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Domingo, 22 de septiembre de 2019



FORO DE LECTORES


Revolución 4.0, automatización del trabajo y Costa Rica: una bomba de tiempo

Ignacio Guzmán [email protected] | Viernes 06 septiembre, 2019

Ignacio

Desde hace algunas décadas, nuestro país apostó por un modelo de desarrollo económico basado en la atracción de inversión extranjera, principalmente de industrias ubicadas en el sector de servicios y tecnologías de la información (TI).

Con algunos aciertos notables, el país empezó a distinguirse dentro de estos sectores de la economía, promoviendo con éxito el país en razón de su recurso humano preparado, estabilidad económica, talante democrático, seguridad ciudadana y algunas otras bondades criollas. Vale decir que con algunas características más ciertas que otras.

El crecimiento en este sector no puede pasar desapercibido. Según datos del Banco Central (BCCR) la industria de los servicios pasó de representar un 10% de la producción del país en 1966, a un 28% en 1991 hasta arribar a un 40% en el 2012, lo que la convierte en la actividad más significativa para la economía del país. La proyección, como se aprecia, tiende al crecimiento sostenido con el paso del tiempo.

Ahora bien, este desafío precisa de una constante modificación en la vida y formación de los trabajadores, fundamentalmente en la preparación académica y la capacitación constante para no perder de vista el desarrollo de las nuevas tecnologías y cómo utilizarlas en el desarrollo profesional y en las distintas industrias claves del país.

Pero, sobre todo, para que el modelo de desarrollo pretendido por nuestro país alcanzara y beneficiara a todos o – cuando menos – a la mayoría de la población. Es decir, objetivos de desarrollo y perfiles incluyentes, independientemente de la procedencia de los costarricenses.

Sumado a lo anterior, el país no es ajeno a dos fenómenos mundiales: uno, bastante conocido, y en una etapa avanzada, que podría llamarse globalización, y otro, puesto en relieve más recientemente, igualmente visible y estudiado, pero cuyos efectos empezaron a reconfigurar la sociedad hasta hace unos pocos años atrás, que podría llamarse revolución 4.0, que implica la digitalización avanzada, automatización de funciones y la redefinición del trabajo. Además, es el resultado del machine learning, robotización, el desarrollo de algoritmos para simplificar tareas, importantes avances en inteligencia artificial (AI) a niveles hasta ahora desconocidos, el internet de las cosas (IoT), entre tantas otras posibilidades.

Es lógico que un país como el nuestro, al que le antecede una vocación por los servicios y las TI, decida volcar sus esfuerzos para insertarse en una economía moderna acorde a las necesidades globales y que, de paso, promueva la formación de ciudadanos con mayores herramientas técnicas y habilidades cada vez más sofisticadas.

No obstante, hay efectos residuales desafortunados en cada apuesta por la que se inclina un país, sobre todo si no se logra traer a bordo a los diferentes sectores que conforman la sociedad. Nuestro país no escapa de estas contingencias cada vez más notorias que han llegado al punto de generar un importante descontento y resentimiento social de algunos grupos hacia las instituciones, el gobierno y los sectores considerados más privilegiados en este contexto económico, educativo y social.

Aquellos ciudadanos que deben trasladarse desde la “periferia” de las ciudades, en precarias condiciones de transporte, debiendo considerar hasta cinco o más horas al día en desplazamientos, hacia puestos de trabajo poco estimulantes, pobremente remunerados y – en muchos casos – sumamente inestables y que, a su vez, reciben una respuesta tardía o nula de las autoridades gubernamentales, en lo que respecta a educación para sus hijos, seguridad en sus barrios, centros de salud y soluciones de vivienda, experimentarán cada vez con más fuerza la marginalidad y exclusión del anhelado modelo de desarrollo costarricense. Las respuestas a esta creciente marginalidad en el país podrían ser devastadoras.

La “periferia” es una bomba de tiempo

En las pasadas elecciones nacionales, se pusieron de relieve evidentes manifestaciones de fraccionamiento y división social en nuestro pequeño y – hasta hace poco – “igualitico” país.

