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Ex gobernante ya puede salir del país y no tendrá que presentarse al juzgado cada mes
Rodríguez librado de restricción judicial

• Poder Judicial reintegrará los ¢250 millones que ex presidente había pagado como fianza

Carlos Jesús Mora
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La algarabía y celebración se percibían desde el teléfono.
El pasado viernes, junto a sus familiares, amigos y abogados defensores, Miguel Angel Rodríguez, ex presidente de la República (1998-2002) celebró “el final de una lucha de cuatro años”, como lo fue la revocatoria de las medidas cautelares en su contra, por el caso ICE–Alcatel.
La jueza Silvia Badilla, integrante del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José, revocó la resolución del Juzgado Penal e hizo cesar las medidas cautelares contra el ex mandatario, tras conocer un recurso de apelación contra la prórroga de estas, ordenada por los tribunales en junio de 2008.
“Yo siempre he confiado en el sistema costarricense, esto me llena de ánimo para afrontar lo que viene, porque lo voy afrontar como un costarricense más, yo nunca me voy a ir ni nada por el estilo”, dijo Rodríguez en medio del bullicio de la reunión familiar.
Con la resolución de los
tribunales, el ex mandatario no tendrá impedimento de salida del país, no tendrá prohibición de comunicarse con otros implicados en el caso ni deberá estar notificándose cada mes en el Juzgado.
De igual forma en los próximos días los tribunales le retribuirán los ¢250 millones que Rodríguez pagó como fianza cuando se le decretó la medida de prisión preventiva en 2005.
“Las medidas eran innecesarias desde que don Miguel renunció a la Organización de Estados Americanos y se dispuso a afrontar el proceso, nuestra lucha ha sido que se respeten sus derechos humanos”, dijo Eduardo Araya, abogado defensor del ex mandatario.
En junio de este año Rodríguez interpuso una denuncia penal contra Francisco Dall'Anese, fiscal general, por un supuesto incumplimiento de labores, por —según él— no investigar las acciones de José Antonio Lobo, ex directivo del Instituto Costarricense de Electricidad y en ese entonces cercano colaborador del gobernante.
Lobo presuntamente habría recibido más de $2,5 millones en dádivas; sin embargo la Fiscalía suspendió la causa contra él “por colaborar con la investigación”.


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