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Empresa planteó dos demandas cuestionando negativa a ajustar tarifas
Riteve reclama $22,3 millones al Estado

• Compañía argumenta que sus cobros se han devaluado en más de $10
• Procuraduría General defiende que costos aprobados a la empresa son justos

Danny Canales
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Riteve SyC, operador del servicio de revisión técnica de vehículos, presentó dos demandas contra el Estado por $22,3 millones, más gastos legales, costas y otros cobros.
La disconformidad con las tarifas que cobra por las pruebas vehiculares fue lo que llevó a Riteve SyC a presentar dos litigios ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El propósito de la compañía es que se le resarzan los recursos que habría dejado de percibir por tarifas en los cinco años y medio que tiene de operar.
No obstante, la Procuraduría General, abogado del Estado, defiende que los montos que cobra la empresa son los justos para el servicio público que ofrece.
En una de las causas, Riteve SyC reclama $16,6 millones —más gastos legales— aduciendo que solo se le ha aprobado un aumento desde 2002, pese a que el contrato contempla un ajuste por año.
La negativa ha provocado una devaluación de la tarifa por encima de los $10 por cada auto liviano inspeccionado, según Fernando Mayorga, gerente de Riteve SyC.
En la oferta propuesta en 1998 en el concurso de licitación, se contempló una tarifa que entonces superaba los $30 por auto, pero que actualmente no llega ni a $20, explicó el gerente.
“No estamos solicitando que se nos reconozcan los $30 por vehículo, sino que se respeten el Estado de derecho, el contrato y el equilibrio financiero”, dijo Mayorga.
Por su parte, en el otro reclamo el operador de la revisión técnica solicita otros $5,7 millones, más gastos legales.
En este caso la empresa reclama una indemnización por un ajuste que se le aprobó en 2003, del 13,13%, pero que no entró a regir.
El Consejo de Transporte Público (CTP), entidad encomendada para fijar los ajustes de tarifas para Riteve SyC, no hizo efectivo el aumento, según Mayorga.
“La revisión técnica es el único servicio que ha recibido solo un aumento de precios en casi seis años”, cuestionó el gerente de Riteve SyC.
LA REPUBLICA intentó conversar con Viviana Martín, viceministra de Transportes y presidenta del CTP, pero al cierre de edición no había devuelto la llamada.
Por su parte, en la Procuraduría General alegaron que era más bien la empresa la que supuestamente estaba cometiendo un error, pues “no se basa en que la revisión técnica es un servicio público”.
“Las tarifas de los servicios públicos se fijan de acuerdo con el precio de costo más una rentabilidad justa para la empresa”, dijo Omar Rivera, procurador encargado del caso.
La revisión técnica es una tarea que le corresponde al Estado y que aunque en esta ocasión se le dio a una empresa privada, no deja de ser un servicio público, explicó el procurador.
Otro de los argumentos de la Procuraduría es que Riteve SyC no está estimando el aumento que ha registrado la flota de autos desde 1998 hasta la fecha.
La disputa entre Riteve SyC y el Estado es un asunto añejo. Incluso en la administración Pacheco contrató un estudio para fijar las tarifas pero no se puso en marcha pues tenía defectos.
Aunque Mayorga comentó que no tienen estimado retirar la demanda, dijo que podrían hacerlo si se llega a un arreglo con el gobierno.
“Nuestro deseo es que logremos resolver el tema en camino y evitar que el tema siga adelante”, dijo Mayorga.
Riteve SyC es una empresa de capital costarricense y español que entró a operar en el país el 15 de julio de 2002.
La empresa se adjudicó un concurso internacional para prestar el servicio de inspección vehicular por un lapso de diez años.
De acuerdo con la página de la empresa, la inversión inicial realizada en el país fue de $23 millones. Además destaca la capacitación de más de 350 mecánicos, mecánicas, ingenieros y personal administrativo.
Actualmente la compañía dispone de 13 estaciones fijas y tres móviles, situadas a lo largo del territorio.
Por vehículo liviano se cobran ¢9.930 ($19,86) por camiones ¢13.076 ($26,15) y por moto ¢6.541 ($13,08).
Ambas demandas fueron planteadas desde 2006, sin embargo se habían mantenido en el silencio por razones desconocidas. No fue hasta ayer cuando trascendieron en la Procuraduría General de la República.


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