Personal de emergencia no podrá ser empleado

“Rompehuelgas” no podrían ser contratados

Presidente estudiaba anoche levantar veto a la reforma procesal laboral

Si Luis Guillermo Solís levanta el veto a la reforma procesal laboral, el Gobierno renunciará automáticamente al derecho que tiene de contratar personal extra para suplir a los trabajadores que se declaren en huelga.

Sin importar si se trata de un servicio público esencial como la policía, los bomberos o los hospitales, el Poder Ejecutivo estaría imposibilitado de emplear “rompehuelgas” nacionales o extranjeros.
Esa herramienta vital para mantener en funcionamiento las instituciones del Estado, la utilizó el Presidente en el último movimiento de protesta en Limón, cuando contrató de emergencia funcionarios de empresas estibadoras y personal foráneo para ayudar en la labor de atraque de los barcos en Limón y Moín.
“En la ley se prohíbe expresamente la contratación de los rompehuelgas, pues se supone que al normar legalmente los movimientos de protesta como se propone en la ley, se estaría obligando a los trabajadores a brindar el servicio de forma continua, aunque sea con un mínimo de empleados”, reconoce Albino Vargas, secretario de la ANEP.
Si se aprueba la reforma procesal laboral que estudia el Presidente, solo un 30% de los trabajadores de una institución podrá decidir, por medio de una votación secreta, iniciar una huelga.
Sin embargo, para que la protesta sea legal, el sindicato debe presentar con dos semanas de antelación, un plan remedial de trabajo que garantice la continuidad de los servicios públicos, no obstante, el plan no establece en términos porcentuales a cuánto ascendería ese límite inicial.
Las huelgas en servicios esenciales y otros elementos de la ley preocupan al sector productivo, debido a que el país pone sobre la balanza la seguridad jurídica y la inversión extranjera directa.
En ese sentido, los empresarios también reconocen que el proyecto incluye temas relevantes como la reducción de los juicios laborales, además de la creación de la Defensa Pública.
“Este levantamiento del veto le agrega un clima confrontativo al país que no es conveniente en momentos en que se requiere más bien unión y buenas relaciones entre trabajadores y patronos, para revertir la ola de desempleo que se ha visto en los últimos meses”, comentó Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.
La noche del miércoles el Presidente de la República regresó al país de una visita a México.
Aunque ayer se esperaba una reacción de él sobre este tema, al cierre de edición, Solís no se había pronunciado sobre el levantamiento del veto.
El mandatario tiene hasta el 13 de diciembre para tomar una decisión, luego de esa fecha, el proyecto se archiva automáticamente, según lo considera el PLN.
No obstante, desde el miércoles, la bancada oficialista del PAC, sostiene la versión de que el archivo no es procedente, mientras se mantenga una moción de ampliación del plazo en suspenso.

 

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
@earrietaLR