a la inversión extranjera y la pérdida de competitividad y puestos de trabajo.
No creo que el registro de accionistas sirva para una adecuada fiscalización. En la Uccaep consideramos que los beneficiarios legales, hubiera sido suficiente para el Gobierno y para cumplir con los requerimientos de la OCDE en materia de transparencia fiscal.

En estos momentos el PLN, el Frente Amplio y el PAC, buscan aplicarle una vía rápida a este proyecto. ¿Qué opina?
Hacemos un llamado a Liberación Nacional para que tenga mesura en este tema y que corrija esta situación cuanto antes, ya sea en el Plenario o en la comisión de hacendarios.
En caso de que se apruebe la vía rápida, el PLN aún puede hacer los cambios que pedimos.

Ustedes son del criterio que el registro de accionistas con beneficiarios finales desvirtúa la figura de las sociedades anónimas. Bajo esa premisa, ¿valorarían un recurso ante la Sala IV para eliminar ese artículo de la ley contra el fraude fiscal?
Aún no hemos discutido este tema porque la ley no ha sido aprobada, pero también consideramos que el país no puede exponerse a las debilidades mencionadas.
Dicho esto, es necesario aclarar que tanto diputados, como sectores empresariales, como la ciudadanía, tienen todo el derecho de utilizar las herramientas legales necesarias para oponerse a un atropello de esta naturaleza.

¿Por qué oponerse ahora, cuando la Uccaep estuvo de acuerdo en crear esa base de datos para que quedara en manos del Banco Central?
Tenemos serias dudas sobre la seguridad de la información que se recabará por medio del registro de accionistas con beneficiarios finales, ya que no hay garantía de que los datos confidenciales de las empresas y de los ciudadanos no sean filtrados a terceros, poniendo en peligro las operaciones comerciales y hasta la seguridad personal de algunas personas.
Por otra parte, ya empieza a ser visible la presión del Frente Amplio, por ejemplo, para que los funcionarios públicos con acceso al registro de accionistas, queden exonerados de acciones penales o administrativas.

La propuesta establece hasta diez años de prisión, para quien utilice la información del registro de accionistas para beneficiarse económicamente. ¿Le parecen suficientes las sanciones?
Nos parece que no, al contrario, se contemplan castigos muy débiles para los funcionarios públicos que violenten la confidencialidad.