Razones hay muchas. Una de ellas es el descontento de un sector muy numeroso de la población al descubrirse por fuera del plan de desarrollo que Costa Rica eligió como camino desde algunas décadas atrás. La globalización ya trazó una línea y encontró que muchos jóvenes y adultos no cuentan con las calificaciones y habilidades necesarias para participar activamente de esta economía moderna, altamente conectada, “educada” y cada vez más digital. Sus habilidades les permitirán, posiblemente, desempeñar empleos no solamente de menor remuneración económica y emocional, los cuales irán siendo cada vez más escasos debido a la rápida automatización que permite a las industrias y organizaciones en general, prescindir de puestos que realizan actividades repetitivas y sustituibles mediante máquinas o AI. No es una novela apocalíptica, lidiamos con esto constantemente y, sumado a lo anterior, nos encontramos con legislación y sistemas tributarios poco amigables con el emprendedor y el generador de empleo, lo que les alienta al sector empresarial a reducir contingencias mediante la sofisticación de sus procesos y la reducción al mínimo de las intervenciones humanas.

Es decir, la regulación laboral, tributaria y de seguridad social actual, que algunos han calificado de invasiva, no parece ir alineada a los propósitos que buscan incentivar el emprendimiento, o bien, la generación de nuevos empleos. Naturalmente, las empresas procurarán aumentar su productividad a través de las tecnologías disponibles.

Para que todo sea dicho, estos procesos de automatización no están únicamente amenazando puestos de menor calificación académica. Periodistas, abogados, notarios, médicos, son solo algunas de las profesiones que están requiriendo mayores credenciales técnicos para mantener su vigencia en el mercado laboral. En algunos casos, es necesaria una redefinición de la profesión para mantener su relevancia en el mercado. A manera de mea culpa, la función notarial, altamente cuestionada por su poco valor agregado y los altos honorarios que se pagan por las actuaciones repetitivas de los notarios, tienen los días contados. En países con características similares al nuestro, se han sustituido las funciones reservadas para los notarios y los funcionarios de los registros nacionales, gracias a la aplicación de tecnologías seguras, eficientes y de bajo costo para los usuarios que permiten realizar transacciones como autenticaciones, traspasos de bienes, gestiones testamentarias, entre muchas otras, sin necesidad de acudir a un “tercero de buena fe” para que nos haga firmar un documento machotero, de poco valor agregado y a un altísimo costo económico.

Ya existen las plataformas digitales necesarias para sacar del mercado a los notarios (y los costos que implican para los usuarios), mediante la replicación de modelos aplicados en otras jurisdicciones – por ejemplo, el empleado en países como Estonia – para convertir (casi de la noche a la mañana) a profesionales aparentemente “calificados” en funcionarios de poca importancia para las necesidades del país. No obstante, las universidades públicas y privadas del país no escatiman en lanzar cientos de abogados y notarios a la calle cada año.

Este caso lo podemos extrapolar a casi todas las profesiones tradicionales que alimentan la fuerza laboral del país.

¿Cuál debe ser la agenda para enfrentar la situación?

Aunque responsabilidades hay muchas, es momento de recuperar el tiempo perdido en lugar de ver hacia atrás.

Reconocer el problema. Primeramente, el país debe reconocer que olvidó a un importante sector de la población de su plan de desarrollo económico y debe intentar participarlos – aunque tarde - en este proceso de modernización para evitar mayores fracciones y fricciones entre miembros de un mismo país. De lo contrario, la marginalidad, abismos sociales entre unos y otros ciudadanos (y regiones del país) se acrecentarán y no demorarán en pasar la factura. De mantener este camino veremos el crecimiento de movimientos sociales cada vez más encendidos, incremento de pandillas o agrupaciones delincuenciales, liderazgos negativos que recojan políticamente este descontento popular mediante propuestas populistas, aumento de la delincuencia y violencia, entre muchos otros. Del otro lado, la respuesta posiblemente será el atrincheramiento y casi aislamiento de los sectores con mayores recursos, quienes de cierta forma vivirán de espaldas a la otra desafortunada realidad del país. Es decir, los espacios de coincidencia para todos los ciudadanos continuarán desapareciendo debido a este fraccionamiento social.

Educación. Se debe fortalecer el principio de educación obligatoria. Esta debe ser una declaración de guerra innegociable. La abrumadora y creciente cifra de “ninis” en el país, en barrios cada vez más marginales y problemáticos, constituye una receta infalible para el fracaso. Si le sumamos el grave y penetrante problema del narcotráfico y el gran “portafolio” de actividades que ofrece a estos jóvenes con disponibilidad abundante de tiempo, las esperanzas de revertir el problema se tornarán imposibles.

