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Antes de que el presidente Rodrigo Chaves deje el cargo en mayo de 2025, podría enfrentar a la justicia para que responda por un supuesto delito de concusión.
Este martes, 15 magistrados de la Corte Plena aceptaron la petición de la fiscalía general y pidieron a los diputados levantar la inmunidad del mandatario para que enfrente la acusación.
De esta forma, queda en manos de la Asamblea Legislativa la decisión en torno al fuero que protege al mandatario.
Esta es la primera vez en la historia en que la Corte Plena pide a la Asamblea Legislativa proceder de esta manera.
La solicitud de levantamiento de inmunidad también incluye a Jorge Rodríguez, jerarca del Ministerio de Cultura.
De acuerdo con el procedimiento, corresponderá a los legisladores conformar una comisión especial para analizar el caso y, posteriormente, un mínimo de 38 diputados debe validar el levantamiento de la inmunidad.
El Poder Judicial informó que siete de los 22 magistrados votaron en contra del proceso, al considerar que no hay elementos suficientes para proceder con la acusación.
La inmunidad es un privilegio que tienen los funcionarios para ejercer el cargo sin temor a ser enjuiciados y solo puede levantarse cuando la fiscalía solicita la acción y la Corte Plena valida la solicitud.
El caso
A siete meses de las elecciones presidenciales de febrero del 2026, el presidente Chaves fue acusado penalmente por parte de Carlo Díaz, fiscal general por el supuesto delito de concusión
Se trata de un delito cuya pena oscila entre dos y ocho años de prisión y castiga al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligue o induzca a alguien a entregar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial, ya sea para sí mismo o para un tercero.
La investigación se centra en una presunta contratación hecha “a la medida” para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A., durante el actual mandato presidencial, por un monto superior a los $400 mil.
Esta empresa habría prestado servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y análisis de opinión pública para Casa Presidencial, entre 2022 y 2026.
Según la Fiscalía, el presidente Chaves y el ministro Jorge Rodríguez habrían inducido al empresario Christian Bulgarelli Rojas a entregar un beneficio económico al también imputado Federico Cruz Saravanja, asesor personal y amigo íntimo del presidente.
El beneficio en cuestión alcanzaría los $32.000, destinados a la compra de una vivienda, mediante un contrato de consultor con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Como parte de un supuesto concurso público amañado, el productor audiovisual Christian Bulgarelli confesó ante la Fiscalía que, por instrucción del presidente Chaves, realizó un depósito de $32 mil a favor del exasesor presidencial Federico Cruz.
Según el fiscal general, fue “un cariñito” que el mandatario Chaves solicitó en el marco de una contratación pública por unos $400 mil para RMC La Productora S.A. (conocida como Nocaut).
El productor Bulgarelli es el testigo de la corona en el caso, lo que significa que a cambio de inmunidad, la fiscalía no lo acusará a cambio de su testimonio.
La inmunidad es un privilegio que tienen los funcionarios para ejercer el cargo sin temor a ser enjuiciados y solo puede levantarse cuando la fiscalía solicita la acción y la Corte Plena valida la solicitud.
Magistrados, diputados, ministros y el presidente son algunos de los funcionarios que tienen inmunidad para ejercer el cargo.
Este es el procedimiento a seguir:
| Pasos | Explicación |
|---|---|
| 1. Acusación ante Corte Plena | La Fiscalía General presenta la acusación formal ante la Corte Plena del Poder Judicial. |
| 2. Revisión de un magistrado de la Sala III | Un magistrado designado de la Sala Tercera revisa si la acusación cumple los requisitos legales. Luego elabora un informe. |
| 3. Corte plena conoce el caso | La Corte Plena vota si el caso debe pasar a conocimiento del Congreso. Si no aprueban, el caso se archiva. |
En este punto nos encontramos desde ayer con la decisión de la corte plena.
Se tramita en la Sala III al ser un funcionario de alto rango y no en un tribunal tradicional.
El mandatario puede renunciar y forzar a que el tema se conozca en un tribunal ordinario.