La brecha entre estudiantes de centros educativos científicos y privados, en relación con los centros educativos públicos ordinarios es abismal. Mientras los primeros son estimulados y reciben destrezas importantes para desempeñarse en áreas crecientes de la industria e insertarse con mayor facilidad a los mercados laborales más dinámicos, quienes deben conformarse con asistir a las escuelas y colegios públicos se enfrentan a una infraestructura precaria, un aparato más burocrático que formativo, episodios de violencia, marginalidad, huelgas, informalidad, entre otros ingredientes de un cocktail que no es otra cosa que la antesala de la deserción.

Legislación eficiente y eficaz. La legislación igualmente debe pasar por una cirugía profunda. La última reforma laboral, vigente desde hace dos años, es básicamente un desestimulante para la creación de nuevos empleos y lo que ha hecho es avivar el enfrentamiento entre patronos y trabajadores, como si tuvieran objetivos diametralmente opuestos.

Otro aspecto desafortunado – que ahora debe corregirse y está costando mucho dinero - es que la reforma procesal laboral parece haberse enfocado en apaciguar las voces de diferentes sectores gremiales, generando reglas desbalanceadas entre patronos y trabajadores. Sin embargo, se olvidaron de atender los verdaderos retos regulatorios del trabajo en sus tendencias modernas.

Por ejemplo, el teletrabajo es una modalidad utilizada con éxito por muchas organizaciones privadas y públicas del país. Sin embargo, no existen reglas claras para su aplicación (principalmente en instituciones públicas) y aunque su aplicación tiende a crecer para atraer mejor equipo humano a las empresas y evitar a los trabajadores el tedio de la movilidad en las áreas urbanas, extrañamos un apartado en el que se dictaran las bases y reglas para su ejecución efectiva.

Igualmente olvidaron los involucrados en ésta reforma, valorar nuevas formas de trabajo como aquellas generadas gracias a las plataformas de economías colaborativas. Cada vez son más frecuentes los vacíos para atender los oficios y profesiones desempeñados a la luz de aplicaciones que agrupan necesidades y soluciones, Uber o Kickstarter, por ejemplo.

De la misma forma, las rondas de discusión alrededor de la reforma procesal laboral constituían el escenario ideal para regular de una buena vez el derecho a huelga, inhibir las arbitrariedades que prevalecen al día de hoy y modernizando este derecho al amparo de una regulación clara y cimentada en el bien común. Hoy en día, se evidencia que la regulación existente es pobre, facilita el abuso de algunos sectores y se mantiene la incertidumbre en algunas situaciones específicas.

En todos estos casos, y podríamos citar muchos otros, encontramos a nuestros legisladores enmendando dichas ausencias mediante leyes o decretos aleatorios, reactivos, en lugar de haber incorporado en su momento reglas claras, emanadas desde la sensatez y la congruencia con el mundo en que vivimos, en un cuerpo normativo robusto como debería ser nuestro Código de Trabajo. Esto, en lugar de hacerlo coaccionados en un marco de protestas y reclamos encendidos por los sectores que se consideran agraviados o afectados – entre otros - por los efectos de la tecnología y la digitalización.

De igual forma, hay una tendencia importante – especialmente en empresas desarrolladoras de tecnologías – de conformar equipos multi jurisdiccionales, a través de contractors que no tienen interés de seguir horarios, asistir rigurosamente a un centro de trabajo fijo y que, incluso, muchas veces son compensados en cuentas en el extranjero o bien mediante criptomonedas, con el objetivo de evitar lidiar con los sistemas de seguridad social y tributarios locales. Evidentemente, nuestro cuerpo normativo laboral tampoco consideró estos escenarios, por lo que nuestra regulación actual próximamente quedará como una legislación trasnochada, de referencia, pero que no alcanza a los sectores de la industria más vibrantes de nuestros tiempos.

Instituciones. Las autoridades de nuestro país deben buscar a las mejores personas para que se adelanten a ejercer una supervisión y regulación previsional y no reactiva. Partiendo además de que habrán algunas personas no podrán asumir los roles deseados en esta transformación del trabajo y las relaciones humanas.

Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a través de su Dirección Nacional de Empleo podría modernizarse y convertirse en una herramienta para la capacitación y reconversión del empleo de acuerdo con las necesidades de la industria.

De igual forma, la reducción de los puestos de trabajo afectará los ingresos de impuestos al salario y los correspondientes a la seguridad social. Es posible que aumente la informalidad y el emprendedurismo, por lo que no deben perderse de vista varios temas medulares en virtud de las nuevas formas del trabajo: futuro de las pensiones, seguridad social y fiscalización de los ingresos de los freelancers y trabajadores informales.








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